Lecturas 813

Actualmente el gobierno español ha lanzado un paquete de medidas basadas en ayudas directas a los diversos españolitos: ayudas al alquiler, ayudas a los padres recientes, etc.. Sé que la intención de esas medidas es ayudar a personas en una situación algo apurada a mejorar su situación, aunque sea de forma temporal: incentivar la natalidad y ayudar a los jóvenes que desean emanciparse.

Ahora bien esa solución carece de lo que los que somos defensores del estado del bienestar nos gusta. Tal vez estas ayudas en sectores donde el estado del bienestar está más desarrollado tengan un efecto redistributivo y paliativo, que de una forma algo más barata que crear o extender servicios universales permita acceder a nuevos servicios a colectivos con una situación peor; en eso no entraré ahora (y daría para un debate más profundo). El problema serio radica a la hora de introducir ayudas en aspectos donde ni el mercado funciona correctamente ofreciendo servicios a un precio razonable, ni el estado ofrece alternativas que permitan cubrir seriamente la demanda.

Y en este caso estamos con el tema de la vivienda de alquiler. Es obvio para muchos que esta ayuda en algunas ciudades donde por cada persona que quiere alquilar su vivienda hay numerosos candidatos a querer ser inquilinos esta ayuda será una transferencia directa de renta pública a los bolsillos de los que las alquilan: algunos de sus candidatos tendrán 200 y pico € más y además pondrá en el mercado de los que quieren ser inquilinos a más candidatos (incentivados en principio por esa ayuda), con lo cuál, al menos en una primera fase, los alquileres subirán.

Por otro lado las ayudas para fomentar la natalidad pueden desaparecer de hoy para mañana, un año que el superávit no dé lo suficiente y se recortan. Estas ayudas no generan derechos, y en algunos casos son contraproducentes económica y socialmente.

¿Pero que puede hacer un gobierno que quiera ayudar en el tema de la vivienda o fomentar la natalidad?, hombre, el tema no es sencillo. Ni barato. No son soluciones que se solventen con un pequeño superávit coyuntural de un año o de 4. Sinó invirtiendo y a largo plazo, tal y como lo han conseguido en algunos países nórdicos.

Si queremos fomentar la natalidad tendremos que fomentar que o bien el mercado o bien el estado del bienestar suplan lo que las familias están dejando de hacer y que limita el nacimiento de criaturas en parejas que ya conviven: el cuidado de las criaturas. Esencialmente las guarderias de 0 a 3 años que permitirían liberar a las familias de la función cuidadora durante unas horas. Puede parecer dramático que “el sistema” (sea el estado o el mercado) tenga que suplir a los padres de esta función, pero es que el actual sistema económico y social ha llevado a que los dos progenitores estén en activo o trabajando o intentando trabajar o realizando alguna actividad. Aunque no ha desaparecido la familia típica donde un progenitor cuidaba la prole y el hogar como principal y casi única actividad, este modelo es minoritario. En nuestro país el mercado no consigue suplir esa necesidad a un precio razonable y de forma garantizada a todos los estratos sociales y con las garantías que socialmente exigimos de un centro que cuide a los niños menores de 3 años, lo consigue de forma parcial y a unos precios poco asequibles. El estado tampoco tiene una oferta tan grande. Una ciudad como Barcelona, con una oferta de plazas públicas de 0 a 3 años, y que se considera comparada con el resto de Catalunya o de España como muy desarrollada en este aspecto, es raro cuando logra cubrir más de la mitad de la demanda de plazas.

Es cierto que el hecho de que la escolarización entre 0 y 3 años no sea obligatoria ha hecho que el estado exima su responsabilidad, pero también no es menos cierto que la oferta de enseñanza superior pública cubre con mucho mayor éxito la demanda de esta formación, que tampoco es obligatoria.

Construir un sistema educativo garantista y universal para los 0 a 3 años no es fácil. No se construye de hoy a mañana, y menos aún en un sistema como el nuestro que tiene transferidas las competencias de educación a casi todos los territorios. Requiere inversiones a largo plazo en construcción de nuevos centros y requiere comprometer presupuestos futuros en los costes de mantenimiento y salarios de los profesionales de estos centros. Es decir, requiere una apuesta muy seria en políticas públicas y en incrementar el gasto público, no sólo el de este año, sinó el de los futuros años. Y requiere consenso con un montón de gobiernos autonómicos de diversos colores y pelajes.

También con el tema de la vivienda, el ministerio puede actuar poco directamente considerando que están transferidas las competencias. Pero para según que actuaciones es mucho mejor no actuar. En esto algunos liberales tienen razón, es preferible una ausencia de estado que una mala presencia de este. Intentar intervenir en el mercado inmobiliario de forma “sorprendente y innovadora” mediante un conjunto de ayudas cuyo efecto es más que cuestionable y seguramente pernicioso en más de una ciudad, es una forma de malbaratar el dinero. Se podría preguntar lo fácil... ¿y que harías en su lugar?. Podría proponer la construcción de suficientes viviendas a precio público (y controlado directamente por el estado en la compraventa para evitar los pagos en dinero B) pero eso es un absurdo presupuestario. Soy de los que piensan que el estado poco puede hacer contra una bola especulativa como la inmobiliaria y lo mejor es preparar el cuerpo económico para la convalescencia intentando potenciar otros sectores. Pero si lo que queremos es que los que están peor no se queden colgados.. hay algunas formas de hacerlo: los municipios realizan algunos esfuerzos en la construcción de viviendas de alquiler para jóvenes. Aunque con el dinero de las ayudas no dé para cubrir tantas plazas como ciudadanos beneficiados por ellas es seguro que el efecto no es pernicioso inchando el precio del alquiler: por un lado hay algunos jóvenes que entran en el mercado público a precios protegidos que se ven beneficiados directamente y por el otro el resto de demandantes de alquiler ganan poder negociador, ahora hay menos demandantes por piso ofertado que antes, aunque sea una menudencia algo les beneficiará. Y si se trata de ir a los que les va peor, los ayuntamientos suelen tener paquetes de ayuda a las familias en situación de alarma social, personas que los servicios sociales han identificado y tienen detectadas como personas que necesitan ayudas puntuales para superar una mala racha o que no van a poder conseguir otras formas de ingresos (como personas jubiladas con pensiones irrisorias a las que les suben el alquiler) y que sin esa ayuda irían a la calle.

Destinando ese dinero a este otro tipo de ayuda al menos logras ir realmente los que están peor y en situación de alarma social, y aunque fomenta la “cultura de la subvención” que tanto hace temer a los liberales es sobre personas o bien que necesitan esa ayuda para salir del bache o que ya no tienen otra forma de valerse por si mismos y su alternativa es la beneficiencia (no sirve el argumento del “incentivo” a una persona retirada de 75 años, o a enfermos mentales que no tienen familia a la que recurrir) y salir del piso en alquiler en el que están.

Es verdad que por otro lado hay mecanismos que fomentarán que los pisos se pongan en alquiler, como controles a los pisos vacíos que realizarán algunas comunidades autónomas (aunque son más palabras expresadas llenas de buenos deseos que realidades viables) y mecanismos de incentivo como una legislación que cace al moroso profesional y de ciertas garantías extras al que pone en alquiler una vivienda. No todo es “humo y espejos” en la política de vivienda del gobierno, pero no nos engañemos, poco más puede hacer sin comprometer grandes porcentajes del presupuesto del estado.

En el fondo, este gobierno ha profundizado bastante en el estado del bienestar, en especial con las medidas de atención a las personas dependientes creando la sombra de lo que sería una pata importante del estado del bienestar socialdemócrata. Y esto compromete parte de los presupuestos futuros y obliga a mantener alto el gasto social de este mandato y el de futuros mandatos. Ahora bien en el caso de estas dos ayudas no se generan derechos, no se profundiza en un estado del bienestar sinó en un paquete de ayudas para “salvar el momento”. A mi entender debería haberse avanzado en la dirección de la garantía de derechos sociales o intervenciones más eficaces en el mercado en lugar de medidas espectaculares y que a priori parecen beneficiar a más gente.

Entiendo que las democracias conllevan que los gobiernos necesiten revalidarse delante del electorado y lanzar medidas que seduzcan, a pesar de que no sean tan efectivas como parecen en un primer momento, pero creo que a pesar de entenderlo políticamente puedo intentar pedir que se haga una gestión más inteligente del dinero público, porqué algo que beneficia a corto plazo, no es de visión estadista. Casi incluso, hubiera preferido que ese superávit hubiera servido para reducir el déficit acumulado y retornar a la banca un poco más de cash que ayudaría a intentar frenar la subida de tipos, y sobretodo permitir algo más de maniobra al gobierno en los próximos años en los que parece que estamos entrando en una posible recesión de la actividad económica en un sector, como la construcción, tan importante en nuestro país. Al menos me consuela saber que Solbes sigue estando en el gobierno y parece que sigue más o menos apostando por algunas de las lecciones de Keynes y Galbraith, y aunque suene poco progresista: las medidas sociales han de ir acompañadas de su correspondiente medida económica.

Comentarios de los usuarios (0)

Añade tu comentario