Lecturas 2156

El día 16 tomó posesión de su cargo de alcaldesa de la ciudad de Cáceres Carmen Heras, una fecha histórica por ser la primera vez que una mujer accede a la Alcaldía en la ciudad, y lo hizo respaldada por una candidatura paritaria y para conformar un ayuntamiento con una presencia significativa de mujeres. Es el resultado de aplicar la nueva Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que obliga a los partidos a presentar candidaturas en las que la cuota de cada sexo no pueda exceder del 60% ni ser inferior al 40%.

Hasta el mismo día 27, fecha de las últimas elecciones, en las que aproximadamente 7.000 nuevas concejalas se incorporaron a los Ayuntamientos, alcanzando un total de 26.464 (más de un 40%), colocándonos a la altura de Suecia (41,60%) y por encima de Noruega (34,10%), solo una cuarta parte de los ediles eran mujeres y sólo uno de cada 10 alcaldes (12,5 %) lo eran.

En España, donde la dictadura prolongo la situación de inferioridad legal de la mujer, y la separación entre chicos y chicas durante su etapa educativa, hasta hace sólo tres décadas, hoy se matriculan muchas más mujeres que hombres en la universidad, y seis de cada 10 titulados universitarios son mujeres.

Aquí como en todos los países desarrollados la integración de la mujer afecta a todos los aspectos. También el número de mujeres en la red ya sobrepasa al número de hombres y además es la población femenina la que navega con más frecuencia, según un estudio realizado por el Centro para el Futuro Digital de la Universidad de California del Sur, referido a la población de los Estados Unidos, a partir de los tres años de edad.

Sin embargo, “no es oro todo lo que reluce”, y como ejemplo vemos que a pesar de que las mujeres españolas acaban sus estudios con mejores notas que los hombres, a la hora de su integración laboral se sigue encontrando con graves dificultades, estimándose que, a diferencia de otros países europeos, el salario medio femenino es un 29% menor al masculino.

En los países occidentales podemos presumir, sin lugar a dudas, de una situación de igualdad legal, pero ni mucho menos, de haber erradicado la discriminación de nuestras vidas.

El panorama se complica más si tenemos en cuenta que “La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres”, y que la brecha que separa a hombres y a mujeres, atrapados en la pobreza, ha seguido creciendo en los últimos diez años, de manera que en todo el mundo, las mujeres ganan de media el 50% que los hombres. Es lo que llamamos “la feminización de la pobreza", un fenómeno reconocido en la Conferencia de Beijing, y que vincula ciertos aspectos de la pobreza al género.

Siempre, un escalón por debajo del hombre, la mujer continúa en pleno siglo XXI, padeciendo una situación legal prácticamente de esclavitud, que la limita en sus libertades en muchos países, y no en pocos carece de acceso adecuado a la educación.

Los asesinatos por violencia de género no son más que una forma de expresión de los tradicionales crímenes de honor, practicados habitualmente en países de corte machista, mientras que en otros la dilapidación por adulterio está recogida incluso en el código penal. ¿Y cómo llamarle a la mayor aberración que cada año padecen miles de niñas y adolescentes, sometidas a la terrible mutilación genital conocida como oblación del clítoris?.

Pero la lista continúa porque en los países pobres son numerosas las mujeres que mueren en infrahumanas condiciones, víctimas de rudimentarios partos, y del SIDA; Y hoy por hoy, todavía se utiliza la violación de mujeres como parte de la estrategia bélica de los pueblos invasores sobre los invadidos.

Mujeres oprimidas a las que el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, -ratificado inicialmente por Benin, Cabo Verde, Comoros, Djibouti, Gambia, Lesoto, Libia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica y Togo- tiende una mano estableciendo, por vez primera internacionalmente, el derecho al aborto médico, en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o de una relación incestuosa, o cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud o la vida de la madre, y reivindicando explícitamente la prohibición legal de la mutilación genital femenina; Mujeres también, aunque parezca mentira, del siglo XXI.

Milagrosa Carrero

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