Lecturas 537

En este país no hace tanto que la sexualidad era patrimonio masculino, y mientras que al hombre se le aprobaban conductas tendentes a su satisfacción sexual, a la mujer que usaba del sexo, en otro menester que no fuese santificar el santo matrimonio se le tildaba de “pendona, puta, o mala pécora” entre otros muchos calificativos despectivos cuya finalidad no era otra que desprestigiar su imagen por permitirse el libre uso de su propio cuerpo.

Entonces las mujeres españolas tenían que permanecer vírgenes hasta el matrimonio, y el adulterio era un delito de consecuencias muy graves para ellas, que podían verse en la calle y sin sus hijos. La maternidad en el seno del matrimonio tampoco era elección de las mujeres, que por otra parte no contaban con métodos anticonceptivos para ejercerla de modo responsable, y la extramatrimonial, sin duda, era el castigo para aquellas de conducta “desviada”, y conllevaba el desprestigio, la discriminación legal y cierto grado de rechazo a las madres solteras. Con aquella mentalidad no puede extrañarnos que el aborto, técnica conocida desde la antigüedad, se practicara ilegalmente, y sin regulación de tipo alguno que protegiera a las afectadas dándose en condiciones de salubridad más que dudosas, y a veces practicado sin ayuda de personal sanitario alguno.

En los últimos cincuenta años hemos dado pasos de gigantes, y hoy las mujeres tenemos claro nuestro derecho a decidir cuando queremos y podemos asumir de manera responsable la maternidad, sin renunciar por ello a una vida sexual libre y activa.

Es probable que aun nos quede mucho camino por andar y que todavía nuestras hijas tengan que disponer de más formación, mejor información, mayor facilidad de acceso a todos los métodos anticonceptivos y, puntualmente en su defecto, a la píldora del día después. Ese día menos mujeres tendrán que enfrentarse a la decisión de abortar, pero aun así seguirá habiendo situaciones de embarazo no deseado, y es necesaria una ley de plazos que ampare el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo en las primeras semanas de gestación, y acogiéndose a los supuestos legales finalizado este periodo; Una Ley que dé seguridad jurídica a los profesionales de la medicina, y a las afectadas, y que no arrastre prejuicios arcaicos que sólo pretenden limitar la libertad sexual femenina.

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