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Un pacto social por la educación

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En Cataluña acabamos de firmar el Pacto Nacional de Educación. Ello tendrá su reflejo normativo en una próxima ley catalana de educación que, en sintonía con la LOE estatal, desarrolle nuestro potencial competencial en el àmbito que nos ocupa.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) que está a punto de finalizar su circuito procedimental de trámite y aprobación, supondrá un importante avance en el camino de construir un servicio público educativo de calidad con equidad y promotor de la cohesión social. Un sistema que, además de educar (tarea a la que estamos todos convocados: escuelas, entorno, administración, instituciones, familias, estudiantes, medios de comunicación...) pueda capacitar al individuo en habilidades prácticas para la construcción de su propio y autónomo proyecto vital y ensayar nuevos espacios informales de aprendizaje y relación.

Así, el Pacto suscrito en Cataluña por la práctica totalidad de agentes implicados en el proceso educativo de nuestras futuras generaciones, implica en sus dimensiones una apuesta política real por poner a la educación como prioridad absoluta de la acción de gobierno. Se constituye en todo un nuevo pacto social que intenta colocar a nuestro sistema entre los mejores del entorno europeo. Pero para que ello suceda no es suficiente con garantizar una óptima dotación de recursos o un refuerzo de los elementos cuantitativos (aumento de horas lectivas), si no que hemos de ser capaces de crear una auténtica red social de complicidades para que, cada uno desde su óptica y posición, pueda compartir los ingentes objetivos de la propuesta.

Una de las claves del éxito del sistema educativo finlandés (primero en el ránking PISA) reside en la capacidad colectiva de la sociedad para asumir un reto que se considera consustancial a su realidad cívica y política. Es el entorno exógeno favorable lo que provoca el que la escuela tenga éxito en una tarea por la que son muchos los agentes que trabajan. El número de usuarios de los equipamientos culturales públicos, los índices de lectura, el nivel económico y académico de las familias...son todos ellos factores que favorecen el éxito de un modelo que no sólo tiene a la escuela como espacio educativo. Las características de los agentes de socialización y la profusión de espacios informales e institucionales para la educación en valores y prácticas de ciudadanía activa, son elementos que redundan en la planificación estratègica y la apuesta política de progreso que se desarrolla, en general, en los países nórdicos.

El objetivo último de todo el proceso actual de reforma del sistema al que estamos asistiendo en España es el de consolidar una escuela pública fuerte, que garantice la calidad con equidad, que se fundamente en los aspectos inclusivos y no selectivos socialmente, participativa, democrática y laica. Ésta y no otra es la apuesta a la que deberíamos sumarnos todos aquellos que nos reclamamos de la izquierda. Una apuesta que es política, normativa, pero también de compromiso colectivo con los objetivos integrales de la reforma y con la mejora de los instrumentos que la pueden hacer posible. Nos va el futuro en ello y no podemos permitirnos ningún paso atrás.