Lecturas 516

 La Directiva de retorno de inmigrantes que el Parlamento Europeo ha aprobado establece criterios para la expulsión y retención de inmigrantes hasta 18 meses.

Se establece un plazo de dos años para que los países adapten su legislación e inicie la expulsión de todos los sin papeles, que no podrán regresar a la U.E. en cinco años.

 Esta aprobación implica la categoría de “ser humano ilegal”, lo que implica legitimar una política comunitaria contraria a los Derechos Humanos en una Europa que se autoproclama defensora y bandera de los valores democráticos y la justicia social.

Esta Directiva supone asumir los discursos y planteamientos xenófobos:

· Se va a retener a personas inocentes un año y medio, en centros de internamiento especializados y hasta en cárceles.
· Se va a expulsar a las personas en situación administrativa irregular a países de tránsito, aunque no tengan relación con esos países.
· Se va a internar y repatriar a personas menores no acompañadas.
· Falta de garantías sobre la detención e internamiento de personas especialmente vulnerables: mujeres embarazadas, ancianos, menores acompañados de familiares, víctimas de torturas, etc.
· Frente a la ausencia de tiempo límite de retención en algunos estados europeos, ahora todos los estados de la Unión van a establecer la detención de personas durante un año y medio.
· Una vez expulsados, se les prohibirá la entrada en la Unión por un período mínimo de 5 años (en España es hasta ahora de 3 años).

La Directiva Europea aprobada por el Parlamento Europeo significa un paso atrás en los valores democráticos y la justicia social que deben ser dos pilares básicos.

Ninguna persona inmigrante puede ser tratada como delincuente por el mero hecho de serlo.
La aplicación de esta Directiva supondrá la instauración de una xenofobia institucional a la que sin duda nos deberíamos oponer todos.

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