Si algo he aprendido del inacabable debate legislativo de los últimos catorce meses en Estados Unidos (no salgáis corriendo, este artículo no va sobre la reforma de la sanidad. Bueno, no demasiado) es que las mayorías cualificadas son una idea profundamente estúpida.
Todos conocemos la explicación clásica para exigir supermayorías. Si el partido gobernante no puede aprobar un nombramiento, cambiar una ley o cambiar la composición de un tribunal por sí solo, se verá obligado a buscar un acuerdo con los partidos de la oposición. Si el listón a superar es lo suficiente alto, no sólo tendrá que pactar, sino que lo tendrá que hacer con su eterno rival y posible alternativa de gobierno, obligándole a poner cara de estadista y tomar una opción moderada, obviamente superior.
Ojalá las cosas fueran así de sencillas y los políticos se dedicaran a buscar el bien común con ese altruismo y pasión por el projimo. El problema, sin embargo, es que las cosas no funcionan de este modo. Para empezar, las políticas públicas quizás no sean un juego de suma cero, pero las elecciones sí lo son - lo que pierde el gobierno lo gana la oposición, y viceversa. Cualquier clase de consenso o pacto suena muy bien en teoría, pero si un político tiene algo que perder (o nada que ganar) entrando en uno, ya puedes atarlo a la silla delante de la ley, que no firmará nada.
Pongámonos en la piel de un líder de la oposición cualquiera que se enfrenta a una renovación de un tribunal. Si estamos en esa situación, es probable que nuestras preferencias sean las siguientes, en este orden:
- El tribunal es renovado con un candidato que me gusta, con el gobierno haciendo lo que digo.
- El tribunal no es renovado en absoluto, y le meto el dedo en el ojo al gobierno con ello.
- El tribunal es renovado con un candidato que no me gusta, y me trago los mocos.
Ahora imaginemos dos escenarios, uno con mayoría cualifida, y otro con mayoría simple. En el primero, el gobierno necesita mis votos para aprobar un candidato; en el segundo, mi voto es irrelevante.
En una votación por mayoría cualificada, el partido de la oposición puede influir en la decisión final del gobierno. Para empezar, la opción “3″ no existe; ningún líder opositor con dos dedos de frente dejará que el partido en el poder haga lo que le plazca. La negociación será siempre entre dar un juez que sea del agrado de la minoría, o no conseguir absolutamente nada. ¿Cuál es la postura más racional para un líder opositor?
En casi todos los casos, será “2″. Como el gobierno no puede imponer a nadie, el vociferante crítico de turno podrá pedir sus sueños más húmedos de exceso judicial al gobierno, a sabiendas que si dicen que sí, gana él, si dicen que no, pierde el presidente. Un sillón vacio es mejor que un sillón con alguien que no te gusta, así que nunca vas a enviar a nadie remotamente hostil a tu causa. El ejecutivo no puede decir que va a tragarse cualquier sapo, así que rechazará casi todas las opciones, creando un bloqueo constante.
¿Qué sucede si tenemos un sistema de mayoría simple? En este caso dependerá de la voluntad del gobierno. En la mayoría de democracias occidentales, los periodistas y todólogos tienen una absurda, enfermiza obsesión por el consenso. A la prensa le chiflan los pactos de estado. Le encantan. Se mueren de ganas de ver uno. Un gobierno que anda nominando jueces tendrá, más o menos, el siguiente esquema mental:
- Escojo a un candidato que me gusta, y lo hago con consenso.
- Escojo a un candidato que me gusta, y lo hago a saco, en solitario.
- Escojo un candidato que no me gusta, por consenso.
Las preferencias son bastante obvias - el líder de la oposición las conoce. La minoría tiene dos opciones: pegarle una bofetada al gobierno y forzarle que se coman “2″, o intentar que llegar a un acuerdo, aunque sea menor. Saben que el gobierno no quiere actuar en solitario, así que ¿por qué no pedir un poco de moderación? Digamos que podrían ofrecer su apoyo a cambio de conseguir un candidato un pelín más tolerable; en vez de tener al Cardenal Rouco en el Constitucional, quizás aceptaríamos tener a Federico Trillo, que es menos carca. El partido mayoritario sigue nombrando a alguien que les gusta (por algo ganaron las elecciones), pero el partido de la oposición tiene cierto incentivo a hablar con ellos.
En contra de lo que se dice a menudo, si queremos consensos entre los grandes partidos queremos tener una mayoría simple en los libros, no una mayoría cualificada. La minoría, en casi todos los casos, prefiere que el gobierno no haga nada a ver un presidente glorioso firmando leyes de sanidad nombrando jueces de su cuerda - y como el obstruccionismo no sólo bloquea nombramientos que no quieren, sino que encima puede darles votos (”¡el gobierno es incapaz de hacer nada y no quiere pactar!“), procederán a ponerle palos en la rueda con entusiasmo. Si el presidente puede en cambio amenazar con levantarse de la mesa y llevarse el Scategories, la oposición estará dispuesta a aceptar unos cuantos cambios que mejoren la ley antes de quedarse con nada.
Lo que me lleva a lo de siempre: ¿Por qué Zapatero insiste en buscarse actores con veto imaginarios? Esperemos que el realismo y audacia de los sindicatos (y no, yo tampoco acabo de creerme que haya escrito esto) le saquen del letargo.
Una nota final, por cierto: algunas reformas sí deben requerir una mayoría cualificada. Grandes reformas constitucionales, derechos fundamentales, etcétera sí necesitan de esta protección. Pero ese es otro tema.
