Lecturas 2203

Ante el poder de coacción económica que tienen las grandes corporaciones y empresas la supuesta libertad de información que proporcionan los mass-media queda relegada a la nada. Cuando una empresa tiene el poder suficiente como para cortar el grifo de la publicidad a los mass-media puede controlar casi todo lo que se publica sobre ella, sea explotación laboral, como comportamientos poco éticos o mala calidad en sus productos.

En cierta manera el dogma liberal tiene razón: una mayor competencia y un mercado más libre permite que los consumidores por un lado tenga más opciones y por tanto unos mejores precios y servicios y por el otro los trabajadores tienen una mayor oferta de puestos de trabajo y pueden tener mayor poder negociador. Ahora bien, como casi siempre que hablamos de dogmas economicistas estos fallan ante la realidad: el poder corporativo es tan grande que puede llegar a condicionar tanto a la oferta como a la demanda.

Cuando los trabajadores se coaligan en organizaciones sindicales lo hacen para tener mayor poder negociador frente a un empresario (ver el mal del empleador monopsonista y como se aleja este modelo más realista del supuesto mercado perfecto), bajo una serie de leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores, que obligan al empleador a dar información a los trabajadores, a ser responsable de la prevención de riesgos y a garantizar unas condiciones mínimas en las que se ha de ejercer la actividad laboral.

Cuando esto no se dá los trabajadores pueden denunciar y la administración actuar, pero hasta el momento las denuncias conllevan algunas multas, que para una gran corporación no significan apenas pérdidas y suelen ser menores que la corrección que han de llevar para evitar la sanción.

Una forma de defenderse adicional que tienen los trabajadores es atacar la marca de esa gran corporación, ya que por sanciones legales la cosa se eterniza y los daños que se causan son menores: es más costoso respetar la legislación laboral, aplicar los convenios o respetar las atribuciones de los delegados sindicales. Hay centenares de casos de trabajadores que son despedidos con la máxima indemnización por intentar organizarse sindicalmente porqué es mucho más barato (en la mentidad de algunas corporaciones) despedirlos con esa indemnización que el coste de negociación y de las mejoras que incluso el más débil de los sindicatos puede conseguir.

Ante esa relativa invulnerabilidad de las grandes empresas los trabajadores sólo tienen medidas de coacción simbólica (ataque a la marca) o de huelga, que suele ser muy lesiva para ambos bandos y muy difícil de organizar. El ataque a la marca se consigue haciendo visualizar a la sociedad las violaciones de los derechos de los trabajadores que realiza esa empresa o los comportamientos poco éticos que asume esa empresa en sus relaciones con otros trabajadores de países en vías de desarrollo. De hecho esto no sólo beneficia al trabajador sinó que también es esencial para el consumidor, que sabrá si los productos o servicios que consume se lo proporcionan trabajadores satisfechos (que podrán garantizar una mayor calidad de servicio por tener una mayor identificación con la empresa) o trabajadores explotados, que trabajan más horas de las que es recomendable, o compran productos producidos en condiciones de explotación y de baja calidad de producto. Yo al menos como consumidor, y creo que una gran mayoría, quiero saber si los alimentos que consumo los producen en un país donde se respeten ciertos mínimos ambientales, ha pasado los controles sanitarios adecuados, o si la ropa que me pongo está cosida por unos operarios que trabajan en buenas condiciones de iluminación y en jornadas más o menos aceptables o bien en talleres donde el trabajador lleva cosiendo 12 horas seguidas en condiciones lamentables. Ya no por solidaridad, sinó por el propio egoismo de saber que la prenda no se descoserá a las dos semanas o si el alimento realmente está en condiciones para ser consumido.

Ante ello existen los poderes públicos (controles sanitarios, de calidad, etc..) pero también los mass-media. Ahora bien, cuando los poderes públicos son limitados (y por ejemplo no tienen herramientas para sancionar de forma eficaz a las empresas que violan los convenios y obligan a trabajar de forma poco productiva en jornadas maratonianas a sus empleados [siempre le quedará la alternativa del desempleo al trabajador... dirán algunos neoliberales]) sólo nos queda los mass-media.

Los mass-media nos alertan de la corrupción de los políticos cuando esta se produce, o al menos siempre podemos esperar que haya algún medio que critique al político del “bando contrario”. En cambio ante las grandes corporaciones que ejercen el control de su marca y de lo que se publica de ella a través de la amenaza, explícita o implícita, de retirar la publicidad de estos medios, no existe otro color que el del miedo a perder unos ingresos necesarios.

Es verdad que los mass-media no son hermanitas de la caridad ni una ONG, son un negocio y han de ganar dinero... tal vez los privados ¿pero y los públicos que también caen en la misma ignominia? Yo al menos no deseo que mis impuestos sean malgastados en algo que luego no va a servir para defender mis intereses como consumidor y reproduzca en la misma igualdad de condiciones que tienen otras empresas que no contratan tanta publicidad las violaciones de derechos laborales.

Incluso si fuera empresario vería la situación inaceptable. Un empresario del sector X que no realiza tanta publicidad y tiene un poder negociador con los mass-media menor se vé en situación de perjucicio con el empresario de la gran corporación, él tendrá que ser más extricto con el respeto a los derechos laborales que el otro. Yo como socialdemócrata creo que no puede haber sectores privilegiados ni en el ámbito de los derechos de los trabajadores, ni en el de las capacidades de los empresarios. Soy socialdemócrata para que los poderes públicos corrijan los problemas del mercado no para ahondarlos y haciendo que los medios públicos no reproduzcan según que noticias por miedo a perder un anunciante estamos utilizando impuestos para privilegiar un empresario frente a otro.

Por otro lado, entiendo que los mass-media privados no se atrevan a reproducir noticias que puedan perjudicarles al perder un anunciante, pero luego estos mismos medios deberían ser más prudentes a la hora de ocupar recursos públicos: ancho de banda de emisión, ayudas públicas, etc... Al final el “cuarto poder” se transforma en una forma más de poder corporativo, un brazo armado de los intereses de las corporaciones que o bien controlan los medios directamente o indirectamente a través del clienterismo publicitario.

Eso aleja el modelo de empresa y de mercado del ideal liberal, de una forma que ni los socialdemócratas sabemos como incidir o influir ya que incluso los medios públicos han perdido ese carácter de servicio público. Es un “fallo de mercado” como la copa de un pino que nos cuesta imaginar siquiera su existencia. Es tan sutil que tufos empresariales, chanchulleos con las cotizaciones, manipulaciones en auditorías, etc.. salen a la luz pública solo ya muy al final.

Como ejemplo de este tipo de casos, en este caso de explotación laboral, tenemos el del Corte Inglés . El mutismo, la barrera mediática, es brutal. Aún con sentencias y con sanciones impuestas por diversas violaciones laborales nos encontramos que los mass-media no reproducen nada. Al menos podemos leerlo en internet, por el momento la blogosfera y las redes sociales, los periódicos ciudadanos son los pocos ámbitos que aún no controlan plenamente las corporaciones.

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