Hace más de un año casi me rompo la cara con alguien de la comisión técnica de la asociación de promotores y constructores de este santo país, durante una de las primeras ediciones de un congreso inmobiliario al que me invitaron para hablar de la burbuja dichosa. Aguanté estoicamente una decena de insultos bien redactados de la propia mesa, no moví ni una ceja ante lo que vinieron a llamar como plan premeditado de hundimiento nacional en el sector de la construcción y esperé mi turno pacientemente tras las risas y aplausos de la mayoría de los asistentes cada vez que, señalándome, mis contertulios me sazonaban de datos positivos y flores especulativas. Cuando pude hablar, no sin dificultades, tras poder presentarme y enumerar mis méritos profesionales y educativos, acusé a cada uno de ellos de falsear la realidad, de jugar en contra de los intereses de los ciudadanos y de retirar activos privativamente de sus propios negocios a fin de salvar los muebles. Les dije que algunos directivos estaban retrasando la evidencia a fin de poder especular con un suelo invendible y con unas propiedades que nadie quería comprar. Advertí que tarde o temprano reconocerían su error y su delito. Nadie, salvo un reducido grupo de malagueños estudiantes de arquitectura que estaban sentados al fondo y con los que estuvimos tomando unas cervezas al finalizar el circo, me aplaudió. Al contrario, me llamaron de todo, insultos generalizados y descojone general cuando enumeré algunas de las que meses después serían las 100 claves y sobretodo cuando recité un previsible batacazo en términos de empleo.

Acusé a gobierno y oposición por no actuar, a constructores y promotores por sobredimensionar el mercado, a compradores, especuladores y pasapiseros de jugar al monopoly esperando enriquecerse a toda velocidad. La oferta es inasumible, ya lo era entonces, pero en la actualidad ha llegado a los telediarios y por eso se hace evidente. Aquellos que reían, ahora lloran.