Lecturas 342

Han apuntado por ahí , que este proyecto es una oportuna cortina de humo creada para distraer la atención de problemas más acuciantes como la crisis económica. Al margen de la evidente falacia de la suma cero – que ya abordé en otra ocasión aún con una distinta temática – y del evidente, pero un poco demagógico, argumento de que cuando una mujer se encuentra en la necesidad de abortar el tiempo se convierte en un factor nada despreciable, sí existen buenas razones por las que se hace necesario cambiar la legislación en este preciso momento.

Vayamos primero a la historia de la legislación sobre el aborto en nuestro país. De una penalización casi absoluta hemos pasado a una serie de supuestos que permiten, en la práctica, el aborto libre en casi cualquier circunstancia (salvo que alguien viva en un mundo en el que las mujeres deciden abortar a 2 semanas de salirse de cuentas, sin motivo aparente y sólo por darse el gustazo de bañarse en la sangre de un inocente nonato. La cosa está más o menos al mismo nivel de los mundos en los que los judíos sacrifican niños y los comunistas se comen los restos en una orgía desenfrenada de sexo y drogas). El caso es que, durante décadas, a pesar de ser considerado delito por nuestras leyes, el aborto era un claro caso de mirar hacia otro lado y hacer como si no existiera. Ello es algo que honra a nuestra sociedad; sólo hay que ver los casos de Polonia o, hasta no hace mucho, Portugal, que nos demuestran hasta qué punto el sostenimiento de los supuestos de despenalización depende en gran medida de la voluntad de la sociedad.

Pero es cierto que esos supuestos representaban un agujero legal del tamaño del que dejó Mario Conde al frente del Banesto, y que una vez enfrentada ante un tribunal, la teoría que subyace detrás del famoso tercer supuesto – riesgo para la salud de la madre – proporciona un término excesivamente vago. ¿Qué se puede considerar un riesgo para la salud? ¿Cuál ha de ser no sólo su dimensión, sino también su probabilidad para que el riesgo merezca la suficiente entidad? No es una cuestión fácil de responder, y ahí radica el problema.

Cuando un grupo de antiabortistas decidieron denunciar a una clínica, no estaban simplemente poniendo ante los tribunales un comportamiento supuestamente ilícito. Estaban intentando redefinir el concepto que subyace tras el tercer supuesto, buscando una jurisprudencia que restringiera su aplicación. La zona gris, que se ha mantenido inalterada durante años porque nadie había intentado buscar sus límites, ha de ser delimitada. No hay que decir que ello plantea un problema para las clínicas y las mujeres que han de descubrir esos límites. Y al ejemplo de Polonia me remito de nuevo para mostrar que ello reduce enormemente las posibilidades de que una mujer encuentre un médico dispuesto a arriesgarse por ella.

En estas circunstancias, sólo quedan dos posibilidades: modificar la legislación existente, para catalogar los casos en los que el tercer supuesto es aplicable – ardua tarea, puesto que habría que elaborar una larga lista y el riesgo de que muchos casos necesarios queden fuera es demasiado alto – o eliminar el sistema de supuestos, al menos en la medida suficiente para que, en la mayoría de los casos, una mujer pueda abortar sin renunciar al principio de seguridad jurídica. En otras palabras, una ley de plazos o una despenalización total, o las dos cosas.

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