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 Al margen de las grandes líneas de actuación en la política de este país, cada nueva legislatura se enfrenta a ciertas cuestiones, cambios que se deben producir para que la sociedad evolucione (o involucione, según el signo político del momento). En este período legislativo que se nos avecina, la cuestión debe ser, de una vez por todas, la ley de plazos.
Y no sólo porque ya toca quitarle el polvo al muy anquilosado artículo 417 bis (¡de 1973!), sino porque en los últimos tiempos se viene notando un movimiento inquietante entre los faldones de las sotanas. Las prácticas de las clínicas ginecológicas en las que se realizan abortos – una abominación, por otro lado; se trata de una práctica médica y como tal ha de ser accesible desde el sistema público – han sido noticia recientemente y algunas organizaciones “pro-vida” se han apuntado al carro de denunciar algo así como los laboratorios del Dr. Mengele, donde se desmiembran tiernos infantes bajo la mirada insensibilizada de sus madres. A tenor de esas noticias, yo no sé de dónde sacamos esas estadísticas que dicen que el 98% de los abortos se realizan en el primer trimestre. A mí me queda claro que existe la intención de sacar al aborto a la palestra del debate público, y no lo llevamos demasiado bien: los habituales de la caverna se nos han adelantado a la hora de salir a la calle, y lo han hecho de forma bastante más espectacular- pero, ¿a quién se le ocurrió convocar una mani a favor del aborto entre semana? - . Mientras, se estrecha el cerco contra las clínicas a base de denuncias, reales o falsas, interpuestas por antiabortistas por un lado, y de acoso a los trabajadores de esas clínicas en un estilo que recuerda mucho a la batalla planteada en EEUU por el sector antiabortista contra Planet Parenthood. Lo cual de mucho miedo, visto el resultado que la estrategia ha tenido allí: en algunos estados sólo quedan una o dos clínicas abortistas para dar servicio a toda su población. Es precisamente este acoso y derribo lo que durante mucho tiempo me ha hecho reacia a apoyar una ley de plazos: el simple hecho de que un aborto pueda ser delito según en qué circunstancias da pie a que se produzcan abusos del sistema judicial. Y eso repercute negativamente en las posibilidades de acceso por parte de las mujeres a un procedimiento médico que debería ser legal, seguro y accesible. Pero vista la gravedad de la situación, estoy dispuesta a bajarme los pantalones y luchar al menos por la opción más plausible. Por lo pronto, que sea legal, seguro, accesible y rápido.
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