Lecturas 1213

Esta semana Miguel Núñez, ha publicado un artículo “Crítica al independentismo en España “ atacando a la opción independentista basándose en argumentos legales y constitucionales. Mi enfoque es diferente, la independencia de un territorio tal vez sea algo más inevitable si una inmensa mayoría de los ciudadanos de ese territorio así lo deciden por mucho que los mecanismos de autoprotección y unión del estado establezcan lo contrario.

Aprovecharé los propios argumentos de Miguel para intentar refutar parte de su espíritu e intentar acercar las respuestas hacia mi tesis aprovechando el enfoque de su artículo original. Sin ser independentista (y mucho menos nacionalista), sí que parto que la sociología establece al final el modelo de estado en que configuramos la estructura institucional. Si una inmensa mayoría de catalanes, por poner un ejemplo, deseáramos la independencia es algo que debería ser negociado pero a la larga inevitable; para mí reivindicar el derecho a la autodeterminación es luchar por algo que ya de por sí deberían tener y de hecho tienen todas las comunidades políticas, por tanto es algo por lo que no lucho, simplemente la comunidad política catalana se autodetermina en todas y cada una de las convocatorias electorales (al menos las “nacionales” al Parlament), y expresa el apoyo a las opciones independentistas, a las federalistas y a las soberanistas. El día que el independentismo obtenga un verdadero apoyo electoral mayoritario y a su vez sea capaz de impulsar un proyecto segregacionista serio y con cara y ojos, y que además tenga el apoyo de la comunidad política catalana, al final será inevitable que esta se produzca.

A pesar de ello no puedo evitar de observar los argumentos que Miguel Núñez expone en su artículo, y entraré en ellos para intentar refutarlos:

Actualmente la propia propuesta, la conclusión mejor dicho, sería ilegal. No así tanto el camino. Quiero decir que si, dentro de los Estatutos y la Constitución, los grupos políticos mayoritarios de determinada Autonomía apostasen, explícita e inequivocamente, por la segregación, digamos que la legalidad vigente “implosionaría”. Se entraría en una paradoja jurídica interesante; aunque los Estatutos no reflejan esta posible situación, serían los propios Estatutos las primeras víctimas, y teniendo en cuenta que la Constitución se sostiene sobre una lógica piramidal evidente, de la sociedad el Estado y no al revés, una posible Asamblea Constituyente de Cataluña o Euskadi sería, no tanto ilegal, que también, si no sobre todo alegal, es decir, no estaría reflejada como contrapuesta en una figura legal explicita, pero su desencadenante evidente sí sería contrario a lo consagrado como exclusivamente lícito en la Constitución y Estatutos.

Aunque es cierto que en la Constitución no se contempla la opción de una asamblea constituyente catalana, por poner un ejemplo, es también un subterfugio legal para eludir un problema político. Si planteamos la situación extrema en que un 90% de la población de Catalunya decide que su deseo es fundar un estado propio, sólo nos podemos oponer por dos vías: la viabilidad del estado catalán lo hace ridículamente imposible, o bien existe un fundamento de lo que intenta defender esa constitución, de esos principios de derechos básicos que estemos violando por el hecho de buscar vías extraconstitucionales y alegales para conseguir la independencia de un territorio.

Por viabilidad del estado Catalunya es equivalente en muchos sentidos, por población, cohesión social, incluso en riqueza por cápita, a algunos estados europeos y ese no sería el verdadero problema, ese no sería el problema como bien indica el mismo autor en su artículo, el problema radica tal vez en que haya principios democráticos que la constitución salvaguarda que se vean violados por un proceso de independencia alegal.

Al haber un apoyo social más que evidente hacia la independencia el estado no estaría sirviendo a esta comunidad política si enfrentáramos una comunidad política, la catalana, que expresa su deseo de independencia claro y de forma inequívoca, y que no puede ejercer pasos hacia la independencia porqué el resto de la comunidad política mayor a la que pertenece se lo impide. Aquí chirriaría la constitución por ser obviada por un proceso de independencia, pero es posible que el chirrío sea aún más grave en los propios principios que la constitución intenta salvaguardar. La viabilidad del estado español no estaría en cuestión si algunos territorios se segregaran, otros estados más pequeños, han sufrido cercenaciones territoriales más graves sin que se viera comprometida la viabilidad... y por tanto deje a una comunidad política desvalida con un estado extremadamente pequeño y débil incapaz de garantizar los derechos individuales y los servicios del estado del bienestar necesarios. España es viable sin Catalunya y viceversa.

Por tanto la “lesión” que sufriría la comunidad política española por perder los efectivos catalanes, por poner un ejemplo, no justificaría el obligar a la comunidad política catalana a no independizarse. Estaríamos obligando a una comunidad política (y por tanto a los individuos que la componen) a someterse a un proyecto colectivo en contra de su dignidad y deseos personales, sin que, además, esté justificado en un bien superior o en el interés general, sinó en el puro interés de la mayoría que somete a esa minoría.

Y por muy constitucional que esto sea, comienzo a pensar que no sería democrático, o al menos la opción de que los países puedan definir su independencia si la gran mayoría de la población así lo desea tal vez sea más democrático que la actual situación constitucional.

Si el Estatuto aprobado en primera instancia no es segregacionista, hay lugares comunes, si hay lugares comunes, habrá que negociarlo con la otra parte, por eso una delegación autonómica presenta la propuesta en el Parlamento y se debate y negocia allí; es una propuesta de convivencia de esa autonomía con el resto de España, así que no solo es lógica esa frase del proceso, es que además es lo más democrático, y es lo que plantea la Constitución española como proceso de reforma básico para todos los Estatutos de Autonomía.

Primera cuestión y que fundamenta las tesis independentistas. Si los estatutos que se reforman fueran insatisfactorios para los ciudadanos de los territorios potencialmente independentistas porqué constantemente ese debate parlamentario los rebaja en sus pretensiones, es un argumento más bien a favor de las tesis independentistas. Es verdad que la estructura del estado, planteada desde un estatuto más federalista, tiene que ser pactada por el conjunto del estado, eso es cierto, pero si ese pacto no es posible, o resulta insatisfactorio para los ciudadanos de un territorio siempre queda la opción para no pactar.

Las constituciones se han construido sobre alegalidades sobre el sistema anterior y existen diversas experiencias de países que se han constituido en estado a pesar de la legalidad constitucional anterior porqué el peso de la sociología ya no permitía ese subterfugio legal. El capítulo 8º de la constitución española y su indivisibilidad no puede obligar a estar atado a un estado a los ciudadanos de un territorio si estos mayoritariamente y de forma reiterada expresan su deseo de independizarse. Un señor de Murcia ha de poder decidir como será la relación de Catalunya dentro del estado español, como ciudadano de ese estado, pero si los catalanes optásemos por independizarnos, a lo máximo que democraticamente debería aspirar a decidir serían las condiciones en las que marchamos del estado español, no el hecho de poder marchar. Obviamente a fuerza de imponer una legalidad que no es capaz de dar respuesta a un problema político y social como una hipotética Catalunya con el 80% de personas activamente volcadas por el independentismo, o a fuerza de una hipotética coacción militar puede obligar a los catalanes a permanecer dentro del estado español en contra de su voluntad. Pero entonces no estamos asumiendo ciertos principios de la democracia, como es que ningún proyecto colectivo se sobreponga a la dignidad de ningún individuo ni se imponga condiciones draconianas a ninguna minoría [aunque ultramayoritaria en una región], y en base a una constitución que ha de servir a los principios democráticos y las libertades individuales (que se expresan también como reivindicaciones colectivas y proyectos políticos compartidos) estaríamos yendo precisamente en contra de esos principios.

Es obvio que el respeto a la legalidad vigente es algo innegable para que pueda existir un estado de derecho, pero cuando las medidas de reforma llegan a un punto sin retorno, si aunque el independentismo pueda conseguir calar en un 100% de la población de un territorio estos no podrán serlo porqué el resto de ciudadanos de otros territorios del estado no lo desean, estaremos en un punto donde la legalidad estará yendo en contra de sus objetivos que son la convivencia, el respeto de las libertades, la promoción de la autonomía personal, el establecimiento de unas normas de consenso y de convivencia, y la búsqueda de la paz social.

Si la respuesta por parte del “sistema” es en este caso decirle a una comunidad política que aunque consiguiera el 100% de personas convencidas por una opción independentista activa no lo puede conseguir porqué el resto de una comunidad política mucho más amplia a la que pertenecen no les dejará nunca, es cerrar puertas. Yo no puedo aceptar un sistema democrático que cierre la opción a que una comunidad política viable defina su futuro de forma independiente si esta así lo decide, y me cuesta mucho entender como más democrática la opción en la que una comunidad política mayor puede someter arbitrariamente a una menor sin estar justificado por un bien superior (como la viabilidad de la comunidad política superior). Si ese es el mensaje: la constitución marca el límite, nunca podrás independizarte si el resto del estado no quiere, por más que el consenso en tu país/nación/autonomía sea el más amplio, por más que los ciudadanos catalanes lo consideren esencial, nunca jamás podréis independizaros ya que la comunidad política española no lo va a querer; entonces aquí estamos ante un sistema que podría provocar fallos por los cuatro costados.. la constitución ha dejado de servir a los intereses de los derechos individuales y como herramienta de protección de la democracia para ser herramienta de control político de una ideología concreta (nacionalista española) sobre cualquier otra posible forma de funcionar dentro del juego democrático.

En el hipotético caso de que esto se dé, al final la comunidad política catalana no podrá más que ejercer su derecho a ser independientes y de una forma más o menos alegal, con mayor o menor reacción de fuerza y coacciones por parte del resto del estado español, pero sería ineludible que la situación de mayor equilibrio y sostenible en el tiempo y además aquella que es más democrática es en la que Catalunya se vuelve independiente.

Sé que este no es el escenario actual, si tenemos que valorar los resultados electorales y lo que ha decidido la mayoría de catalanes en el referéndum del Estatut, los catalanes no estamos buscando la independencia, sinó otra forma de autogovierno y reducir el déficit fiscal ya que no somos relativamente tan ricos como antes y nuestra solidaridad territorial tiene que ir más acorde con nuestra riqueza actual y el crecimiento que otros territorios ya han tenido. Pero aunque la opción real está muy lejos de que los ciudadanos de Catalunya reivindiquemos la independencia con unas mayorías aplastantes, si que es bueno plantear que en el caso de que esta realidad cambiara, al final hay una salida más democrática que la lectura directa de lo que la constitución contempla como posibilidades a la independencia. La Constitución ha de estar al servicio de las personas y de las comunidades políticas y no al revés, e incluso si su diseño de reforma está hecho para que jamás de los jamases la unidad del estado pueda ser cuestionada, esta Constitución también ha de ser la de los independentistas y si no lo és, entonces es que está mal redactada: la Constitución ha de proteger y dar paragua a los centralistas, pero también a los soberanistas, han de saber que si vencen en su comunidad política van a poder llevar a cabo el proyecto político por el que les han votado, a menos que violen algún principio democrático o provoquen un mal mayor... cosa que hemos visto que no es así.

Por último analizo el tema de la identidad nacional que perfila Miguel Núñez:

Uno puede dormir todas las noches envuelto en la bandera catalana, hablar las 24 horas en catalán, escribir en catalán, y ser así, un perfecto español, sin nada que añadir o quitar. Quizás el mayor error de la derecha española siempre haya sido ese; unir el sentirse parte de este país a una forma única de ser. Sin embargo, otro error de los llamados nacionalismos periféricos es destruir esa convivencia a base de explotar, artificiosa e interesadamente, sentimientos de indignación por la “dominación antidemocrática del Estado español”, y demás cosas, operaciones planificadas desde las cúpulas de ciertos partidos para mantener en un estado de indignación latente a los nucleos duros de sus electorados, que son los pilares de su poder político.

Hoy en día las diferencias culturales ya no pueden ser un problema para nada, y creo que al final, el desenlace lógico es que el PNV, CIU y otros partidos, se reconviertan a partidos que solo se muevan en las dicotomías del eje izquierda-derecha, disolviendo la relevancia del hecho identitario como elemento de juego político, que la importancia que debe tener, como elemento de controverdsia pública, es completamente nulo.

La identidad nacional no es objeto valadí.. ya hablé de ello en un artículo anterior. La identidad nacional, como otros elementos personales e ideológicos conforman parte de la identidad personal y por tanto son vitales para lo que sienten y viven de sí mismos los ciudadanos. No me siento nacionalista, pero la comunidad política con la que te identificas (o la pluralidad de comunidades políticas con la que te identificas) marca mucho lo que pensamos de nosotros mismos, no es sólo coyuntural de un momento de fervor nacionalista, sinó que configura nuestras personalidades y nuestra identidad. Está totalmente ligado a nuestra intimidad y no podemos considerarlo tan sólo como un mecanismo de control social inducido por X partidos o organizaciones. Para alguien que su identidad nacional no está en jaque puede que no identifique ese problema, si alguien está a gusto con la situación actual no lo verá como un problema o algo importante, pero para los ciudadanos que su identidad nacional no es conforme con la situación real y no tienen reconocimiento institucional de ella no es algo que les deje parados. No estamos hablando de un capricho o una moda.

Por otro lado, lo que también fomenta una desafección con una identidad nacional española es una relación que se percive (y que al menos los números que manejamos desde aquí y que el propio Solbes reconoce) es que esta es insorportablemente asimétrica y que estamos dando más que lo que recivimos y lo que podemos ser solidarios. Que nuestro desarrollo como país se ve lastrado por una asimetría brutal en el tratamiento histórico que desde la administración del estado se ha dado en nuestro territorio. En esto hay bastante cohesión y conformidad y así lo indican las encuestas, como también la postura oficial de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el PP y Ciudadanos, ambos bastante marginales electoralmente. Si la identidad nacional catalana es atacada sistemáticamente tanto desde las tribunas periodísticas o políticas, pero también desde los que no la entienden sin pertenecer a la comunidad política catalana, y si el trato que se percive es asimétrico e injusto, el independentismo prosperará, y no sólo eso, la identidad nacional mixta española y catalana será más difícil de mantener.

En esto, a la comunidad política catalana no se la puede obligar a elegir, por el momento si “se quiere más a papá o a mamá”, en una gran mayoría del 80% los catalanes nos sentimos catalanes y españoles en mayor medida una y otra identidad, sin demasiados problemas y sin que ello signifique ninguna dicotomía extraña. Igual que en Catalunya tenemos que velar porqué la minoría extrictamente españolista no se sienta agredida en su identidad nacional, o porqué la mayoría que tiene una parte de su identidad nacional puesta en España compartida con la identidad nacional catalana no sienta cierto repelús al escuchar según que periodista a sueldo público (tal y como alertaba el diputado del PSC, Joan Ferran), desde el otro lado se debería ser cuidadoso en no atacar la identidad nacional de los que sienten que su comunidad política prioritaria es la catalana y no la española.

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