A las reformas del mercado laboral, justicia, universidades, educación, administración pública, sistema fiscal y transporte de viajeros por ferrocarril que ando pidiendo al gobierno desde hace meses, añadan otra: una ley anticorrupción.
No, no estoy siendo alarmista. España es un país relativamente corrupto, pero no demasiado fuera de lo normal; Francia, Bélgica o Austria tienen problemas comparables. Este es un problema, sin embargo, que no es en absoluto inevitable; muchos países han aprobado una serie de reformas relativamente sencillas para minimizar este problema. Son cambios relativamente menores y muy populares con el electorado en general; con un poco de ganas incluso el PP estaría dispuesto a colaborar, especialmente ahora que la fiscalía anda imputando socios de gobierno del PSOE ahí fuera (por cierto, Sr. Antich: hora de expulsar a UM del gobierno - cómase unas elecciones).
¿Qué clase de reformas tengo en mente? Las he mencionado antes, o las he ido enlazando en meses pasados. La inmensa mayoría de casos de corrupción en España tienen su origen en dos problemas específicos: la financiación de los partidos y la excesiva politización de la administración pública. Uno de los problemas es complicado, el otro es -relativamente- sencillo de solucionar.
El problema difícil es la financiación de los partidos políticos; básicamente no hay ninguna democracia avanzada que lo ha solucionado de forma aceptable. Y sí, eso incluye el Reino Unido, Dinamarca o Suecia; los suecos, de hecho, “solucionan” el problema vía no tener una ley sobre el tema. El hecho que sea un problema complicado, sin embargo, no quiere decir que no hayan algunas reformas que pueden mejorar el sistema.
No voy a pedir que pasen una reforma ambiciosa de veras (aunque ideas no faltan), pero si cosas como darle muchísimos más medios (y poderes) al tribunal de cuentas, llegando incluso a exigir que los partidos tengan auditores permanentes revisando las cuentas. El Banco de España tiene inspectores “viviendo” en los bancos, ¿Por qué no hacer lo mismo en los partidos? A fin de cuentas, los políticos viven del dinero público, y están regulados de arriba a abajo.
La financiación de los partidos, sin embargo, es sólo la mitad del problema- de hecho, sólo es un problema grave en los países en los que los políticos pueden ejercer de guardianes de entrada. Uno puede pedir sobornos / donativos para la fundación del partido / coches deportivos si puede dar algo a cambio de esos pagos. Si un alcalde, concejal, ministro o similares no puede tomar decisiones discrecionales útiles para el proverbial bigotón con intereses inmobiliarios, darle dinero es un pérdida de tiempo.
¿Qué sucede en España? Básicamente que los políticos toman muchas decisiones de esta clase, o pueden influir de forma muy directa en ellas. Un ayuntamiento puede torturar a empresarios e inversores variados controlando (y restringiendo) el acceso a licencias o permisos, pidiendo “ayuditas” para agilizar trámites. En cierto sentido, los políticos crean un sistema de precios por sus servicios; un mercado ilegal en que cobran un peaje de entrada.
Una forma relativamente sencilla de limitar esta clase de intercambios es básicamente sacar a los políticos del sistema - básicamente mediante una profesionalización de la administración. Si eso suena a reforzar la burocracia, me refiero exactamente a eso; eliminar los caprichos y el liderazgo arbitrario e introducir una dosis de aburridos procedimientos weberianos. Los países menos corruptos a nivel comparado (Dinamarca, Nueva Zelanda) de hecho hacen exáctamente eso - la proporción de políticos y cargos de designación directa es muchísimo menor que en España o Francia, evitando los abusos descarados de cargos públicos que vemos demasiado a menudo, con una administración pública mucho más potente.
Esto no quiere decir en ampliar la casta de funcionarios indestructibles (e imposibles de despedir) que habitan la Península Ibérica, por cierto - la mayoría de países civilizados han dejado ese modelo extremo de organización burocrática en el pasado. Sé de sobras que una reforma de la administración pública sí que es complicada (y políticamente suicida sin un consenso político muy amplio), pero rebajar el poder de los políticos y limitar el número de amigotes a los que colocan en cargos es factible. Sí, los arribistas que pueblan los partidos no estarán contentos, pero estoy bastante seguro que la cantidad de potenciales dolores de cabeza ahorrados hacen un cambio en este sentido atractivo.
Por descontado, un funcionario no equivale de forma automática a un agente incorruptible; hay incentivos que deben ser cambiados. La administración más vulnerable a la corrupción política son los ayuntamientos, en gran medida por lo torpe de su mecanismo de financiación. Para evitar que un administrador municipal ambicioso se haga de oro (y tiranice su taifa) controlando quién puede construir pisos, es necesario reformar cómo recaudan dinero los ayuntamientos. El problema es menos urgente ahora, sin burbuja inmobiliaria, pero tiene que ser arreglado - el gobierno en teoría quiere hacer algo sobre el tema, aunque el PP no está de humor.
Otras medidas importantes son más obvias; básicamente, reforzar los mecanismos de control. Convertir la Audiencia Nacional en una maquinaria despiadada de cazar políticos corruptos, independiente de todo control político, con jueces con limitación de mandatos que cobran por cabeza cortada. Crear una agencia de investigación compuesta por huérfanos buscando venganza del político que mató a su perrito. Penas ridículamente duras y humillantes (incluyendo disculpas públicas en medio del Camp Nou antes de un Barça-Madrid) para los cretinos que hayan utilizado un duro de dinero público de forma poco honesta.
La corrupción es un problema serio, pero no es tan intratable como parece - y políticamente, las reformas necesarias para combatirla son en su mayoría bastante factibles. Falta que el PSOE quiera hacer limpieza en serio.
