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¿Es delito?

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¿Las declaraciones de una institución, empresa o colectivo como puede ser la Conferencia episcopal española están sujetas al régimen jurídico vigente para todos los españoles tanto individualmente como colectivo? No, puesto que las últimas expresadas por los obispos (y a decir verdad las anteriores y las que llevan años diciendo) son constitutivas de delito, aunque aquí nadie lo denuncia ni ejecuta las oportunas acciones dirigidas a la corrección y reparación delictiva.

Zapatero ha manifestado su discrepancia "absoluta" con las afirmaciones de los arzobispos de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y de Valencia, Agustín García-Gasco; este último aseguró en la concentración a favor de la familia que las leyes sobre el matrimonio homosexual, el divorcio y el aborto disuelven la democracia. Zapatero y la inmensa mayoría de demócratas españoles alucinamos con esta afirmación antidemocrática de susodichos personajes. Por si fuera poco, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan A. Martínez Camino, aseguró en una tribuna publicada en el diario El Mundo que el reconocimiento del matrimonio homosexual equivale a desnaturalizar el concepto hasta el punto que "no es en absoluto exagerado decir que en España el matrimonio ha dejado de existir legalmente". Genial, en absoluto exagerado, alguien que afirma que el cambio legal, valga la sutil redundancia es ilegal. Martínez Camino argumenta que la Ley de Reforma del Código Civil en Materia de Matrimonio equipara "el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo [...]. El matrimonio resultante de esa operación legal, (para él ilegal) ya no es la unión de un varón y de una mujer, sino la unión de cualesquiera ciudadanos". Y claro un ciudadano es una cosa de naturaleza legal y jurídica diferente de un varón o mujer, cuando nuestra Constitución en el Título I “De los derechos y deberes fundamentales” en el artículo diez expone:

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España.”

Y claro, una institución o empresa como la Conferencia episcopal puede vulnerar el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, oponerse a la carta de los derechos humanos, a los acuerdos internacionales y aquí, no pasa absolutamente nada, para variar. ¿Con la Iglesia hemos chocado? Su derecho a la libre expresión incluye la apología contra la Democracia. Los hay que por quemar fotos van a la prisión o por hacer chistes sobre miembros de las instituciones del país. Ellos en cambio pueden socavar la legalidad democrática. Ejemplo: Las clásicas y aburridas injurias e insultos lanzados contra el gobierno de Zapatero que si nos atendemos al Código Penal vigente, el cual expone claramente en su artículo 161: “Incurrirán en la pena de prisión mayor: los que injuriaren, calumniaren o amenazaren gravemente al Regente o Regentes, al Gobierno, al Consejo general del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a los Gobiernos de las Comunidades Autónoma” son delito. Claro, las perlas actuales recogidas, y las que llevan años diciendo tanto directamente tanto en medios como la COPE no son en su caso y gracias a una patente de corso sábete quién se la otorgó no son objeto de la acción punitiva. ¿Con la Iglesia hemos chocado?

En fin esto tan solo es una muestra. Cualquier docto en leyes nos podría, (propongo que lo haga) realizar una larga exposición sobre la vulneración de derechos Constitucionales objetos de sanción por el Código penal que la Conferencia episcopal lleva realizando con asiduidad desde la instauración de la democracia en España, es decir, desde que la Carta de los Derechos Humanas es el espejo en el cual la vivencia y convivencia de los ciudadanos españoles se reflejan.