Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.
El 22 de junio se ha dado un paso adelante en la tramitación del Proyecto de “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” que reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las que solicitaban la devolución de la Ley al Gobierno, evitándose comenzar de nuevo un proyecto tan importante como el que se está debatiendo en las Cortes. Este proyecto de ley es fruto del acuerdo social con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, también de las negociaciones con las principales asociaciones de personas con discapacidad. Y debe ser una Ley de consenso, se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente, que precisa y necesita el concurso de todos.
Visten diferente, se mueven diferente, hablan diferente. Con este eslogan, una Caja de Ahorros convoca un concurso para premiar iniciativas de compromiso social llevadas a cabo por "jóvenes con valores". Loable, desde luego.
Durante los últimos años se ha ido produciendo una progresiva potenciación por parte de los poderes públicos de la enseñanza privada en detrimento de la escuela pública, fenómeno que en algunas Comunidades Autónomas ha alcanzado niveles preocupantes.
Según datos de un estudio publicado el pasado mes de marzo, el 62 por ciento de los menores inmigrantes en Madrid estudia en centros públicos.
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Asistimos en la actualidad a un profundo debate conceptual sobre la naturaleza y necesidad de una materia que, la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación, define como ‘Educación para la ciudadanía’. El objetivo de su inclusión como contenido curricular (específico, integrado o transversal) en las enseñanzas previstas no es otro que, como en otros muchos países europeos, el de generar entre los estudiantes hábitos y actitudes coherentes con los principios y valores que informan actualmente el concepto y la pràctica de la ciudadanía activa.
El 22 de junio se ha dado un paso adelante en la tramitación del Proyecto de “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” que reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las que solicitaban la devolución de la Ley al Gobierno, evitándose comenzar de nuevo un proyecto tan importante como el que se está debatiendo en las Cortes. Este proyecto de ley es fruto del acuerdo social con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, también de las negociaciones con las principales asociaciones de personas con discapacidad. Y debe ser una Ley de consenso, se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente, que precisa y necesita el concurso de todos.
Visten diferente, se mueven diferente, hablan diferente. Con este eslogan, una Caja de Ahorros convoca un concurso para premiar iniciativas de compromiso social llevadas a cabo por "jóvenes con valores". Loable, desde luego.
