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La ley de dependencia: otra ley con sello de izquierdas

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Un gobierno tiene el deber de definir e implementar políticas que protejan a los colectivos más débiles de la sociedad, fomentando el Estado de Bienestar, con servicios que la ciudadanía puede utilizar, sobre todo, en los apartados de sanidad y educación.

La Ley para la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia tiene como fin último la creación del derecho universal para que cualquier ciudadana o ciudadano que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias el acceso a las prestaciones y servicios, según su grado de dependencia que lo necesite, independientemente del lugar en el que viva, pueda ser atendida.

Además de la importancia para consolidar el Estado de Bienestar, ésta es una política que fomenta la igualdad de oportunidades para las mujeres, pues la mayoría de cuidadoras con mujeres (madres, hermanas, esposas, hijas...) que muchas veces han de dejar sus trabajos para poder cuidar de su familiar y gracias a esta ley, podrán dejar de internalizar el coste del servicio que ahora prestará el Estado y poder introducirse en el mundo laboral; también está previsto que en "por motivos excepcionales” la persona cuidadora, dada de alta en la seguridad social, reciba una paga por su trabajo, algo que beneficiará, por ejemplo, a muchas madres que nunca han cobrado por su abnegado e invisible trabajo no remunerado con sus hijas e hijos inválidos.

Tras ocho años de retroceso en políticas sociales con el gobierno del PP, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en dos años de mandato, ha definido un ambicioso, necesario e solidario proyecto para ayudar a los colectivos más desfavorecidos por cuestiones de invalidez. Además, también es un nuevo yacimiento de empleo a explotar.

Respecto a la financiación, tan criticada por la derecha, el gobierno se ha comprometido a aportar entre los años 2007 y 2015, más de 12.000 millones de euros para responder a una de las mayores necesidades de las familias españolas, así como para garantizar por ley la protección, dignidad e igualdad de más de un millón de personas dependientes, y es que con este servicio, que el Gobierno estima puede favorecer en la actualidad a 1.100.000 personas y a 1.500.000 en 15 años.

Ante estos datos, ¿cómo puede la derecha descalificar este proyecto? Las críticas neoliberales se basan en que el Estado no debe aumentar sus gastos ampliando nuevos servicios que son “rentables”. La derecha más conservadora, basa su crítica en que no será tan beneficioso para la sociedad (recordemos que para la gente conservadora, a diferencia de la gente neoliberal, la estructura familiar se basa en que los costes familiares se internalicen por el nucleo familiar, esto es, generalmente, por la mujer, que es la que acaba generalmente cediendo su proyecto vital para poder hacerse cargo de las tareas domésticas y del cuidado de las personas dependientes).

Muchos han sido los colectivos que apoyan esta ley ( el colectivo de médicos de Familia, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines, ...) y estoy segura que en breve, seremos muchas más las personas y colectivos que, analizando los beneficios sociales que conlleva, apoyaremos esta ley progresista y solidaria.