Lecturas 467

 Era algo previsible: los ayuntamientos de la provincia de Alicante han confundido a los ciudadanos -a quienes sirven o deberían servir- por sujetos pacientes a los que hay que exprimir en época de vacas flacas. "Los municipios disparan sus ingresos por multas de tráfico ante la caída de la recaudación". "Los ayuntamientos de la provincia elevan sus fondos por infracciones un 121% hasta los 16 millones de euros para compensar el desplome de las licencias de construcción".

 No es que los conductores de momento nos hayamos vuelto unos seres incívicos e irrespetuosos con la normativa de tráfico, tampoco es que de hoy para mañana nuestra forma de conducir haya variado sustancialmente. Es algo mucho más sencillo de entender: los ayuntamientos han planificado con nocturnidad y alevosía un plan para recaudar y así intentar compensar lo que están dejando de ingresar las haciendas locales por el descenso de la construcción. Las previsiones de Suma -el organismo autónomo de gestión tributaria de la Diputación Provincial de Alicante que tramita las sanciones de tráfico de 78 ayuntamientos de la provincia- cifran en más de 200.000 las denuncias para este año cuando en 2005 las multas impuestas fueron de 97.866. Alicante, que gestiona sus multas de circulación al margen de Suma, prevé subir un 159% la recaudación para 2008. Resulta evidente pensar que con la gran cantidad de recursos humanos y técnicos con los que cuentan las administraciones -policías, controladores de tráfico, radares, cámaras, herramientas como la PDA...- cuando un conductor aparque en un lugar prohibido, sobrepase la velocidad permitida o se salte una línea continua se encontrará indefectiblemente con todo su peso recaudador. A fin de cuentas parece ser que este es el objetivo final: no tanto velar por nuestra seguridad como llenar la caja recaudadora.

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