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EL DÍA MÁS TRISTE DE IZQUIERDA REPUBLICANA
El 12 de noviembre de 2008 ha sido el día más triste de Izquierda Republicana. Ese miércoles, por la mañana, en Madrid, fallecía, de un ataque cardiaco, nuestro querido Secretario General, Jorge Leboreiro Amaro. Tenía 49 años, era profesor de Filosofía en un instituto de enseñanza secundaria de Madrid.
Fue elegido Secretario General del partido en el XVIII Congreso Federal del partido, celebrado en octubre del año pasado. Era un republicano y federalista de profunda convicción, y de ello nos deja muestra en los textos que a lo largo de tantos años ha ido dándonos a todos sus compañeros y amigos. Precisamente, su último artículo se puede leer más abajo, con una lúcida reflexión sobre alguna cuestión de debate reciente.
Todos los afiliados de Izquierda Republicana, y en su nombre, la Comisión Ejecutiva y el Comité Político federales, nos dolemos profundamente por tan brutal y repentina pérdida, y así se lo hacemos saber a su familia, a su esposa e hija.
Amigo y compañero Jorge: Nunca morirás en nuestra memoria.
Comunicado de prensa
SORPRENDENTE
Por Jorge Leboreiro
Sorprendente, Doña Sofía de Grecia tiene opiniones. Más sorprendente todavía, no está de acuerdo con algunas leyes aprobadas por el Parlamento español y no entiende muy bien que los homosexuales puedan estar orgullosos de serlo. Pero lo que de verdad sorprende en la polémica suscitada por la publicación de un libro por la periodista Pilar Urbano, que desde luego sabe cómo vender, es la sorpresa de algunos. Algunos, que todavía no se han enterado que el emperador está desnudo, se echan las manos a la cabeza analizando sesudamente sus simplezas, si realmente la religión explica el origen de la vida, si le caía simpático Bush, o si la tierra es esférica. Porque algunos quieren hacernos creer que la institución monárquica puede ser neutral y lo ha sido alguna vez en este país. Pero, como siempre, se trata de no ir al fondo de la cuestión, lo importante no es que la señora De Grecia tenga opiniones, ni cuales sean estas o que el Sr. De Borbón las tenga parecidas o diferentes, sino el hecho de que tengan poder, poder real, para presionar favoreciendo su implantación. Y a ver quien se fía de que, con lo sólido de su formación democrática, no lo hayan ejercido nunca.
La mayor parte de los medios de comunicación españoles empeñados en reírles las gracias a los reales personajes o en convertir en hazañas sus meteduras de pata, "¿Por qué no te callas?", se olvidan que en una institución como la monárquica se confunde lo privado con lo público porque están ahí no por sus méritos, sino por los azares de la biología. No pueden representar realmente a nadie porque nadie los ha elegido, sin embargo quieren hacernos creer que encarnan simbólicamente a España. Por esta razón constituye un delito específico en el actual Código Penal español las injurias a la corona y así han sido condenados los independentistas catalanes que quemaron sus fotos y el alcalde andaluz que lanzó unos cuantos improperios contra el personaje del monarca. Insultar es algo feo, pero el problema es que en la interpretación jurídica que ha defendido la Audiencia nacional se afirma que al insultar al monarca no se ofende a su persona, sino a todo el país. Un opinador de un diario madrileño pretendía que la cuestión de qué es un insulto cuando éste se refiere a D. Juan Carlos de Borbón se soluciona con sentido común y que, dice este periodista, hasta un republicano recalcitrante admitiría que lo que es un insulto si se lo dicen a él también es un insulto si se lo dicen a D. Juan Carlos de Borbón. Pero esa no es la cuestión, si el alcalde andaluz hubiera dicho eso mismo del Presidente del gobierno nadie se hubiera molestado en presentar una denuncia. Las cuestiones personales se convierten en asuntos de Estado cuando se rodea de una aureola mágica o sagrada a un ser humano y ¡ay! demasiado humano.
11 de noviembre de 2008
Jorge Leboreiro
Secretario General de Izquierda Republicana
Comunicado de prensa
IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO
Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo
Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.
Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.
La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.
Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.
PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.
3 de septiembre de 2008
Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana
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