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 Me ha venido a la memoria una cosa que me dijo hace algun tiempo Félix Ovejero (mi profesor de Ética y Economía entre septiembre y diciembre de 2005), y que me pareció genial. La cosa va así: si uno se toma en serio el ideario liberal, y las críticas que los liberales suelen objetar al intervencionismo, entonces deberíamos legalizar la compraventa de votos.
Lógicamente, quedan fuera de esta crítica los anarco-capitalistas, que directamente son antidemócratas (recordémoslo, que nunca está de mas: la democracia es una forma de gobierno. Si no hay gobierno, no hay democracia). La crítica se dirige a aquellos liberales que, por razones diversas, prefieren mantener el Estado, aunque limitándolo a unas funciones determinadas. Según Adam Smith, estas funciones serian tres: garantía del orden en el interior del territorio estatal; defensa frente a las agresiones extranjeras; garantía de todos aquellos bienes que, siendo necesarios, no son ofrecidos por la iniciativa privada. Lógicamente, este último postulado aparece como demasiado “socialista”, y por ello los liberales mas coherentes (Nozick, Mises o Rand) prefieren descartarla. Al final, lo que nos queda es una especie de “Estado gendarme”, dedicado únicamente a la protección de las personas físicas, de sus libertades negativas y de sus propiedades privadas.
La razón de la demanda de un Estado tan pequeño es la siguiente: toda intervención del Estado que no se refiera únicamente a la represión de las agresiones a la propiedad privada es, simplemente, una intromisión en los asuntos privados de los ciudadanos. Si el Estado me cobra un impuesto para financiar la sanidad de un pobre, me está robando. Llevado al ámbito de las relaciones contractuales, por ejemplo las del trabajo, la cosa va así: si yo quiero aceptar una jornada laboral de 17 horas diarias es mi problema, y si el Estado pretende prohibírmelo lo que está haciendo es entrometerse en un acuerdo contractual libre que han firmado dos personas adultas (mi contratador y yo) en ausencia de coerción violenta. Tal intromisión es, por tanto, inadmisible. Ni usted, ni el Estado, saben mejor que yo lo que me conviene. La única norma por la que el Estado debe velar es por la de que las transacciones y los acuerdos se realicen sin violencia ni coerción física. Si el Estado va mas allá, entonces es él el que está iniciando la coerción violenta. Y, suelen decir los liberales citando a Rand, “ningún hombre tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro”.
Pues bien: eso mismo se puede aplicar a la compraventa de votos. Un político es, al fin y al cabo, alguien que quiere que le vote. Que ese político me ofrezca un buen programa electoral o una buena suma de dinero debería ser completamente indiferente para cualquier liberal. Mientras el político en cuestión no utilice la coerción violenta para obligarme a votarle, toda otra transacción que acordemos para garantizar que le votaré deberá ser vista como legítima por un liberal. Y no solo eso, sino que si el Estado intenta castigarnos a dicho político y a mi, estará entrometiéndose ilegítimamente en una relación contractual libre entre dos personas adultas. Estará siendo el iniciador de la violencia. Estará siendo, como gustan decir los liberales, liberticida.
Eso, claro está, solo es así si uno se toma en serio el ideario liberal. Pero eso es tarea de los liberales. Yo, que soy socialista porque soy republicano, puedo pedir tranquilamente que se prohíba la compraventa de votos dado que pervierte la democracia y pone en suspenso la autonomía moral y política de aquellos que dependen de los poderosos. De todos modos, me gustaría ver que dirían en RedLiberal si Zapatero legalizase la compraventa de votos. Este artículo pertenece al Dominio Público por expresa devolución del autor al mismo.
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