| La LOE y el reto de una educación para la ciudadanía |
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Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.
El origen de la propuesta se encuentra en las recomendaciones que la UE realiza en su programa ‘Educación para la ciudadanía democrática’, el cual se deriva del análisis comparativo de indicadores descrito en el informe ‘La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo’ de la Red europea de información en educación (EURYDICE) y publicado en 2005 www.eurydice.org. Es por ello que la LOE, acertadamente, se hace eco de la voluntad de un sistema y una comunidad educativa madura como la nuestra de homologarse al resto de Estados donde dichos contenidos y prácticas se transmiten y fomentan desde hace tiempo. Sin duda, la oposición que ha suscitado la propuesta entre los sectores más conservadores, inmovilistas y corporativistas de nuestra sociedad, habla bien a las claras en favor de una apuesta que ha de servir para mejorar la calidad de nuestros mecanismos y espacios democráticos de ejercicio cívico y participación. En palabras de Ján Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo de la UE, “La educación para la ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participaciónen una sociedad democrática, está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos”. En este sentido, también me parece interesante resaltar el conjunto de propuestas y reflexiones que, sobre la mencionada materia y su contenido, realiza el filósofo José Antonio Marina en www.movilizacioneducativa.net, donde defiende el enfoque ético para una educación en valores que pretende conseguir del alumno unas competencias sociales básicas. Es, por tanto, un contenido que “se amplía, por una parte hacia la educación afectiva y, por otra, hacia la participación política”. Y es aquí, en el ámbito del bien común, de la res pública, de lo político, donde creo que nos jugamos buena parte de nuestro futuro como sociedad igual y cohesionada. No pierdo la esperanza respecto a que, la generación que nos siga, pueda observar la política y la participación a través de los partidos políticos en los asuntos de interés común, como aquello que son: tareas nobles de ciudadanos virtuosos que trabajan, cada uno desde una visión ideológica diferente, por una sociedad mejor. Por ello considero que la educación para la ciudadanía puede ayudar en este proceso de normalización democrática que posibilite un acercamiento de los ciudadanos a los asuntos de su polis, de su ciudad, de su espacio público de relación, convivencia y ejercicio práctico de derechos y deberes. La educación para la ciudadanía ha de servir también para poner en valor el conjunto de normas y valores que compartimos y que informan nuestra cultura sobre la base de los derechos humanos universales. Otro aspecto no menor es el referente a las iniciativas de participación en los centros educativos que hayan de consolidarse y dinamizar para llevar a la práctica cotidiana de la escuela y su cultura los principios y valores que la educación para la ciudadanía consagra. Y es aquí donde, políticamente, hemos de materializar la apuesta por espacios escolares donde la educación formal, informal y no formal en valores trabajen conjunta y coordinadamente por idénticos objetivos. Estamos hablando de la defensa de una escuela de proximidad, comunitaria y abierta a su sociedad y entorno social y territorial. Una escuela que suponga un espacio y un recurso optimizable por la ciudadanía. Una escuela democrática que se define como espacio para la participación y el ejercicio práctico y cotidiano de la ciudadanía responsable. Éste y no otro es el objetivo fundamental de la educación para la ciudadanía: garantizar la existencia de ciudadanos activos y responsables capaces de contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en la que viven. Todo ello mediante la capacitación y el logro de competencias sociales orientadas hacia la cultura política, el pensamiento crítico, el desarrollo de ciertas actitudes y valores y la participación activa.
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| Escrito por Luis Fernando García | |
| jueves, 31 de agosto de 2006 | |
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Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.







