Lecturas 885

Hace ya mucho tiempo que se aceptó que la conformación de la voluntad de los votantes depende en gran parte de los métodos y reglas escogidos para revelarla. La paradoja de Arrow, continuación matemática de las teorías de Condorcet, demostró que quien elabora el mecanismo mediante el cual se recogen, ordenan, contabilizan y valoran los votos tiene capacidad suficiente para condicionar previamente el resultado.

Todos los sistemas políticos han limitado y recortado el concepto ideal de democracia, como modelo de referencia, para adecuar los resultados electorales, en mayor o menor medida, a las preferencias de quienes en cada momento han ostentado el poder. Así, para los grupos desfavorecidos siempre ha sido acertada la máxima anarquista de “si votar sirviera para algo, no nos dejarían votar”.

Hasta la implantación del sufragio universal, en España con el advenimiento de la II República e interrumpido por la dictadura franquista, todos los sistemas electorales, desde los de la Grecia clásica hasta los europeos previos a la II Guerra Mundial, han restringido el derecho al voto a sectores muy importantes de la población. A veces incluso se desposee al votante de su derecho pleno de una forma indirecta, como ocurre en Estados Unidos, democracia en la que al presidente, por ejemplo, se le elige a través de los colegios electorales y no mediante un voto directo.

Democracia es un concepto muy recurrido en los debates políticos, pero que aparece muy pocas veces en su definición plena. Y es que para que exista una democracia merecedora de tal nombre, es requisito mínimo e indispensable que se respete la igualdad en el derecho al voto o, lo que es lo mismo, que se identifique al sistema electoral con la premisa de “una persona, un voto”.

En España esto no ocurre por tres motivos fundamentales.

El primer motivo es compartido con todos los sistemas capitalistas, y se refiere al hecho de que es el dinero, y más concretamente la capacidad de poder que representa, el que determina en última instancia qué decisiones se toman en política. Son las tres dimensiones del poder de S. Lukes, es decir, a) la capacidad para decidir qué hacer, b) la capacidad para controlar la agenda política, determinando sobre qué no se discute, y c) la capacidad para manipular y crear nuevas preferencias en los ciudadanos.

El segundo motivo se refiere a la división en unidades político-administrativas con diferente capacidad de decisión, en función de la población, y que desvirtúa completamente la premisa que antes expusimos. El resultado es que un voto en una unidad administrativa como el País Vasco no tiene el mismo valor, medido en poder de decisión, que otro contabilizado en una unidad diferente, como puede ser Andalucía. Esto se agravaría si el sistema para contabilizar los votos fuera el conocido como “mayoritario”, como ocurre en EEUU, y que viene a significar que quien vence se adjudica automáticamente todo el poder.

El tercer motivo está directamente relacionado con el anterior, y se refiere al mecanismo de contabilización de votos y reparto de escaños, que en España es el método de D’Hont. Su explicación es algo complejo, lo que resulta una paradoja si lo que en última instancia se pretende con un mecanismo electoral es otorgar un mismo poder de decisión a todos los ciudadanos. Además, también existe un umbral mínimo, porcentual sobre los votos, que impide a los partidos más pequeños acceder al proceso de reparto de escaños.

Las consecuencias políticas son de sobra conocidas. Es muy complicado que nuevos partidos políticos de alcance nacional logren adquirir peso suficiente en el Congreso para entrar en el gobierno o influir en él, aún disponiendo de un número de votos que así lo sugeriría. Los partidos políticos de alcance menor, es decir, aquellos que sólo se presentan en algunas unidades político-administrativas, pueden lograr con menos votos un poder de decisión mayor que otros partidos nacionales con el voto menos concentrado. Ocurre en España, por ejemplo, con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya.

También hay consecuencias sociales y culturales. El avance del bipartidismo, como lógica subyacente del sistema, pone a los ciudadanos en el compromiso de votar entre dos únicas opciones, lo que empuja siempre a votar a lo menos malo. Se convierte a la democracia en un simple sistema donde uno vota, únicamente, lo que menos miedo da. Pasamos de un mecanismo progresista a uno conservador. Del optimismo, al pesimismo. Y casi sin darnos cuenta.

También nos acostumbramos a esta dicotomía, ya instalada en nuestras mentalidades, y nos mostramos reacios a aceptar lo nuevo. De hecho, el pánico a la división del voto hace aparecer otro fantasma conservador, el del voto útil. Y, junto con él, el miedo al surgir de otros partidos, que cuando aparecen en escena sólo reciben críticas e insultos, resultado de la impotencia que causa la división.

Por lo tanto, vemos cómo el sistema fagocita nuestras ilusiones y esperanzas de una forma tal que apenas lo percibimos hasta que nos encontramos vacíos. Nos convierte en seres conservadores sin que nosotros lo hayamos pretendido, y nos lleva al odio y la rabia en los casos en los que antes existía compañerismo y ahora simple disensión.

Estudiar el sistema electoral, apostar por el voto útil, reunificar a la izquierda argumentando fórmulas matemáticas, y demás intentos por adentrarse en las entrañas de la democracia actual, no es sino una forma más de alimentar un sistema injusto. Pero lo cierto es que ante los sistemas injustos sólo cabe alzar la voz y revindicar un cambio radical.

Los dos últimos motivos pueden ser superados a corto plazo por una democracia como la española, dotándola así de un soplo de aire fresco más que necesario. Se requiere, para hacerlo, un compromiso firme que se refleje en una nueva ley electoral que pretenda hacer avanzar los derechos de los ciudadanos. A día de hoy, ninguno de los dos grandes partidos, con oportunidades de acceder al poder, se plantean hacerlo.

La solución pasa por establecer una única circunscripción electoral (lo que no afecta en absoluto a los derechos de las diferentes unidades político-administrativas que conforman el Estado español), lo que igualaría ante las urnas y en derechos a todos los españoles.

También es necesario implantar un sistema proporcional en los mecanismos de reparto de escaños, que adecue mejor las preferencias de los ciudadanos a la ideología de los representantes electos. El porcentaje de los votos totales que recibe un partido ha de ser, en última instancia, idéntico (salvando redondeos) al porcentaje de escaños que recibe.

En las próximas semanas profundizaré en algunas de estas cuestiones, y analizaré otras que tienen que ver más con las democracias internas de los diferentes partidos políticos. Mi intención es recalcar el carácter precario y conservador de la democracia española, esperando que, al menos quienes me leen, nos pongamos manos a la obra en la construcción de un sistema mejor y verdaderamente democrático.

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