En las últimas semanas algunos de los grandes bancos españoles han hecho ostentación de su inmenso poder patrocinando y poniendo nombre a algunas de las competiciones deportivas más importantes, como la copa americana de fútbol "Copa Santander Libertadores" (1), o la española "Segunda División BBVA de Fútbol Profesional" (2).

Un lavado de cara que no es casual que se produzca cuando aumentan las críticas, denuncias y pruebas de su actividad corrupta e incluso directamente delictiva. La compra de voluntades políticas, el blanqueo de dinero, las cuentas secretas o el financiamiento de empresas contaminantes y de armamento son sólo algunas de las acusaciones que recaen continuamente sobre las entidades bancarias y financieras más conocidas. 

Quieren aparentar que son generosas y ejemplos de mecenazgo desinteresado pero, en realidad, lo que buscan es solamente ganar nás y más y más dinero a cuenta de lo que sea. Por eso están implicadas también en una soterrada lucha (no siempre leal) para lograr quedarse con fondos sociales ahora bajo control público como los de las pensiones, o para introducirse torticeramente en la vida académica para quedarse con la rentabilísima gestión de los ingresos de las universidades, de los de sus estudiantes y profesores

En las últimas semanas hemos podido comprobar una vez más cómo las entidades financieras han estado en el origen de la última crisis hipotecaria, provocando una situación de debilidad e inestabilidad que con toda seguridad no ha acabado y que terminará afectando al conjunto de las economías y de la actividad económica.

Todo ello es la consecuencia directa de dos factores. Por un lado, del carácter parasitario y pernicioso que han adquirido las instituciones financieras cuando no quedan sometidas a otra lógica o estrategia distinta al afán de lucro. Y por otro, a la cada vez más evidente y peligrosa falta de controles institucionales que pudieran impedir las actividades inmorales, despilfarradoras o simplemente ilegales que vienen realizando continuamente en la casi total impunidad.

La burbuja bursátil de los 90 transformó las costumbres empresariales y consolidó a la especulación y a la corrupción como un alimento preferente de las grandes empresas, como demostró el paradigmático caso de la multinacional eléctrica Enron. Ahora, la reciente crisis financiera ha puesto de relieve que, lejos de disminuir, esta deriva de las corporaciones hacia lo ilícito no ha hecho sino profundizarse a lo largo del tiempo.

Ante este grave proceso los bancos centrales se han limitado a mirar hacia otro lado, en un vergonzoso y cómplice ejercicio de irresponsabilidad. Apenas si se han dado modestísimos pasos aparentemente dirigidos al fomento de la transparencia y de la llamada "responsabilidad social de las empresas", que la realidad ha demostrado insuficientes, cuando no totalmente inútiles.

En lugar de apagar fuegos y evitar que se produzcan, las autoridades monetarias y financieras los avivan por su complicidad e inoperancia. En lugar de advertir, denunciar y controlar, mantienen un silencio doloso orientado a salvaguardar los intereses de los grandes poseedores de recursos financieros.

De hecho, es ya verdaderamente vergonzosa la forma en que ocultan a los ciudadanos lo que está pasando, el peligro financiero que suponen los balances artificialmente hinchados de los bancos, su solvencia amenazada, sus cuentas que no cuadran sino por medio de artificios contables... Y, sobre todo, la inutilidad social de sus operaciones financieras, cada vez más lejos de la economía real y de las necesidades efectivas de las empresas y los consumidores.

La actividad financiera y bancaria es cada vez más inmoral, más inapropiada para crear riqueza, más especulativa y peligrosa para la economía en su conjunto, menos beneficiosa para el conjunto de la sociedad y sólo más rentable para las grandes fortunas.

Hoy día es ya una urgencia impostergable proponer y adoptar medidas contra el desorden financiero y contra la conversión de las finanzas en un gran y corrupto casino global.

Hay que redefinir la fiscalidad actual, estableciendo tasas a las transacciones financieras, e implantar controles mucho más estrictos a los movimientos de capital. Es urgente que los gobiernos recuperen el terreno perdido en cuestión de poder y capacidad de decisión económicas. Es imprescindible democratizar las decisiones económicas.

La vergonzosa y criminal existencia de paraísos fiscales, donde los controles de los capitales son exiguos o nulos, resulta imprescindible para que las entidades puedan legalizar dinero procedente de actividades ilegales e incluso criminales. Por eso, su supresión debería ser un objetivo prioritario para los gobiernos y las organizaciones internacionales que de verdad defiendan un mínimo de legalidad y moralidad en la economía mundial. 

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica ha venido acompañada de un consecuente deterioro de la democracia, puesto que equivale de hecho a una transmisión de poder desde los órganos representativos hacia entidades donde los mecanismos democráticos simplemente no operan. Y paralelamente, los dueños de estas entidades se han convertido en las personas más influyentes de nuestras sociedades, adquiriendo unos roles de extraordinaria importancia en la toma de decisiones en la vida social y económica.

Si realmente creemos en la democracia es hora de reconocer que el único camino posible para implantarla pasa necesariamente por una reestructuración del sistema financiero internacional. Se trata de impedir que las grandes entidades procedan de forma mafiosa y se hagan con un poder que nadie les ha otorgado. Los bancos y las grandes corporaciones financieras son hoy día los mayores enemigos de la libertad real, de la democracia y del bienestar social.