Ahora que Rouco propugna el olvido hay algo que conviene recordar. La propia Iglesia Católica, en el concordato que dejó bien atado el posfranquismo, se comprometía a autofinanciarse en el futuro, sin cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La promesa de Roma fue en vano y hoy, tres décadas después, el dinero público a modo de cepillo no sólo no disminuye sino que aumenta. Franco definió al español como católico, heterosexual, de derechas y castellanoparlante. Tras treinta años de democracia, los gays se pueden casar, las otras lenguas españolas se estudian en las escuelas (por mucho que escueza a algunos), el centro izquierda consigue más votos y ¿la Iglesia? Bien, gracias. La reserva espiritual de occidente sigue incorrupta. O al menos lo parece, dados los pocos avances que se han podido lograr en el camino a la modernidad, en la básica separación entre la Iglesia y el Estado que en Europa marcó el siglo XIX y en España aún no hemos resuelto en el siglo XXI. La Transición no se atrevió, y por eso dejó a los muertos de la cruzada en las cunetas y a los capellanes en el Ejército. La asignatura está pendiente y parece que lo estará muchos años más.
Desde el Gobierno, la estrategia es clara, pero el horizonte es lejano. Y asusta dar grandes zancadas. ¿Romper el concordato? Ni de broma. ¿Sacar la religión de los colegios? Ahora no toca. ¿Eliminar la financiación pública a la Iglesia? Demasiado pronto. Zapatero se autoimpone un límite: no se puede hacer una reforma tan ambiciosa que después, cuando más tarde o más temprano gobierne el PP, la derecha lo tire para atrás. Pero tiene un plan: romper con el debate Iglesia-Estado, no plantearlo como un enfrentamiento, y dejar que sea la propia sociedad, cada vez menos religiosa, la que disuelva poco a poco los privilegios del Vaticano.
La razón por la que los obispos han sido tan hostiles contra la Educación para la Ciudadanía no es ese supuesto adoctrinamiento (mira quién habla). Lo que les preocupa es que esa asignatura obligatoria y necesaria acabará con la dicotomía de ética versus religión. La ética, los valores ciudadanos, son para todos y la religión para los que lo deseen. Con la Ciudadanía dentro del programa educativo, la religión ya no necesita una asignatura alternativa, por lo que, por pura lógica docente, debería quedar en el horario escolar como la primera o la última materia del día. Los alumnos que quieran dar religión tendrán que madrugar o quedarse un rato más en el colegio. El Estado seguirá dando esa opción, pero supondrá un pequeño esfuerzo para quien la pida por puro respeto al resto de los alumnos, la mayoría no creyente o no practicante.
Lo mismo debería suceder con la casilla del IRPF, un modelo que se copió del alemán pero para coger sólo lo peor. En Alemania las personas religiosas cuentan con una casilla en la declaración de la renta para destinar parte de sus impuestos a la Iglesia. Pero, a diferencia de España, esa cruz supone pagar más dinero. Y cuando vas a casarte, el cura te pide la declaración. Aquí los católicos pueden quedar bien con su dios en el IRPF sin que eso le suponga nada en su bolsillo.
Lo que sí se abordará en esta legislatura será la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y ahí veremos de nuevo a los obispos con las pancartas. Un pequeño grupo de expertos, cuatro personas, ya está trabajando en un primer documento que ha encargado Fernández de la Vega. La reforma se basa en dos ejes: la neutralidad del Estado para salvaguardar a esa mayoría para la que la religión es indiferente y el desarrollo de la libertad religiosa para dar respuesta a la mayor pluralidad de creencias. Para ambos objetivos, terminar con los símbolos religiosos en el ámbito público es básico. Es una cuestión de convivencia. En España ya viven un millón de musulmanes. Si no queremos que sus hijos, españoles, exploten como los coches de las afueras de París, conviene hacer un esfuerzo para que lo católico deje de ser el último valor obligatorio de la España de pesadilla que soñó Franco. Esos chavales no pueden pasarse los primeros años de su vida en una clase donde un crucifijo sobre el encerado les recuerde a diario que ellos no son de allí.
Pero sacar las cruces de las clases no será lo más difícil, pues tampoco quedan tantos. Será más complicado que salgan de los cuarteles. La reforma de la ley, además, está supeditada al calendario de otras leyes sociales, como el aborto o la eutanasia. Y hay también una fecha que el Gobierno tiene muy presente: agosto de 2011. En ese mes, Madrid será la sede de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, un enorme evento que monta el Vaticano, con visita del Papa incluida. Si, como antaño, van a excomulgar a los que voten liberal, mejor que la ley ya esté aprobada cuando venga Ratzinger.
Iñigo Sáenz de Ugarte
