Lecturas 1276

Me permitirá el lector o lectora que comience con algunas estadísticas: según el IDESCAT, en 2006 las mujeres constituían aproximadamente un 50'33% de la sociedad de la comunidad autónoma catalana. Ese mismo año, las elecciones al Parlamento catalán dieron a luz a una cámara legislativa compuesta por un 35'6% de mujeres. Un año después, las elecciones locales arrojaron un saldo de un 12'6% de alcaldías encabezadas por mujeres en esta misma comunidad autónoma. No sabemos aún el número de concejalas elegidas allí en ese mismo año, pero si sabemos que en 2003 las mujeres constituyeron el 23'3% de los ediles escogidos ese año en la comunidad autónoma catalana. Y, definitivamente, no disponemos de datos sobre cual es la distribución de sexos en el alto funcionariado y en el gremio de los cargos de confianza, los que no salen tanto en los papeles como los consellers pero imprimen buena parte de la dirección política de las conselleries. Tengo para mi que si dispusiésemos de esos datos el panorama seria aún más desolador.

Como ocurre con todas las desigualdades, también en éste caso cabe preguntarnos por su justicia, por su fundamento moral. Al fin y al cabo, no todas las desigualdades son malas. En general, a todo el mundo le parece bien que un médico cobre más que un cajero de un supermercado, y normalmente nos escandalizamos cuando sabemos que éste último y un joven abogado vienen a cobrar lo mismo. Y a poca gente nos parece mal que haya más mujeres que hombres en las facultades de Psicología o que el porcentaje de mujeres en las de Matemáticas sea tan bajo como los sufridos matemáticos heterosexuales saben que es. Sencillamente, un bagaje sociocultural diferente y seguramente una constitución psicobiológica distinta configuran intereses divergentes. Como la desigualdad es “de concurso” en el que se escoge jugar y no “de premio” recibido, nadie sale perjudicado. Como nadie sale perjudicado, no hay por qué pedir cambios. Una de las grandes aportaciones del (buen) feminismo de la diferencia ha sido llamar nuestra atención sobre el hecho de que debemos luchar para que el hombre y la mujer sean iguales en derechos, no para que sean uniformes en preferencias y carácter.

Parece difícil, no obstante, presuponer que con la desigualdad en el acceso a la política pasa algo similar a lo que pasa con la desigual proporción de mujeres matemáticas o de hombres psicólogos. Hay algo que nos resulta intrínsecamente molesto en eso de que un sector que constituye el 50 y pico por ciento de la sociedad aporte solamente un 30% (en el mejor de los casos) de los individuos que dirigen políticamente esa misma sociedad. Si queremos saltar de las intuiciones a los razonamientos, debemos lógicamente preguntarnos por los orígenes de ésta desigualdad. Cabe apuntar a dos tipos de causas: sociales, que están más que probadas; y biológicas, que son más que probables. Por lo que respecta a las causas sociales de ésta desigualdad, es de sobra conocido que la llegada de la mujer a la política es algo muy reciente, en términos históricos, en el mundo de las modernas democracias. Por no decir que es algo recentísimo en la Historia de Occidente desde sus mismos orígenes griegos. Una exclusión política que arranca de tiempos tan inmemoriales no puede quedar solventada con un par de décadas de inclusión formal en el sistema democrático. La inercia de que “la política es cosa de hombres” sigue en el fondo presente en las prácticas y en las mentes de hombres y mujeres, aun de aquellos y aquellas de convicciones más sinceramente igualitarias. Y ello por no hablar de la multitud de dinámicas inconscientes, bastante estudiadas por lo demás, mediante las cuales en las asambleas y reuniones políticas va quedando claro que la política no es el lugar de las mujeres. Que los miembros de la asamblea se pongan a hablar entre ellos cuando interviene una mujer y que en cambio guarden el más absoluto silencio ante una intervención masculina es algo que al menos este servidor tiene sobradamente visto en sus casi seis años de militancia política. Cómo también tengo sobradamente visto que a las iniciativas y propuestas hechas por una voz masculina se las tome por lo general (por lo general) más en serio que a aquellas que son puestas sobre la mesa por una mujer. Son percepciones subjetivas, pero que parecen estar avaladas, como digo, por estudios hechos en el seno mismo de determinados partidos de izquierda.

Biológicamente, tenemos motivos para sospechar que la naturaleza ha preparado a las mujeres para intervenir en política a edades avanzadas. Helen Fisher explica ésto en su libro El primer sexo, un ensayo científicamente urgente y políticamente demasiado optimista, pero que expone algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que el interés por la política parece desarrollarse en los hombres a edades tempranas, coincidiendo con su etapa de plenitud sexual y por tanto con sus máximos niveles de testosterona. A esas mismas edades, las mujeres parecen estar más bien desinteresadas de todo lo relacionado con el poder político, y así siguen hasta que aparece la menopausia. Allí sus niveles de estrógenos disminuyen y su carácter se vuelve más agresivo y competitivo que en la etapa más fértil de su vida. Al mismo tiempo, más o menos cuando a las mujeres les llega la menopausia, los hombres van reduciendo sus niveles de testosterona y, por tanto, su agresividad y su carácter competitivo. Por simplificar mucho, parece ser que la naturaleza ha dispuesto la biología de la especie humana de manera que hombres y mujeres no igualan su interés por la gestión del poder hasta edades más bien avanzadas. El problema, claro, es que para entonces, en nuestros sistemas democráticos, los hombres han tenido décadas de ventaja para hacer carrera política. Se trata, lógicamente, de tendencias: hay mujeres que se interesan por la política a los 16 y hombres que no se interesan nunca. Pero parece ser que, a grandes rasgos, psicobiológicamente las cosas están así.

Llegados aquí, hay que hacer notar que ninguna de estas dos causas parece justificar la desigualdad en el acceso a la política. Al menos, no si nos tomamos en serio el principio, que yo creo difícilmente recusable, de “ninguna desigualdad sin responsabilidad”. Las desigualdades que son fruto de elecciones personales libres y del esfuerzo individual pueden (pueden) ser justas. Las que son fruto de la suerte y el azar son difícilmente justificables, aun cuando las podamos aceptar como garantes de beneficios ulteriores (por ejemplo, el derecho de herencia, que fomenta desigualdades totalmente arbitrarias, puede -puede- ser defendido sobre la base de evitar la dilapidación de riquezas por parte de los individuos ricos de edades más avanzadas). Y que duda cabe que las mujeres no han escogido ni su constitución psicobiológica ni sus circunstancias sociales. Cuando una y las otra determinan simplemente caminos distintos a los de los hombres, pueden dar lugar a desigualdades, o mejor dicho, a diferencias, excusables. Cuando a lo que dan lugar es a desigualdades en el “premio” (el dinero, el reconocimiento profesional o, en este caso, el acceso al poder político), entonces resulta más problemático justificar éstas. Y se impone la reflexión sobre como remediarlas.

Pero hay dos razones que yo creo mucho más importantes para descalificar ético-políticamente la desigualdad de acceso al poder político en razón del género. Razones que subsistirían aún si considerásemos que esta desigualdad es responsabilidad individual de las mujeres (que, como hemos visto, no es el caso). Razones que explicaré en la segunda parte de esta serie y que apelan, no ya a la justicia, sino a la libertad.

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