Lecturas 563

El mundo municipal es un ámbito de la gestión política en el que se encuentran fácilmente las contradicciones de la sociedad: desde la convivencia en la que entra en conflicto la libertad de hacer lo que cada uno quiera por la calle o en su casa, incluyendo fiestas ruidosas, y el derecho al descanso y la tranquilidad, pasando por los diversos usos, a veces incompatibles que intentamos darle a la vía pública. Llegando hasta el punto que a veces parece un juego de suma 0 (o haces sitio para que los coches aparquen, o aceras más grandes, o un carril bus, pero la calle no dá para más).

Uno de los aspectos que muchas veces emergen es el de la propiedad privada en conflicto con el interés general. Cuando los liberales de manual plantean que el derecho a la propiedad privada es inalienable, o los socialistas más utópicos la obvian sin más, incluso considerándola un mal menor del sistema capitalista, y que esta suele ser incompatible con el interés general, en base a ciertos dogmas ideológicos (de unos y de otros), se plantea como un conflicto sostenido en el aire ideológico: “enfrente del interés general la propiedad privada debe quedar como un derecho secundario” o “la propiedad privada es un derecho inalienable y ningún poder nos la puede arrebatar”.

La praxis política municipal confronta este conflicto de una forma más cotidiana y menos dogmática. Por poner un ejemplo, el sólo hecho de retirar un vehículo abandonado de la vía pública ya es un conflicto de este tipo. Mientras no se diga lo contrario el propietario del vehículo sigue siéndolo y la administración no puede retirar el vehículo de buenas a primeras violentando su propiedad privada; por otro lado el uso privativo, constante y con una optimización muy mala de la vía pública para “almacenar un vehículo que no tiene ningún uso” es negativo al interés general. El debate ideológico purista lleva a: “que quiten el vehículo inmediatamente” o “el vehículo es propiedad privada y no puede ser tocado”.

La praxis, vuelvo a insistir, es algo más factible. El propietario tiene unos derechos, pero por otro lado la administración hará prevalecer el interés general. La guardia urbana inicia un expediente colocando una pegatina de aviso al propietario, pasado un tiempo vuelve a colocar una segunda pegatina de aviso y si al final ese vehículo no se mueve o se retira, la guardia urbana cierra el expediente retirando el vehículo de la vía pública. Por un lado el vecino que hace un uso diario de la vía pública reclama la inmediatez de la actuación, parecería que “lo razonable” para el que vive por la zona es que un vehículo claramente abandonado tiene que ser retirado… sin muchos miramientos. Pero la ley tiene el doble papel de defender el interés general pero guardar los derechos a la propiedad privada en un extraño equilibrio. Si la administración no tomara esas cautelas estaríamos acercándonos a usos de régimenes menos garantistas en los derechos de los individuos y que fomentan “el sacrificio permanente del individuo en bien de la comunidad”.

Este problea se ve evidente en aspectos como algunas microactuaciones urbanísticas. Hay elementos de movilidad como la abertura de pequeñas vías, la construcción de rampas, la adecuación de pequeños espacios que tienen una clara y evidente componente de interés general. Si la rampa se construye, si se abre esa pequeña vía, si se arregla ese pequeño espacio todos en general saldremos ganando. El problema aparece cuando en una actuación uno de los espacios en parte o en su totalidad son privados. El derecho a la propiedad privada prevalece a menos que la administración pueda exponer claramente una actuación de mayor calado de claro interés general, pautado por una ley de expropiaciones. O la administración llega a un acuerdo con los propietarios o inicia un lento proceso de expropiación que normalmente es muy difícil de impulsar para una microactuación urbanística. Hasta el punto que esa pequeña actuación no se puede hacer definitivamente, o tiene unos costes de tiempo para poder impulsarla que hacen que los vecinos que se podrían beneficiar de esa actuación reclamen plazos más cortos, un nivel más bajo de garantías, etc…

Pero es que queramos o no, nuestra sociedad está basada también en el respeto a los derechos individuales, incluída la propiedad privada. Hasta el punto que cuando el conflicto entre interés general y propiedad privada se muestra con otra cara en general los ciudadanos pedimos que las garantías de la propiedad privada se incrementen. Cuando ocurre una afectación urbanística de cierto calado que afectan a viviendas que han de ser expropiadas, al revés que en los anteriores casos pedimos que la ley sea lo más garantista posible y que defienda la propiedad privada lo máximo. No sólo por los afectados, sinó que en general se produce una cierta simpatía o solidaridad por parte del resto de vecinos.

En definitiva, aunque las leyes que rigen y arbitran en el conflicto entre propiedad privada e interés general conlleven situaciones que por sentido común puedan parecer absurdas (como la necesidad de un protocolo largo en el tiempo para poder retirar un vehículo privado abandonado), son necesarias esas cautelas porqué nuestra sociedad, incluído los que reclaman que los vehículos se retiren en menos tiempo, valoran la propiedad privada como un bien importante, un derecho a proteger.

En la modernidad líquida que nos ha tocado vivir nos encontramos defendiendo lo propio y lo contrario en el conflicto entre propiedad privada e interés general. El mismo vecino que reclama una microactuación urbanística para arreglar un acceso a la calle y que esta se demore menos, rechaza de plano cualquier expropiación que le tengan que hacer para poder hacer un parque o construir una guardería. Ante eso la “teoría clásica” de la política de izquierdas es promover la formación y la pedagogía política, espera que explicando las razones y los motivos de una actuación se fomente la comprensión y la complicidad de los ciudadanos hacia el interés general y a su vez se comparta la necesidad de ciertas garantías para la propiedad privada y la defensa de los derechos individuales.

Yo creo que este modelo está arrojado al fracaso. La política de la pedagogía parte de una premisa que en la modernidad líquida es difícil que cuaje: el político es el pedagogo y el ciudadano el sujeto de esa acción pedagógica. Es una visión de “autoridad”, “verdad sólida” que es difícil que los ciudadanos estén dispuestos a tragar. La modernidad líquida, individualista, de un menor compromiso a largo plazo pero con una mayor capacidad para comprometerse por causas efímeras y puntuales, conlleva ciudadanos no dispuestos a reconocer ese papel de “autoridad” y “verdad sólida”. Si determinado proyecto político no se puede construir en forma de relato, este no podrá ser explicado y compartido. Utilizamos formas de política que son más de una modernidad sólida, la “Política es pedagogía” de Campalans no es que haya pasado a la historia, pero sí que se muestran insuficientes para poder convencer y hacer partícipes de los proyectos políticos a los ciudadanos, en la modernidad líquida la política es relato; luego ya podrá ser pedagogía, pero primero es relato. Pero eso es otro debate…

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