Lecturas 4749

Uno de los retos más complicados que tuvo que afrontar el gobierno estadounidense tras el crack de la bolsa, en 1929, fue el de cambiar la mentalidad de una sociedad que creía que hacer dinero sin producir, en aquel caso especulando, era fácil y positivo. La moralidad de la época estaba prostituida por estos pensamientos, y la reacción gubernamental tenía que ser inmediata para que la economía recuperara su buena salud.

Hoy en día ocurre algo parecido en occidente con el tema del transporte, con la diferencia de que en este caso la economía no está en grave peligro a corto plazo y que, como consecuencia, el gobierno no se plantea reaccionar. Pero eso no quita, por supuesto, que el sistema actual sea insostenible a medio o largo plazo. De hecho, ya estamos conduciendo en dirección al desastre.

España, por ejemplo, incrementó el porcentaje de sus emisiones de dióxido de carbono per cápita en un sorprendente 36’2%, en el período comprendido entre 1990 y 2003 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Para este último año, el número de toneladas per cápita fue de un considerable 7,9, y la tendencia es a aumentar.

Sin embargo, la sociedad está demandando a los partidos políticos, de forma irresponsable, la construcción de nuevos aparcamientos y complementarias mejoras en las infraestructuras. La falta de los primeros, por ejemplo, se ha convertido según la mayoría de los sondeos en una las preocupaciones fundamentales para los ciudadanos.

Como era de esperar, porque de votos hablamos, las promesas electorales de los principales partidos van encaminadas hacia la consecución de estas insensatas peticiones y no, como debería ser, hacia posturas acordes con el respeto al medio ambiente y, aunque resulte chocante, la mejora de la estructura socioeconómica.

En algunos países europeos se han tomado medidas contundentes, basadas en la potenciación del transporte público, para revertir esta situación. Así, en Noruega y Finlandia se ha prohibido la creación de centros comerciales en las afueras, exigiéndose que las nuevas urbanizaciones se construyan junto a estaciones de transportes públicos (P. Segura, Ecologistas en Acción).

En otros países también se han reducido el número de aparcamientos disponibles, forzando así al uso del transporte público, que gracias a una mejor financiación ha mejorado en eficiencia. Igualmente, las nuevas urbanizaciones se construyen de acuerdo a sensatos planes que impiden el uso de vehículos privados en el interior de las mismas.

Todas estas medidas, y otras muchas de la misma naturaleza, vienen acompañadas de una mejora en las infraestructuras públicas y de, obviamente, una mejor red de transportes también públicos. De esta forma se protege el medio ambiente y se hace mucho más eficiente el trasporte de ciudadanos, lo que también tiene incidencias económicas importantes en concepto de incrementos de productividad.

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