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 Uno de los puntos que el Partido Popular ha hecho pilar fundamental en su programa electoral es el de la liberalización del suelo, como recientemente ha recordado su presidente Mariano Rajoy. Argumentan que es la medida idónea para corregir los negativos efectos sociales que están generando unos precios de la vivienda tan elevados.
Ciertamente, España es la vergüenza de Europa en lo que a urbanismo se refiere. Sólo en el año 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas, cifra que supera la suma de las construidas en el mismo año en Francia, Alemania y Reino Unido conjuntamente, y que se sitúa muy por encima de las 350.000 que de media se construyeron en la década de los noventa en nuestro país (Fdez. Durán, 2005). Ante esa realidad, y en contra de lo que quieren hacernos creer algunos, el constitucional derecho a una vivienda digna se aleja cada vez más del objetivo de convertirse en una realidad. Pero la principal razón se encuentra, precisamente, en esta fiebre urbanizadora que los marcos legales autonómicos y regionales han fomentado. El libre mercado conduce a una peligrosa situación en la que las desigualdades se van incrementando de forma progresiva y continua. Sin intervención estatal, la dinámica del mercado permite que mientras grandes sectores de la población se van quedando a un lado, una pequeña parte se va beneficiando sin pudor. Y no podemos olvidar, cuando escuchamos argumentos como los esgrimidos por el PP, que estamos hablando de un partido directamente vinculado con el negocio de la especulación inmobiliaria, y que éste es, a su vez, una de las principales fuentes de financiación que tiene el grupo político derechista. La verdadera bandera del PP es realmente el dinero, medio y fin de sus políticas. Promotores, constructoras, tránsfugas, accionistas, inmobiliarias y políticos corruptos acaban formando un circo al servicio de la gran propiedad y de los grupos económicamente dominantes, que canalizan sus interesadas y oportunistas medidas económicas a través del ideario liberal del Partido Popular. Sin embargo, la sociedad está reivindicando intervención pública en forma de nuevas viviendas de protección oficial, que garantice que toda la población tiene acceso a un bien tan básico y elemental como la vivienda. Asimismo, también requiere un rígido control del mercado inmobiliario que impida que la vivienda sea una mercancía más con la que hacer dinero fácil. Por supuesto, esto no es sino lo contrario de lo que defienden fervientemente los liberales. Y, desgraciadamente, tal vez tenga que ver, como decía el economista J.Galbraith, con “el placer de ganar en un juego en el que muchos pierden”.
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