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El caso de David Taguas, que dejó la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno para formar parte de Seopan, la patronal de la construcción, está dando mucho que hablar. Según publica El País de hoy, Iniciativa per Catalunya (IC) tacha de “burla a la voluntad del legislador” el fichaje, y pide una modificación de la Ley de Incompatibilidades.
El caso de David Taguas, que dejó la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno para formar parte de Seopan, la patronal de la construcción, está dando mucho que hablar. Según publica El País de hoy, Iniciativa per Catalunya (IC) tacha de “burla a la voluntad del legislador” el fichaje, y pide una modificación de la Ley de Incompatibilidades.
Taguas pidió al Ministerio para las Administraciones Públicas su dictamen sobre la incompatibilidad de su futuro puesto con las constructoras, y la ministra, en el plazo del mes establecido para estos casos, dictaminó la compatibilidad. Evidentemente no es decisión suya, todos estos casos los estudia la Dirección General de la Función Pública, y no consideró que hubiese motivo alguno para impedir la contratación. La ley que se pretende modificar se elaboró en el 2006. No obstante quedan normas complementarias pendientes de desarrollo, pero no parece que ninguna de ellas afecte al caso. Hay una ética en relación con los empleados públicos, “los Miembros del Gobierno, Altos Cargos y resto de personal al servicio de las Administraciones Públicas han de desempeñar sus funciones con plena dedicación, imparcialidad e independencia”. Y en cualquier caso, el artículo que indica cuáles son las personas sometidas especialmente al régimen de incompatibilidades, se le puede aplicar de lleno: “Se consideran como altos cargos sometidos al ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado”. ¿Donde está la cuestión? En que Seopan no es una empresa. Se define como el “observatorio de la construcción”, en realidad es el lobby de las constructoras. Este término anglosajón indica grupo de poder a favor de sus asociados, y es muy utilizado en EEUU, donde realmente manejan a muchos políticos en defensa de sus intereses. Pero no siendo un grupo empresarial como tal, no entra dentro de la Ley de Incompatibilidades. No es un problema, por lo tanto, legislativo, sino ético. Desde la Oficina Económica de la Presidencia se mueven muchos hilos, y por supuesto hay múltiples contactos y conocimientos. Pero ¿no los hay en otros sectores de la política?. Los grupos que están en la oposición no son altos cargos, y no obstante pueden tener la misma fuerza e influencia que quien gobierne. La legislatura es simplemente un periodo de cuatro años, antes y después quien está en la oposición ha podido estar en el gobierno o puede estarlo en el futuro, y un alto cargo de un partido tiene las mismas influencias dentro de él, y los mismos conocimientos fuera de él, que los que tenga un alto directivo, o más, por que la gama de personas afectadas por la Ley de Incompatibilidades es muy alta. ¿El Director del Gabinete del Ministro del M.A.P. tiene mayor influencia que el Secretario General del partido en la oposición? Claramente, no. Pero aquél está sujeto a posible incompatibilidad mientras que éste no lo está. Sin ir más lejos es el caso de Eduardo Zaplana. Presidente de la Generalitat Valenciana hasta el 2002. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Y finalmente portavoz del Gobierno. Al pasar a la oposición fue el portavoz del PP, hasta marzo que con la nueva derrota electoral cesó, y un mes después pasaba a ser el delegado para Europa de Telefónica. ¿El señor Zaplana no tenía contactos y poder? Por supuesto que sí, precisamente por eso es interesante para la empresa privada, no por sus conocimientos de telefonía que seguramente eran nulos. Pero al no estar el PP en el gobierno, el Sr. Zaplana no estaba sujeto a la Ley de Incompatibilidades. En un sentido ético ¿hay alguna diferencia entre la entrada de éste a Telefónica y la de Taguas a Seopan? Si la hay, yo no la veo. Pero entonces los partidos políticos no se hicieron cruces, ni flagelaron a nadie, se veía normal. Cuando un Presidente del Gobierno deja de serlo, puede ser miembro del Consejo de Estado. En el caso de Aznar, que lo era, al ser nombrado miembro del Consejo de Administración de la multinacional News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, incurrió en incompatibilidad, y hubo de dejar el Consejo. Pero no dejó sus contactos, ni mucho menos la política, a través de su Fundación, la FAES, ha seguido ejerciendo poder sobre la oposición al PSOE. Yo no digo que haya hecho ninguna cosa poco ética, dios me libre, pero ¿podía haber influido en relación con la multinacional de la que es miembro? Por supuesto que sí. Tienen medios de comunicación, como dos prestigiosos periódicos, y cadenas de televisión. Perfectamente es posible la intromisión en ese entorno en España. Repito que es un ejemplo y que no me baso en nada, solo en la posibilidad. Por lo tanto ¿dónde termina la ley y empieza la ética? o a la inversa. Es difícil. Por ejemplo, existe la “fidelidad de la custodia de documentos”, una vez abandonado un cargo, no se pueden utilizar escritos o documentación implicada en el mismo, pero ¿y los contactos? ¿y los conocimientos? Eso no hay nadie que lo mida. Y precisamente eso es lo que buscan las empresas. En el caso de David Taguas no es una empresa, pero podría decirse que es mucho más, porque las asesora. Y por muchas modificaciones que se hagan a la Ley de Incompatibilidades nunca podrán minimizar la importancia de un cargo público, del Estado o de la oposición. Un saludo JLF
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