La gobernanza, en tanto que ejercicio del poder político de manera “interactiva” por el conjunto de la sociedad y no sólo por el gobierno, según los gobernancistas, viene a ser en realidad el conjunto de normas y procedimientos políticos y administrativos adecuados a la aplicación o implementación de los programas económicos propios de la “globalización o mundialización neoliberal” y caracterizados por la primacía del sector privado y de sus valores (competitividad, rentabilidad, productivismo y consumismo), así como por la subordinación a éstos de los sectores público y civil.
El grave conflicto que sufre el Estado español es que los problemas que lo asaltan son estructurales o, lo que es lo mismo, afectan a los pilares mismos del sistema político, económico y social. Esto supone que ya no sirven las pequeñas o grandes reformas de la fachada, el cambiar un poco para que todo siga igual. Veámoslo más de cerca en la economía.
Cuando los Humanistas hablamos de violencia, lo hacemos en un sentido amplio; no nos referimos solamente a las situaciones de violencia física, sino que también hablamos de la violencia sicológica, de la violencia racial, religiosa, sexual, y también nos referimos a la violencia económica.
La Iytihad es una realidad en las prisiones catalanas, como del mismo modo lo es en las prisiones españolas y europeas. Es necesaria una intervención por parte de las instituciones para que presos desarraigados y en situación de debilidad no caigan presos en un sitio en el que ya lo están y sean utilizados contra el estado democrático y sus ciudadanos.
“El sueldo del mendigo y del banquero”, así titulaba El País el pasado 3 de octubre su crónica del debate parlamentario del día anterior sobre la propuesta de ley de ERC e IU-ICV para crear una renta básica de ciudadanía (RB). Destacadas, las estólidas palabras del representante del PNV: “¿Quieren crear el derecho a no trabajar? ¡Es diabólico!” La derecha toda (PP, PNV y CiU) estuvo completamente de acuerdo. El partido del gobierno, que cuenta entre sus diputados con veteranos partidarios de la idea (por ejemplo, el ex-ministro Jordi Sevilla), aparentemente, dejó caer la propuesta.