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 El caso Delphi es uno de los ejemplos más claros de lo absurdo de mezclar sentimentalismo con política. A algunos en la izquierda no hay nada que les ponga más que las barricadas, heróicos proletarios a pedradas con la policia y toda la espléndida retórica de la lucha de clases desatada en los telediarios.
Evidentemente, Delphi era un blanco tentador. Una empresa grande, americana para más señas (los gringos, esos malvados) en una provincia pobre, fabricando algo tan tangible, sólido y bellamente tradicional como piezas para coches. Un cierre es un ejemplo precioso del capitalismo pegando patadas a los más pobres, oh dolor, oh sufrimiento.
El problema es que todo esta retórica es poco creíble. Delphi es una empresa enorme, cierto; también es una empresa espectacularmente mal gestionada. Delphi era un departamento más de General Motors hasta 1999, momento en que fue hecha una empresa independiente en una de las (inacabables) restructuraciones de la empresa. Dicho en otras palabras, era una parte importante de una empresa que lleva más de una década arrastrándose por el fango, ciertamente no un buen punto de inicio.
Unos años más tarde, esos temores se confirmaron. General Motors siempre ha podido maquillar sus cuentas con otras inversiones, como los derivados de su división finaciera (los que te ayudan a pagar el coche a plazos). Delphi, no. En el 2005, la empresa se declaró en Bancarrota, tras perder 741 millones de dólares en los primeros seis meses del año. La empresa inició un doloroso programa de reestructuración, que no ha dejado títere con cabeza casi en ningún sitio. Los trabajadores en Estados Unidos se han enfrentado a brutales recortes salariales (de $28 a $18.50 la hora para la mayoría de obreros) cuando los sindicatos han negociado nuevos contratos, recortes de prestaciones, y gran cantidad de despidos.
Lo de Cádiz, por lo tanto, no tiene nada de especial. Una empresa multinacional, víctima de mala gestión, se va a la bancarrota. Los accionistas piden sangre, antes que el desastre haga que su inversión se desvanezca en el aire, y los directivos se ponen a ello. El gobierno andaluz tiene un ataque de pánico, y decide tratar de hacer la inversión en Cádiz más rentable a base de regarla con dinero público. Si no están haciendo dinero ellos solitos, los beneficios los pagamos nosotros hasta el 2010. La cuenta la paga el contribuyente.
¿Qué va a pensar alguien que tiene los accionistas pidiendo cambios feroces y soluciones a largo plazo?. Primero, que oye, es dinero gratis. Y segundo, que si la fábrica no era demasiado rentable hasta ahora, es probablemente mejor idea usarlo en otro sitio donde su inversión está produciendo un mejor retorno, a base de deliciosas trampas contables perfectamente legales.
La señal más potente para los gestores de Delphi, sin embargo, es que en Cádiz no sólo tienen que preocuparse de la fábrica; también de los políticos. Las autoridades quieren la fábrica en Cádiz, contra viento y marea, y en caso de que se quieran hacer cambios o recortes necesarios, no van a permanecer neutrales. Cualquier pretensión de flexibilidad, capacidad de tomar decisiones rápidas o tratar de solucionar los problemas de la factoria va a toparse con políticos aterrorizados; así no hay quien trabaje. La conclusión evidente para los gestores es que están en una región donde se prefiere subvencionar a la empresa antes que arreglar los problemas estructurales que no la hacen rentable, que reacciona con pánico ante cualquier cambio, y que la imparcialidad o el realismo brilla por su ausencia.
Se largaran, claro que sí. Aunque cueste 500 millones de euros.
Como muy bien dice The Happy Butcher, la señal evidente para cualquier inversor es que Cádiz es una casa de locos. Cualquier inversión en la provincia tiene un riesgo añadido; no importa lo que pidan los trabajadores, el gobierno autonómico les va a dar la razón a ellos. Cuando hagan números a ver dónde invierten, en su ecuacioncita tendrán la probabilidad de éxito y los beneficios por un lado, y la probabilidad de fracaso y unos costes de cierre potenciales absolutamente prohibitivos. Si una inversión en Cádiz fallida implica que mis pérdidas serán el doble o triple que en otro lugar, estoy seguro que en igualdad de condiciones me iré a otro sitio.
Estamos en lo de siempre, la quimera de la política industrial. Los políticos deben convencerse que su trabajo es proteger a los individuos, no rescatar empresas. Si una fábrica cierra por estar llena de incompetentes, es absurdo meterse en una guerra santa con sus gestores, o tratar de mantenerla en vida mediante respiración asistida. Uno debe dejar que muera, y asegurarse que los trabajadores pueden encontrar algo tan rápido como sea posible. El estado se encarga del contexto, no de estar en el centro de la fiesta. Y eso implica irse a un rincón y asegurarse que el riesgo de invertir en su terruño sea tan bajo como sea humanamente posible, tanto para trabajadores como para los empresarios.
Vamos, exactamente lo contrario que lo que se ha hecho en Cádiz.
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