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Europa. Cada vez menos democracia.

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Nuestras clases políticas nos han traicionado. No es una novedad, de hecho siempre ha sido así, pero no por habitual deja de ser grave.

Después de la II Guerra Mundial o, para ser más exactos, tras la inútil intervención franco-británica contra el Egipto de Nasser, Europa ha descubierto que ya no puede gobernar el mundo a su antojo y que había llegado el momento de aceptar una posición secundaria. La URSS y los EEUU recibieron el nombre de “superpotencias” para no tener que admitir la realidad, que Alemania, Gran Bretaña y Francia habían dejado de ser “potencias”. Fue entonces cuando Europa decidió unir sus fuerzas como último intento por volver a alcanzar la primera línea internacional.

Cincuenta años después, mientras la ofensiva mundial de los EEUU lo hace más necesario que nunca, el proyecto ha resultado un fracaso. Los primitivos promotores de la unidad creyeron que la clave del éxito pasaba por involucrar a las élites económicas en el proyecto, pero estas han descubierto que sus intereses no coinciden con los de la ciudadanía, de hecho, son contrapuestos.

La Europa del capital se ha caracterizado por una peligrosa desdemocratización de sus instituciones y una gravísima pérdida de poder efectivo por parte de sus ciudadanos. Todo ello en favor de los políticos y las élites con las que se relacionan. “Bruselas” se ha convertido a lo largo y ancho de Europa en una especie de ente indefinido al que sólo podemos escuchar y obedecer como si fuera una especie de divinidad.

La semana pasada todos vimos publicada la noticia de que el Banco Central Europeo había subido los tipos de interés. Esta decisión podrá ser positiva o negativa. Pero en un país como el nuestro, en el que la ciudadanía está tan endeudada, lo lógico habría sido que esta medida levantara una oleada de críticas. Así habría sido en los tiempos del Banco de España. Pero no ha sido así. Porque lo manda Bruselas.

Hace un par de años la ministra de educación anunció una reducción del IVA en los productos literarios. No pudo ser por mandato de la Unión Europea. A nadie se le ocurrió la posibilidad de cambiar nada. Lo ordenaba Bruselas.

Cuando el petrolero Prestige provocó la crisis ecológica más grave que ha sufrido el Cantábrico, se realizaron movilizaciones y protestas hacia la gestión del gobierno. Nadie ha comentado que hoy mismo puede volver a suceder lo mismo, porque la legislación que permite navegar por nuestras aguas a barcos como el Prestige no ha sido modificada. Es cosa de Bruselas, y eso no se toca.

Antes teníamos un gobierno al que pedirle cuentas y al que reclamarle. Ahora cada vez menos. No se trata de un proceso español, toda Europa sufre el mismo mal. Y el sentimiento antieuropeísta de los países más poderosos de la unión tiene mucho que ver con ello. Los que estamos en países “pobres” parece que aceptamos nuestra posición subordinada a Bruselas, pero los “ricos” no la entienden. Y, sin que sirva de precedente, tienen razón ellos. ¿Cómo es posible que, en democracia, toleremos, sin queja alguna, injusticias sólo porque vienen de un órgano superior?

Sí, es cierto, los órganos de Bruselas son elegidos democráticamente, pero ¿de que sirve si los ciudadanos no sabemos nada de lo que se decide allí hasta que es demasiado tarde? ¿De qué sirve si los eurodiputados, a la práctica, no rinden cuentas de su gestión? Los eurodiputados deben su cargo más a como lo hagan sus respectivos países en sus países que a su propio trabajo. Da igual lo que hagan.

A la práctica, “Bruselas” es utilizada por todos los gobiernos de Europa para justificar las medidas más impopulares. En París, Berlín, Londres, Lisboa, Atenas... una y otra vez se escucha la misma cantinela “lo manda Bruselas”. Y a nadie se le ocurre pensar que esos mismos gobiernos que “se ven obligados” a adoptar medidas impopulares son los mismos que en Bruselas votan a favor de ellas.

Lentamente, Europa se está convirtiendo en una oligarquía que margina a la ciudadanía del poder. Europa sólo funciona desde el plano económico. A Bruselas no le tiembla el pulso a la hora de tomar medidas profundamente impopulares siempre que sean económicamente rentables para las élites. En cambio cualquier paso hacia la unidad política chocará irremediablemente contra una fuerte resistencia que dejará a la Unión Europea en la más absoluta de las impotencias. Como muestra un botón. Recientemente los europeos fuimos convocados a votar una “Constitución” en la que en realidad nos pedían que consagráramos una serie de imposiciones económicas a cambio de que nos concedieran un pequeño número de derechos que ya teníamos. Aceptada por casi todos los partidos mayoritarios de Europa, no es de extrañar que no se criticaran con la contundencia que merecían artículos como el que afirmaba que Europa debería defender su medio ambiente siempre que no entrara en contradicción con el crecimiento económico (o sea, nunca). O el que se reservaba el derecho de realizar “intervenciones militares preventivas” en aquellos países que pudieran resultar una amenaza, al más puro estilo del imperialismo estadounidense. Sin olvidarnos del hecho histórico de que, de haber sido aprobada, se habría trataba de la primera constitución democrática europea desde 1789 en la que no se reconoce el derecho al trabajo.

Esta Constitución fue rechazada por las ciudadanía holandesa y francesa, a pesar del apoyo que le brindaban los partidos mayoritarios (basada, como no, en argumentos del tipo “es que si no va a ser peor. No podemos evitarlo. Bruselas manda”). ¿La respuesta de Bruselas al resultado del referéndum? Aquí no pasa nada. Cualquier otro gobierno democrático se habría visto obligado a reformar el texto constitucional. Bruselas lo tiene mucho más fácil. No tiene más que actuar como si hubiera sido aprobado llamándolo de otra forma distinta a la de “Constitución”.

El proyecto de unión política europea no va a prosperar. Y no lo hará porque aquellos que tienen el poder están interesados en que no prospere. Al menos que la ciudadanía decida, de una vez, hacerse cargo de su responsabilidad histórica y crear una Europa de los ciudadanos, no del capital.

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