Lecturas 532

Introducción: secularismo y modernidad

El secularismo es una de las grandes conquistas de la modernidad. Entiendo por secularismo algo bastante amplio que designa todos los esquemas en donde políticamente, el poder secular está por encima del poder religioso y se toleran distintas creencias y cosmovisiones.

Esto no es solamente algo puramente ideal, como lucha épica por la libertad de creencias y de conciencia, sino que además es la prolongación natural de una de las bases fundamentales de nuestra properidad y nuestra civilización: la admisión y tolerancia del disenso y el freno al totalitarismo son las bases para el dinamismo de las economías occidentales. David Landes, por ejemplo, explica que el dualismo medieval entre el emperador y la iglesia y la lógica de checks and balancies que supuso, fue un factor decisivo en el desarrollo del excepcionalismo europeo. La libre competencia de cosmovisiones, concepciones de la realidad y su compatibilización pacífica en el espacio público bajo la fórmula del pluralismo, no solo es un imperativo ético, es sobre todo una necesidad para el desarrollo (en sentido lato).

El secularismo y la la sombra de la historia

Aunque el secularismo es un fenómeno común a todo el mundo civilizado, existen distintas fórmulas de pluralismo y muchas más de secularismo. La historia europea ha trazado dos caminos distintos para los Estados protestantes y los Estados de obediencia romana (se trata detipos ideales). En los primeros, el proceso de secularización se lleva a cabo a través de la acción política; en la medida en qué la espiritualidad es una competencia del Estado, la progresiva democratización llevó también a la tolerancia de las iglesias oficiales (el caso de Suecia es paradigmático) de confesiones no oficiales y de ideas disidentes.

En los Estados católicos, sin embargo, este proceso es distinto. En tiempos de la contrarreforma se forja una alianza entre el el altar y el trono. El término alianza sugiere que a diferencia de los Estados protestantes, las partes (los Estados y Roma) mantienen su individualidad sin subordinación. Aunque es cierto que las iglesias se renacionalizan acentuando sus particularidades y rompiendo el universalismo medieval, estas no son absorbidas por la maquinaria del Estado, sino que coexisten como una organización paralela en un equilibrio de poder.

Esta fórmula hace que los procesos de secularización sigan un camino bastante distinto el esquema clásico del enfrentamiento entre secularistas y confesionalistas cuya chispa prende con el génesis de la edad contemporánea. La conquista del poder por el pueblo y el dogma de la soberanía nacional ponen en cuestión el equilibrio de poder que existía entre la iglesia y el Estado, revisándolo a favor del segundo. El resultado son las luchas a menudo violentas que se llevan a cabo a lo largo del siglo XIX y parte del XX donde el secularismo toma a menudo la forma de un anticlericalismo explícito, dividiendo violentamente a las sociedades que lo sufren. Dos ejemplos de la culminación de este proceso son las terribles leyes de separación de iglesia-estado de 1905 en Francia y el proyecto laicista de la segunda república española.

España: de la II República a la transición

El caso que nos interesa aquí es el de España. El triunfo del bando apoyado por la Iglesia católica en la guerra civil llevó a la instauración de un regímen de tipo autoritario cuya religión oficial era la obediencia romana.

El concordato firmado entre la Santa sede y el régimen consagraba y modelo claramente cesaropapista análogo al del antiguo régimen donde la iglesia tiene competencia sobre el Estado, y, al mismo tiempo, el Estado competencias sobre la iglesia (un ejemplo es el derecho de terna). Así, durante un primer periodo, la Iglesia juega un papel legitimador del régimen, contribuyendo a fraguar sus apoyos en un modelo puramente corporativo y en competencia con las demás familias del régimen (el sindicato, el partido, el ejército, etc).

Sin embargo, a este primer rol de legitimación se a va a forjar un segundo papel de desestabilización y de motor del cambio del régimen. Esto es algo bastante constante en todos los regímenes autoritarios donde se respeta a la iglesia: la iglesia permite la supervivencias de estructuras de sociedad civil y por lo tanto permiten cierto pluralismo dentro del regímen y cierta capacidad para la acción colectiva.

Con el cambio de contexto internacional (la guerra fría) y sobre todo eclesiástico (el concilio vaticano II, la marxización de un sector importante del clero) va a ser la propia Iglesia la que reclame un espacio de autonomía respecto del régimen. Va a ser en la propia iglesia donde va a nacer un sindicato como comisiones obreras o desde donde muchos intelectuales católicos van a proponer la necesidad de un cambio (¿alguien sabe de donde vino José Bono?).

Por otro lado, la iglesia jugará un papel totalmente esencial en la modernización del régimen. Tras la marxización de los jesuitas (mayo del 68 fue el apogeo de este fenómeno), la creación de varios grupos seglares (de los que el Opus Dei es el máximo exponente) significarán un intento de refundar una élite dentro de la propia Iglesia que, siendo especialmente conservadora en determinados aspectos (bioéticos fundamentalmente), era profundamente pragmática (léase tecnocráta) en la mayoría. De esta forma, tal vez sin saberlo, los intelectuales conservadores pusieron a España en la ruta del progreso sobre el que se asienta nuestra prosperidad.

La iglesia, el Estado y la Constitución del 78

El papel jugado por la iglesia en el proceso de cambio político del lado de las fuerzas del progreso no fue gratuito. Al igual que en todos los esquemas de transición bajo la forma de “ruptura pactada/reforma pactada” (los países excomunistas o algunos países de América Latina son un ejemplo), las élites del antiguo régimen se aseguran un billete de entrada en el mismo.

Las relaciones iglesia-estado están reguladas en España bajo el modelo de “Estado aconfesional no laico”. A diferencia de un modelo de Estado laico, como el francés, el Estado reconoce la existencia de iglesias y colabora con ellas para la mejor protección de la libertad de creencias de los individuos. El Estado no ignora a las Iglesias, sino que las reconoce y las protege en función de su representatividad en la sociedad. Así, la enseñanza de la religión(voluntaria) en centros públicos, los acuerdos en materia matrimonial, los acuerdos en materia de protección del patrimonio artística así como la financiación por medio de las estructuras del Estado convierten a España en un Estado aconfesional no laico.

Esta estructura legal conlleva aparejada una realidad política. A diferencia de un Estado laico (como Francia o Turquía) la expresión de la religión en el espacio público no es algo socialmente proscrito, sino reconocido como normal. La Iglesia se considera una institución más de la sociedad civil, como los sindicatos, la patronal, o las organizaciones no gubernamentales, que puede expresar su opinión sobre toda clase de temas en los que se considere concernida.

El diálogo y sus presupuestos

Esta es sin duda la parte más interpretativa del artículo y por tanto, se inscribe de forma explícita en una concepción normativa (ergo personal) de las relaciones iglesia Estado. Ruego al lector un mínimo de caridad interpretativa.

Si la existencia de una separación difusa, es decir no nítida, de la iglesia y el Estado tiene sentido, es porque con ello se protege la libertad de creencias de los individuos. Los acuerdos iglesia Estado tienen sentido, si y solo sí, son un instrumento del secularismo, entendido como garantía de la pluralidad religiosa.

Es entonces de rigor permitir una participación de las iglesias, al igual que de otras organizaciones de la sociedad civil, en la toma de decisiones que les afecten. Sin embargo, describir el ámbito de competencias de cada una de las partes (las iglesias y el Estado) supone circunscribir el ámbito de lo religioso, y es ahí donde aparece el problema.

Y esto es importante debido al carácter fundamental y fundacional que revista la libertad de creencias. La libertad de creencias es una libertad de cosmovisión, se trata, como decía Ortega, de la creencia que me sostiene (“Las ideas se tienen, en las creencias se está”). Una sociedad liberal (en sentido rawlsiano) debe proteger las creencias de los individuos pues es razonable pensar que éstas, por su carácter fundamental) ocuparán el máximo orden jerárquico tras el velo de la ignorancia.

El problema aparece a la hora de delimitar lo que afecta y lo que no afecta a la libertad de creencias. Al ser las creencias el soporte ético de todo proyecto de vida humano (“en las creencias se está”) éstas se manifiestan en todas las áreas de la vida humana y por tanto amenazan por transformar todos los conflictos políticos, antes resolubles por el diálogo, en choques de mitologías donde el diálogo no existe.

El diálogo entre la iglesia y el Estado supone entonces un respeto y un reconocimiento fundamental entre las partes. Esa es precisamente la actitud que se echa de menos, especialmente si tenemos en cuenta las recientes demostraciones por parte de la iglesia, así como las reacciones desde el lado del gobierno que plantean una situación de “diálogo abortado”.

Es en primer lugar inadmisible que se pretenda imponer un diálogo bajo el formato de un ética utilitarista, como parece proponer una parte de la izquierda. Si la libertad de creencias significa algo, es precisamente admitir el respeto de la espiritualidad y por lo tanto de paradigmas no materialistas como igual de legítimos que el paradigma materialista. Lo que caracteriza a un Estado aconfesional no laico, es que es un Estado neutro que no milita en ninguna creencia, ni siquiera el agnosticismo, sino que las reconoce todas.

Es por otro lado contrario al espíritu del modelo que la Iglesia pretenda imponer su propio modelo. En primer lugar, como ex cristiano, creo que es posible denunciar una instrumentalización del mensaje y la identidad cristiana al servicio de convicciones políticas conservadoras. Por otro lado, si la Iglesia quiere integrarse en un esquema pluralista, debe admitir, como condición sine qua non, el marco institucional que sustenta este esquema y por lo tanto la lógica “democracia representativa+derechos fundamentales”. La iglesia debe reconocer que su campo de acción es el de la protección de la libertad de creencias y esto pasa por tolerar (en sentido cristiano) las cosmovisiones que no le son afines y la libertad de creencias no puede abarcar, en ningún caso, el derecho a vivir en la sociedad de su elección. Si lo que se pretende es defender la superioridad moral de un determinado modelo de familia, el lugar es un púlpito o una carta pastoral, no la calle o un partido político.

Hoy más que nunca es necesario abogar por el diálogo. El diálogo es, además de una exigencia ética, la mejor garantía dela paz. Sin embargo, esto por reconocer un espacio para el diálogo y sus límites.

Publicado en La ley de la gravedad 

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