Lo pregunté en un artículo anterior, y vuelvo a insistir ahora: si el sentido común nos sugiere que la privatización de la justicia acabaría con el sentido de la justicia misma... la privatización de la educación, ¿respetaría al conocimiento como tal?
He leído recientemente un par de
artículos que demuestran que, lejos del modelo liberal en el
que uno tiene lo que vale, la pobreza es algo ajeno a la voluntad y
las capacidades del individuo. Por dos motivos: uno, porque la
intermovilidad de clases es un mito; dos, porque ser pobre cuesta
muy, muy caro.
Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.
El 22 de junio se ha dado un paso adelante en la tramitación del Proyecto de “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” que reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las que solicitaban la devolución de la Ley al Gobierno, evitándose comenzar de nuevo un proyecto tan importante como el que se está debatiendo en las Cortes. Este proyecto de ley es fruto del acuerdo social con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, también de las negociaciones con las principales asociaciones de personas con discapacidad. Y debe ser una Ley de consenso, se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente, que precisa y necesita el concurso de todos.
VERDAD BASTA DECIR LO QUE ES Y NO MAS , PUES MUCHAS VECES LOS POLITICOS DICEN COSAS QUE NO SON , BASTA CON DECIR LO QUE ES.EL QUE ESTE LIBRE DE PECADO QUE...
Hola Citoyen Hola Citoyen encantado de charlar contigo.
Recojo tus comentarios e intentaré en el próximo artículo o en otro comentar las diferencias, según los...
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Lo pregunté en un artículo anterior, y vuelvo a insistir ahora: si el sentido común nos sugiere que la privatización de la justicia acabaría con el sentido de la justicia misma... la privatización de la educación, ¿respetaría al conocimiento como tal?
He leído recientemente un par de
artículos que demuestran que, lejos del modelo liberal en el
que uno tiene lo que vale, la pobreza es algo ajeno a la voluntad y
las capacidades del individuo. Por dos motivos: uno, porque la
intermovilidad de clases es un mito; dos, porque ser pobre cuesta
muy, muy caro.
Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.
El 22 de junio se ha dado un paso adelante en la tramitación del Proyecto de “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” que reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las que solicitaban la devolución de la Ley al Gobierno, evitándose comenzar de nuevo un proyecto tan importante como el que se está debatiendo en las Cortes. Este proyecto de ley es fruto del acuerdo social con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, también de las negociaciones con las principales asociaciones de personas con discapacidad. Y debe ser una Ley de consenso, se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente, que precisa y necesita el concurso de todos.
