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El derecho a la existencia y la reforma constitucional

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Uno de los argumentos más poderosos que el movimiento de reivindicación de la vivienda digna está esgrimiendo en estos momentos fundacionales en el Reino de España es el de que el derecho a una vivienda digna es un derecho reconocido por la Constitución española. Es evidente que este recordatorio no constituye por si mismo un elemento de presión especialmente importante sobre la clase política del Reino de España, que en estos momentos prefiere hacer ver que el problema de la vivienda no existe. Lo que si que constituye este argumento es una fuente de autoridad moral suficiente como para aparecer ante los ojos de la opinión pública, no como un grupo de alborotadores y radicales nihilistas, sino como los más fieles guardianes de la letra y el espíritu de la Constitución con respecto a la problemática de la vivienda. Supone una indiscutible bofetada en el rostro de los políticos: “no estamos haciendo nada más que reclamaros que cumplais la Carta Magna de dónde se supone que emana vuestra legitimidad para gobernarnos”.
Los y las defensoras de la Renta Básica no tenemos, a estas alturas, algo similar a donde agarrarnos cuando planteamos nuestras reivindicaciones. Obviamente, no es el más grande de nuestros problemas, y sea cómo sea traemos a las espaldas años y años de trabajo teórico, suficientes como por poner sobre la mesa multitud de buenas razones en favor de nuestra propuesta, razones que van mucho más allá de lo que pueda decir o dejar de decir la Constitución. El caso es, no obstante, que más tarde o más temprano se abrirá un proceso de reforma constitucional que los grandes partidos mayoritarios españoles ya están incubando. Es de imaginar que, cuando el proceso se abra, multitud de grupos intentarán aprovechar cualquier rendija abierta para constitucionalizar sus aspiraciones. No estaría de más, pues, que las cabezas pensantes y dirigentes del movimiento pro-Renta Básica fueran planteándose si no sería una buena idea indicar a los partidos de izquierdas la necesidad de constitucionalizar el derecho a la existencia como derecho de ciudadanía. Seguramente no es la aspiración más importante a la cual podemos dedicar nuestros esfuerzos, y seguramente que no faltarán razones que lo desaconsejen. Antes, no obstante, de descartar la idea, haría falta una reflexión serena sobre los beneficios que podría aportar. Entre ellos, por ejemplo, el de que a la práctica obligaría moralmente el Estado a implantar la Renta Básica o algo similar (como por ejemplo un impuesto negativo sobre la renta), puesto que difícilmente se puede garantizar el derecho a la existencia de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, mediante la complicada telaraña de subsidios condicionados que conforman el actual Estado del Bienestar español. Es como para pensar, cuanto menos.