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 Uno de los principales problemas a los
que se enfrentan algunos políticos es la lucha contra la ley
de la gravedad. Sencillamente, hay gente que está en contra de
esta ley. Bien sea porque caer no les gusta, contradice alguno de sus
principios o porque algún malvado
terrorista defiende y respeta la gravedad, algunos idealistas
trabajan por su abolición. No a la atracción mecánica
de los cuerpos. Por una teoría
de la caida inteligente. Debemos abolir esta ley injusta.
¿Suena absurdo, verdad? La
verdad es que no lo es tanto. La primera tarea de cualquier persona
que esté diseñando una política pública
(o la ausencia de esta; confiar en el mercado es también
política) es tener una idea clara sobre cómo es la
realidad. Es tentación de muchos, tanto en la izquierda como
en la derecha, de confundir realidad con deseo, sugeriendo programas
y proyectos basados en preconcepciones y prejuicios antes que en un
conocimiento detallado del mundo.
Desde la derecha y el
liberalismo, la preconcepción más generalizada es la de
la eficiencia absoluta de los mercados. Como toda idea erronea, tiene
una base importante de realidad (los mercados sí son
eficientes casi siempre) pero excluye elementos importantes. Los
mercados pueden tener problemas. Es más, en muchas ocasiones
sólo pueden funcionar cuando alguien vigila que estos cumplan
algunas condiciones imprescindibles, como información (casi)
perfecta, costes de transacción limitados y capacidad de hacer
cumplir contratos rápidamente.
Ejemplos de mercados
fallidos o que necesitan cuidados intensivos hay muchos y variados.
Recientemente hablada de Enron,
un ejemplo claro de mercado de capitales parcialmente fuera de
control; mucho más cercano tenemos el fraude
de Afinsa recordándonos por qué sin información
el mecanismo no funciona. El desastre
que es el sistema sanitario en Estados Unidos es otro ejemplo claro
de un mercado incapaz
de ser eficiente, por más que se trate de aumentar la
competencia.
En ocasiones, los costes de una empresa no son
pagados por esta, sino que son lanzados contra otros, rompiendo con
los mecanismos de asignación eficiente de recursos al hacer un
bien artificialmente barato. Los economistas lo llaman
externalidades,
y reconocen que en muchas ocasiones sólo se pueden arreglar
mediante intervención estatal. Desde la contaminación
atmosférica al nivel
de crimen o la eficiencia
del transporte en las ciudades, pasando por dónde
se establecen las empresas, el regular o no un sector de la
economía puede producir efectos contraproducentes (y muy
caros) en otros lugares.
En general, cuando los mercados
tienen problemas para distribuir
información o para asignar costes, la
eficiencia de estos se resiente. Más allá de la
equidad o igualdad producida por los mercados (eso para más
adelante), es necesario ser consciente que su funcionamiento es mucho
menos automático de lo que parece, requiriendo una serie de
instituciones y mecanismos no necesariamente sencillos.
La
izquierda, mientras tanto, tiene el problema de creer que la
intervención en los mercados es siempre relativamente
sencilla, y que es posible arreglar cualquier injusticia a base de
utilizar legislación. Del mismo modo que dejar los mercados
solitos puede tener costes, entrar como un tanque para desfacer
entuertos puede crear más problemas que soluciones.
Lo
que un político debe tener siempre en mente es que nada sale
gratis, y cualquier legislación dirigida a arreglar problemas
puede tener sus costes. El ejemplo más claro es el mercado
de trabajo. Como todo, una hora trabajada tiene un precio, un
determinado salario. Cuando hay mucha gente ofreciendo el producto
(queriendo trabajar) el precio de este baja; cuando hay poca gente
vendiendo el producto y muchos compradores (el paro es bajo y la
economía crece) el precio sube. Los salarios, mal que nos
pese, siguen el nivel de paro; si queremos que los salarios suban, se
debe aumentar el empleo.
Cuando en el mercado laboral se
obliga a quien tiene un contrato tenga indemnizaciones y protección
contra el despido, lo que se está haciendo es hacer ese
contrato más caro. Cuando en un mercado el bien ofrecido (hora
trabajada) sube de precio, la demanda por este bien baja, ya que los
compradores trataran de buscar alternativas a mejor precio
(maquinaria) o se irán con la fábrica a otra parte.
Tratar de subir los salarios por ley, a pase de aumentar las
protecciones (que son un coste adicional) no crea empleo, sólo
lo encarece. Por mucho que pretendamos que los empresarios deban
recortar sus beneficios para emplear más gente, esto no
sucederá nunca, así que las regulaciones sólo
harán que aumentar el nivel de desempleo. Los dos
mercados de trabajo en España son un
ejemplo de ello.
El prejuicio contra el libre mercado
genera otro de las aficiones de la izquierda, un irracional
apego al proteccionismo. Sean productos
agrícolas o sean servicios,
se ignoran los costes derivados de proteger ciertos sectores creados
por una política restrictiva.
Todo esto, sin embargo,
no debe llevar a olvidarnos que las decisiones políticas sobre
qué tipo de sociedad queremos tener sí tienen efectos
reales. Los diversos tipos
de estado del bienestar y sus efectos crean condiciones
radicalmente distintas para los ciudadanos. Aún cuando no
producen a efectos prácticos niveles de riqueza demasiado
distintos (si uno tiene en cuenta el PIB
por hora trabajada) los niveles de igualdad, oportunidades y
redistribución de cada uno de ellos son muy distintos.
El
principal problema al que se enfrenta un político es evitar
que sus fines escojan los medios con los que trabaja, o que la
alergia a determinados medios le impida llegar a sus fines. La
izquierda debe tener claro dónde quiere llegar, no cómo.
La realidad nos limita los medios; no debemos dejar que la teoría
nos los imponga.
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Voy a poner una frase de uno de mis profesores: "Si sabes como es el mundo, no actúes en conseuncia, destruirías tu alma. Pero tampoco seas ingenuo, te destrozarán el cuerpo." 
