En este caso volvemos a tener una buena solución demasiado tarde. El problema deflacionario no depende de pequeños remaches legales sino de políticas de calado mucho más estructurales que ahora no da tiempo a ejecutar. Aumentar el coste de todos esos servicios públicos por encima del 4% busca amortiguar una caída de precios que ya empieza a ser preocupante. De momento logrará anestesiar los efectos iniciales de ese concepto y, aunque algunos de los servicios expuestos a ese nuevo tarifario no entran en la cesta del IPC si actúan a la larga o en segunda instancia en los de los productos que si son incorporados en ese listado rojo. Me parece bien hacer algo en ese sentido, mientras vamos pensando otros parches. Pero, al tiempo que las tensiones sociales se acerquen, aun queda, ¿se imaginan la cara que hubieran puesto los sindicatos si los convenios se hubieran tenido que revisar en negativo? ¿Qué se trasladaría al mercado en un espectáculo gigantesco de caída del precio global de las cosas? ¿Qué sucedería si se hiciera un cálculo del IPC con elementos como la vivienda? ¿Por qué Alemania refleja el coste del alquiler en su IPC y nosotros no por ejemplo? Sigo recomendando leer más allá del teletipo y buscar las razones menos claras de las cosas.