Como saben estoy entre los primeros firmantes del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, y más aún, entre los que en su día alzamos nuestra voz para detener lo que a todas luces era una disposición legal calamitosa que facultaba a una comisión administrativa creada ad-hoc con los poderes para cerrar páginas web sin control judicial alguno.
Fue un proceso chusco, cocinado en oscuros cenáculos y en el que el lobby de los creadores asestó una puñalada por la espalda al gobierno y al partido que lo sustenta ,algo de lo que sin duda, ambos han tomado buena nota.
Tras el éxito de una movilización histórica y sin precedentes en Internet, que a buen seguro ha hecho recapacitar al gobierno y a los partidos sobre la potencia de la red, el propio presidente del gobierno salió a la palestra con una declaración en la que afirmaba tajantemente que no se cerraría ninguna web sin autorización judicial. Su primera declaración sobre temas relativos a internet en más de seis años en la moncloa.
A partir de ese momento el campeonato de egos desmedidos en el que se convirtió el famoso #manifiesto, su escasa capacidad de organización y su extremada falta de estrategia han hecho que muchos nos sintamos cansados, y nos hayamos alejado de la movilización – que no de los principios que en su día se defendieron-.
Pues bien, ayer y hoy el diario El País ha publicado un par de artículos con jugosas filtraciones sobre el nuevo texto que prepara el gobierno y que enmienda la plana de forma radical al anterior, transformándose en un proceso garantista que reconoce taxativamente que solo se podrá cerrar una web con autorización judicial.
No, definitivamente no es el texto que me gustaría ya que el desarrollo legislativo se realizará en un reglamento posterior, no en la propia ley, pero sin duda creo que es un paso en la dirección correcta.
Estamos ante la primera victoria de una movilización producida en la red en nuestro país, un hito histórico en el que se ha demostrado que los lobbys de siempre ya no tienen la fuerza de antaño y que los ciudadanos podemos comenzar a influir de forma decisiva en las decisiones de los gobiernos sin necesidad de apoyarnos en los intermediarios sociales clásicos.
