Lecturas 1398

Decía en el primer artículo de ésta serie que las desigualdades de género en el acceso al poder político son rechazables ya de entrada por motivos de justicia, porqué constituyen un premio inmerecido a la condición masculina por causas sociales y seguramente biológicas que, tanto unas como otras, son fruto del azar y no de las elecciones libres y responsables de los individuos con independencia de su sexo. No obstante, también añadía que existen motivos de más peso para considerar que la igualdad en el acceso al poder político entre hombres y mujeres es un objetivo por el que hay que luchar; motivos que tienen que ver, no con la justicia, sino con la libertad.

No hablo, por supuesto, de la libertad entendida al modo liberal. Para el liberalismo, al menos para el liberalismo ceñido a la defensa de la llamada “libertad negativa”, la libertad es esencialmente un asunto de ausencia de uso de la fuerza en contra de mis elecciones. Si nadie me prohíbe mediante el uso de la fuerza el ir a un médico, nadie podrá decir que no puedo ir al médico. Si una mujer acepta hacerle favores sexuales a su jefe a cambio de que no la despida, ésto no consistirá en si mismo en una violación de ningún derecho de la mujer sino que será un “acuerdo capitalista entre adultos responsables”, por utilizar la famosa expresión del filósofo norteamericano Robert Nozick. En suma, cuando no hay uso de la fuerza y los individuos deciden, nada hay que objetar a sus decisiones. Desde este punto de vista, la función del Estado, si alguna (no olvidemos que existen versiones anarcoapitalistas del liberalismo), es la de ejercer de gendarme, la de asegurar que nadie va a iniciar el uso de la fuerza contra nadie, incluyendo en ésto al propio Estado. Tanto da, aquí, que el Estado sea una dictadura o una democracia: si la libertad negativa se respeta, el Estado es legítimo. Aquí, la democracia simplemente se contempla como un método para mantener a ralla a los gobernantes, como un procedimiento de selección de elites políticas que impide que éstas dispongan de la fuerza armada del Estado de manera ilimitada. Si alguien no participa de estas elites no tiene por qué temer por su libertad: mientras aquellas no interfieran en su vida mediante el uso de la fuerza del Estado, la libertad queda intacta.

El republicanismo, la tradición política que late en el corazón de la izquierda democrática, contempla las cosas de un modo substancialmente distinto. Para la tradición republicana, solo es libre aquel que no depende de otro particular para vivir. La libertad, por así decirlo, se entiende como independencia, como existencia social autónoma, no dependiente del permiso de un tercero. Aquello que tienen en común el esclavo, el asalariado sin derechos sociales y la mujer integrante de una familia patriarcal es que los tres dependen de un superior (el amo, el patrón o el pater familias) para existir socialmente, esto es, para relacionarse con los demás, establecer contratos, hacer elecciones y perfilar proyectos de vida. No pueden hacer nada de esto sin el permiso de su superior, lo cual equivale a decir que no pueden vivir sin el permiso de éste. Por ello, sus elecciones no serán nunca elecciones libres: siempre estarán sujetas a la aprobación de aquel particular de quien dependen.

Los republicanos históricos encontraron en la propiedad no-interferible arbitrariamente el fundamento de la libertad republicana, de la libertad como independencia social. Aquel que poseía medios propios para subsistir y, además, los poseía de manera incondicional, sin debérselos a otro particular, era el único que podía en rigor considerarse “libre”. Esto puede parecer un ejercicio de sacralización de la propiedad aún más extremo que los que se suelen derivar del credo liberal. En realidad, el republicanismo no prescribe que los propietarios no deban ver jamás interferida su propiedad, sino qué afirma que solo aquellos que disponen de una propiedad no-interferible arbitrariamente disponen de la base material necesaria para llevar una existencia social autónoma, es decir, para ser libres. El punto clave aquí es que la comunidad política puede interferir en la propiedad del ciudadano si ésta interferencia no es arbitraria, es decir, si el ciudadano ha tomado parte en la decisión política que ha llevado a dicha interferencia. Entre otras cosas, el republicanismo no solo autoriza sino que exige a la comunidad política, a la república, que interfiera en la propiedad de aquel ciudadano que haya amasado una propiedad tan descomunalmente grande que le permita poner en peligro la propiedad de los demás y, por lo mismo, disputar con éxito a la república su derecho a definir el bien público, a decidir sobre lo que los poderes públicos deben hacer o deshacer.

El diseño institucional en que cristaliza éste ideal es variable según si la libertad se quiera restringir a unos pocos (oligarquía) o se quiera extender a todo el pueblo (democracia). Pero sea cual sea la extensión social de la libertad republicana, esta solo sobrevive en un paisaje institucional donde:

1) El ciudadano dispone de una base material de existencia (una propiedad) que garantiza su existencia social autónoma, su libertad.

2) Nadie puede interferir arbitrariamente en el ámbito de la existencial social del ciudadano ni, por tanto, en su propiedad.

3) La república puede interferir lícitamente en el ámbito de la existencia social del ciudadano y, por tanto, en su propiedad, siempre que el ciudadano se halle en relación de parigualdad política con el resto de la ciudadanía.

4) Cualquier interferencia en la propiedad del ciudadano que pudiese poner en peligro sus bases autónomas de subsistencia es ilícita.

5) La república tiene la obligación de intervenir en la propiedad del ciudadano cuando ésta alcance una magnitud tal que el ciudadano pueda disputarle a la república su derecho a definir el bien público.

6) El ciudadano está afianzado en su libertad gracias a una serie de derechos constitutivos, no meramente instrumentales, que ni él mismo puede alienar sin perder su condición de ciudadano libre (por ejemplo, el derecho a no ser vendido o comprado como esclavo).

Con una sociedad asentada sobre estos preceptos institucionales, los republicanos esperaban lograr una situación de libertad estable y duradera. Se proponían arrancar de raíz las bases de la dominación, tanto la que proviene del dominium, del poder privado (el amo, el patrón, el pater familias), como la que procede del imperium, del poder público (el Estado, fundamentalmente). En lo que respecta al tema que nos ocupa, cabe recordar la condición número 3: es lícito que la república interfiera en la vida de los ciudadanos (al cabo, en eso consiste legislar, gobernar y administrar justicia) siempre que éstos participen del poder político en igualdad con los demás miembros de la comunidad política. Y aquí es donde la desigualdad de género en el acceso al poder político resulta un problema.

Primero, por una razón evidente: si hemos dicho que por razones sociales y seguramente biológicas las mujeres tienen más dificultades para incorporarse a la lucha política que los hombres, entonces merecen especial atención por parte de la república de cara a corregir de manera activa esa desigualdad, para así elevarlas a una relación de parigualdad política real con los ciudadanos de sexo masculino. De otra manera, una mujer se encontraría de manera “natural” en una situación más vulnerable respecto a las intromisiones arbitrarias de la comunidad política en su existencia social, al estar más alejada de la vida política sea por las razones que sea. Por ejemplo, se puede exponer a que un parlamento de hombres legisle sobre su útero (sobre su derecho al aborto, sobre su maternidad...) sin contar con su opinión, es decir, de manera arbitraria. Eso a nivel individual, considerando a las mujeres tomadas una a una, por así decirlo.

Pero hay más. Y es que la tradición republicana ha identificado siempre la ciudad como un escenario de virulentos enfrentamientos entre grupos con intereses opuestos. Allí donde predominaba claramente un grupo, la relación de parigualdad se rompía y el grupo perdedor se exponía a la dominación de los vencedores. Y si bien es verdad que la tradición republicana histórica identificó la división entre ricos y pobres (o entre burgueses y proletarios, en los desarrollos socialistas del republicanismo) como la división principal de toda comunidad política, lo cierto es que a la luz del feminismo podemos identificar también otra división no menos importante: la que existe, aún hoy día, entre hombres y mujeres. Una sociedad con un parlamento enteramente dominado por hombres tenderá de manera natural a gobernar la sociedad de manera favorable a los hombres o, cuanto menos, sin tener en cuenta las preocupaciones de las mujeres.

Aquí es donde aparecerán algunas quejas masculinas diciendo que eso no es así, que los hombres también son capaces de ponerse del lado de los derechos y el bienestar de las mujeres. Es una queja atendible: realmente, el haber nacido del lado del privilegio no implica estar a favor del privilegio. Al fin y al cabo, la plana mayor de la Revolución Rusa no provenía de las filas del proletariado sino de la clase media y aún de la burguesía rusas. Todo esto es cierto. Pero también es cierto que, mirado de cerca, suelen ser los excluidos, los que caen del lado malo de la desigualdad, los que se autoorganizan para reclamar sus derechos. Todos podemos ser feministas, pero quién depende de manera vital del avance de las reivindicaciones feministas para que su propio avance personal se materialice es, finalmente, la mujer. La diferencia no es pequeña.

Podemos esperar que un parlamento compuesto íntegramente por burgueses se compadezca de la situación de los obreros e incluso se preocupe sinceramente por ella (aunque, claro está, no faltarán las ocasiones en que esto no será así), pero no podemos confiar realmente en que renunciarán sin más a sus privilegios en favor de los derechos del obrero. Habrá casos en los que sí que será así, pero será más la excepción que la norma. Y ello no por maldad esencial, sino porque quienes viven en el privilegio muchas veces apenas son conscientes de ello. Este servidor ha oído decir a alguien, sin duda perteneciente a la clase alta catalana, que “con 3.000 euros al mes no se puede sobrevivir”. Del mismo modo, hoy hay muchos hombres que creen que la mujer y el hombre ya son prácticamente iguales en todo y que las reivindicaciones del feminismo son simples lamentos propagandísticos. No se sienten privilegiados. Desconocen lo que significa ir a una entrevista de trabajo y que les pregunten sobre si tienen pareja, están casados o piensan tener hijos. Saben, y esgrimen como argumento, que hoy las mujeres estudian más y sacan mejores notas que los hombres, pero no saben que les cuesta el doble encontrar el primer empleo, y ya no digamos el primer empleo digno. Y ello por más que genéricamente se hallen comprometidos con la idea de que el hombre y la mujer deben ser iguales en derechos y libertades.

Así pues, no se trata de que un parlamento compuesto mayoritariamente por hombres vaya a trazar un plan maquiavélico para dominar a las mujeres. Pero lo que si es cierto es que ésta desigualdad en la representación parlamentaria si que va implicar, por más que el feminismo esté implantado en las mentes de los diputados (y muchas veces no lo estará), que los derechos de las mujeres van a depender ni más ni menos que de la bondad de aquellos que se benefician (estén de acuerdo con ello o no) de la desigualdad de género. Un panorama poco esperanzador para la libertad de las mujeres entendida a la manera republicana, como independencia respecto de la voluntad arbitraria de terceros, independencia que se funda en la igualdad económica y política. Un panorama que, a su vez, nos deja en las puertas de la última razón, extensión de la segunda, para preocuparnos por la igualdad de género en el acceso al poder político: la invisibilidad de los problemas de la mujer que ésta desigualdad acarrea.

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