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| La educación pública: herramienta de igualdad y ciudadanía |
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| Escrito por Luis Fernando García | |
| lunes, 20 de febrero de 2006 | |
 La escuela debe garantizar la formación integral de la persona y el pleno desarrollo autónomo de las capacidades y habilidades personales y sociales. Debemos concebir los centros como espacios formativos y a la vez, de educación informal en valores y participación cívica activa.
A las escuelas se imparten y transmiten conocimientos, pero también valores y actitudes que deben conformar el comportamiento de una ciudadanía activa, comprometida, libre y con criterio propio, con espíritu crítico. Los centros se han de convertir en escuelas de civismo, de ciudadanía, escuelas de democracia y participación, escuelas de implicación con la res pública, con la colectividad, con la solidaridad, la cooperación y el interés común. La escuela es un espacio público cláramente convivencial dónde el éxito del proceso de socialización de las nuevas generaciones dependerá de nuestra capacidad para motivar, cohesionar, integrar y canalizar los potenciales personales y colectivos del alumnado. La escuela es una red de relaciones que debe reflejar nuestra realidad social y cultural, dónde las personas empezamos a conocer los hábitos democráticos y participativos, dónde empezamos a ejercer nuestros derechos cívicos y cumplir con nuestros deberes personales y colectivos. Aprendemos a ser ciudadanos y a ejercer el derecho de ciudadanía con todas sus consecuencias. Por eso es por lo que la escuela ha de ser más que un espacio meramente formativo dónde las diferentes generaciones esperan su oportunidad una vez salen a la realidad del mercado laboral y los compromisos que conlleva la edad adulta. Ante una legislación restrictiva que durante los gobiernos del PP consolidaba un creciente recorte de los espacios institucionalizados formales e informales de participación en los centros, se ha de apostar decididamente por la potenciación de canales y estructuras como por ejemplo grupos, entidades y asociaciones sectoriales, los diferentes consejos escolares de centro y el consejo escolar municipal de cada ciudad. La apuesta que hacemos los izquierdistas por la escuela pública y la educación como herramienta correctora de las desigualdades debe mantenerse reflejada en las diferentes intervenciones y acciones comunitarias encaminadas a lograr altos niveles de equilibrio territorial y acceso libre e igual a las oportunidades y los recursos. Se ha de evitar la diversidad cualitativa de los centros en función de su entorno socio-demográfico, de la condición y nivel adquisitivo de las familias, la capacidad financiera de las AMPAS y un desigual reparto de recursos y equipamientos públicos por el territorio. En este sentido, la LOE hace una defensa del elemento clave para una buena política educativa. Este es el modelo de escuela pública con dotación de recursos, equipamientos y medios. En definitiva, una política educativa que permita compatibilizar el aumento de la calidad, la exigencia educativa y la igualdad de oportunidades. Por eso es por lo que la LOE apuesta por una reforma educativa los pilares de la cual son la calidad y la equidad. Los izquierdistas concebimos la educación pública como el principal motor del cambio y de transformación social. Una herramienta privilegiada para la justicia, la cohesión y la movilidad social. Se trata de un servicio público prioritario dentro las estructuras del estado del bienestar, donde los elementos comprensivos del sistema deben poder evitar dinámicas de dualización y mecanismos de exclusión y selección social del alumnado. Apostamos por un sistema de oportunidades y no de obstáculos. Apostamos por una libre elección de centro siempre que no comporte la libre exclusión de alumnos. Esta garantía se da hoy en el 90% de los casos. Cuando la demanda supera la oferta es el momento de aplicar los criterios públicos de intervención que garanticen la igualdad de oportunidades de los más desfavorecidos y evite la conformación de guetos a la escuela pública. Por eso es por lo que se apela a la corresponsabilización social de todos los centros sostenidos con fondos públicos para optimizar la red educativa y ponerla al servicio de la cohesión social y la redistribución equitativa de los recursos. |
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