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Reflexiones sobre el aborto II: La regulación como combinación justa de intereses

Lecturas

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Habíamos visto en el anterior artículo que la perspectiva tradicional sobre el debate del aborto, lleva a un callejón sin salida. La discusión racional sobre qué es o no es humano no solo es una discusión mal enfocada (porque la condición humana no es un concepto empírico-racional o físico sino metafísico) sino que además sus soluciones son siempre insatisfactorias porque la adopción de una u otra solución dividirá profundamente a la población ya que una parte sustancial de esta no lo defiende tomando base en argumentos racionales, sino desde una perspectiva religiosa. En rigor, todo argumento ético deberá pronunciarse sobre la naturaleza (humana o no) del nasciturus. Esto parece ser, no solo una pregunta de difícil respuesta, sino además inadecuada para el ordenamiento jurídico. La función de un ordenamiento jurídico no es definir conceptos filosóficos, sino organizar la sociedad. Esta situación sugiere que la mejor no será la solución mas cientificamente verosímil, sino la más políticamente aceptable por todas las partes, esto es, la decisión mas justa. Esto hace evidente la necesidad de presentar un debate en otros términos, no como contraposición de derechos, sino como combinación justa de intereses.

Una perspectiva distinta: El argumento del contrato social

1. El argumento

Si lo que buscamos no es decidir sobre la naturaleza, humana o no del nasciturus, sino combinar los intereses de las opciones pro-vida y pro-elección, será necesario ver cuál es la forma mas justa de combinar estas dos posiciones. Para ello, intentaremos recurrir a la concepción de justa igualdad defendida por J. Rawls y Ronald Dworkin. El filósofo americano, deseoso de adoptar un argumento político capaz de aglutinar diversas posturas y realidades que existen en una sociedad plural haciendo valer una combinación de esos intereses de la forma mas justa posible, proponía la tan curiosa como genial concepción del « velo de la ignorancia ». Rawls intenta fundar un concepto de justicia donde el grado de realización de los intereses de los individuos (considerados como moralmente iguales) esté determinada por su comportamiento (es decir, por sus elecciones y su mérito) y por ello, no acepta el concepto clásico liberal del Estado de naturaleza, puesto que, argumenta, para tener un contrato justo será necesario ser iguales en origen, algo que sin duda no ocurre en el Estado de naturaleza, donde al contratar el fuerte puede imponer sus condiciones al débil..

Así, Rawls quiere igualar el poder negociador de los individuos y por eso propone imaginar que estos contratan detrás de un « velo de la ignorancia » donde desconocen la posición que les tocará ocupar en la sociedad. Los individuos no sabrán cuáles son sus condiciones físicas, ni psíquicas, ni su posición social, ni sus ideas políticas. Así, la absoluta imparcialidad y por tanto el consenso unánime estaría garantizado mientras sigamos una actitud racional. Esta concepción ha sido utilizada para justificar políticas de redistribución de la renta, así como el Estado del bienestar, argumentando que los individuos elegirían un mayor bienestar para el mas desfavorecido tras el velo ya que ellos mismos podrían encontrarse en esa situación. Esta situación no pretende sin embargo determinar un verdadero contrato, sino simplemente averiguar que es lo justo, es decir, aquéllo que eliminando los factores arbitrarios que componen la persona humana, parece aglutinar mejor los intereses de todos los individuos. Esto, según Rawls, solo ocurre haciendo depender la suerte de cada individuo de sus elecciones y no de sus condiciones de origen.

¿Como afecta esta concepción a la regulación del aborto?. Imaginemos, nos diría Rawls, que nos encontramos tras el velo de la ignorancia, y desconocemos si seremos católicos, musulmanes, agnósticos, ateos, mujer, hombre, pobre o rico. Los individuos deberán entonces elegir entre despenalizar el aborto, sabiendo que con ello contradicen las percepciones éticas de un grupo muy importante de individuos (y potencialmente las suyas) o prohibirlo sabiendo que con ello evitan perjudicar a estos pero limitan el derecho de las mujeres embarazadas a decidir entre si quieren seguir adelante con el proceso o no (y potencialmente su propia libertad de elección). El comportamiento racional que Rawls supone que seguimos explica que los individuos tenderán a minimizar sus posibilidades de encontrarse en una situación perjudicada. Así, aparecen dos factores que determinan la elección: cuál es la situación perjudicada y cuál es el riesgo de encontrarse en ella.

En lo que concierne al primer factor, hay que considerar ambas posiciones. La posición del pro-abortista tiende a defender el derecho de la madre a decidir por sí misma, es decir, no reclama un interés para sí mismo un beneficio propio, sino para otro. Desde la perspectiva de Rawls, la distribución de los derechos tras el velo no debe hacer con criterios de bondad (pensando en otros) puesto que esta no tiene sentido cuando desconocemos la posición que ocuparemos en la sociedad y debemos considerarlo de forma imparcial. Por ello, la posición del antiabortista no debe contar éticamente como persona perjudicada y solo debe hacerlo la de la madre o, mejor, la de los padres, que serían los perjudicados por verse obligados a tener al niño. Cabría también considerar la posición de oros perjudicados, como los familiares, pero estos solo de forma colateral y mínima. Por otro lado habrá que discernir quién es perjudicado por la despenalización del aborto. Por el momento, y con el fin de no reabrir un debate sin salida, no parece necesario considerar la posición del nasciturus y por lo tanto lo consideraremos como un factor despreciable en el análisis. Sin embargo, y es aquí donde reside el nudo de la cuestión, el problema residirá en todos los individuos que se oponen al aborto por considerarlo un ataque a la dignidad humana. En efecto, desde la perspectiva de un católico, el aborto es « inmoral » porque ataca a la dignidad humana y esta dignidad no es solo un derecho individual, sino algo que se ostenta en toda la humanidad de forma conjunta. Por ello, atacando la dignidad humana del nasciturus, se está también atacando a la dignidad de todos. Así, los que se verán perjudicados por la regulación positiva serán todos los que creen (que son muy numerosos) que el aborto es una práctica que degrada a la condición humana. Del mismo modo, se verán también afectados todos los que se oponen al aborto por razones de fe, los cuáles, se verán obligados a elegir entre obedecer a su fe y aceptar las leyes de su comunidad política. Esta situación es en la que en la práctica se encuentra una gran cantidad de cristianos que se ven forzados a elegir entre aceptar las leyes del Estado (y no hacer nada por evitar los abortos) y su fe (que les ordenaría socorrer al nasciturus o impedir su destrucción). Esta situación es el origen de una profunda la angustia, la angustia que es sufrida por todos los antiabortistas en los países donde el aborto es legal.

El segundo factor a evaluar es el de la posibilidad de encontrarse en esta situación, en otras palabras, el riesgo. Tras el velo, el individuo racional elegirá aquélla regulación que le suponga un menor riesgo de encontrarse en una situación inaceptable. Tendremos por un lado suponiendo que el aborto se encuentre despenalizado, la posición del antiabortista, que es, en primer lugar, una posición arbitraria desde el punto de vista ético dado que, al estar condicionado por las creencias individuales, no se elige y por tanto no depende del comportamiento ni de las elecciones hechas por el individuo. Además, esta posición es estadísticamente mucho más probable desde el punto de vista social ya que son un grupo muy numeroso que la de afectados por un embarazo no deseado. En un segundo término, imaginemos que el aborto está ilegalizado habrá que considerar la situación de los padres y los familiares. Nos damos cuenta, en primer lugar, de que el número de personas que se encuentran en una situación inaceptable es sensiblemente menor, luego la posibilidad de encontrarse en su situación es ya de por sí mas pequeña. Pero además, el individuo podrá darse cuenta de que esta posición es mucho menos arbitraria desde el punto de vista ético, es decir, tiene un mayor riesgo ético. En efecto, un buen número de los abortos que se producen tienen en su origen un embarazo no deseado y este, suele ser evitable y prevenible. Los métodos que existen hoy para la planificación familiar son especialmente efectivos y está en manos de todo individuo responsable hacer uso de ellos para prevenir el embarazo. Por ello, el individuo elegirá la postura que conlleva menos riesgo y que deja más sitio para su elección, es decir, la de la prohibición, que le permite estar satisfecho si le toca ser antiabortista y prevenir el embarazo sin tener que recurrir al aborto en el caso de ser acreedor de la regulación permisiva. Es mas díficil elegir ser o no antiabortista (puesto que hemos dicho que es algo que se basa en la creencia y no en la experiencia) que evitar un embarazo no deseado (puesto que los métodos de planificación familiar son especialmente efectivos), por ello, es razonable pensar que, tras el velo de la ignorancia, el individuo elegirá la prohibición y que ésta es la situación mas « politicamente justa ».

Pero es también cierto que el individuo, si bien elegirá la prohibición, también elegirá minimizar los efectos de la prohibición en las personas perjudicadas. Esto significaría adaptar mecanismos que permitan que el ataque a la libertad de autodeterminación individual de los padres sean mitigados al mínimo posible.

2. Los problemas y las críticas

Esta concepción puede tener algunos problemas En primer lugar, puede parecer sesgado que se considere la condición de antiabortista como mas arbitraria que la condición de embarazada. En efecto, parece parcial que el peso de los antiabortistas sea mayor que el de los pro-abortistas (que solo tienen a los directamente perjudicados en el platillo de la balanza que representa su opción) en el juicio. ¿acaso no deberían pesar ambas posturas por igual, dejando que sea la ley de la mayoría la que hable? En otras palabras ¿no podrían los pro-abortistas decir que ellos también consideran un atentado a la dignidad humana que no se reconozca el derecho a la madre a elegir? ¿Por qué tendrían los anti-abortistas derecho a ser considerados como perjudicados por la legalización y porque su posición se considera no negociable?. El problema es que adoptar esta postura es una actitud deshonesta, intransigente e irrespetuosa. En un Estado social que garantiza la libertad de creencias, el Estado no debería dar a elegir a sus ciudadanos entre aceptar la ley y ser coherentes con su fe. La libertad de creencias significa poder tener unas creencias y vivir conforme a ellas. Estas creencias son en el sentido orteguiano « la creencia que nos sostiene », que nos funda como seres humanos, distintas de nuestras opiniones que derivan de las primeras. Por tanto un Estado que respete la libertad de creencias, debe aceptar la fe de sus integrantes como un aspecto no negociable. Uno no elige ser cristiano, ni musulmán, del mismo modo que uno no elige ser diabético o disminuido mental. Exigir a un cristiano que acepte un argumento racional a favor del aborto es algo parecido a pedirle a un diabético que acepte el menú de los no diabéticos. El Estado no debería pedir, al menos respetando su libertad de creencias, que expliquen racionalmente su fe y esto supone aceptar el hecho de que ese individuo tiene unas determinadas creencias y hay determinados aspectos de éstas que no deben ser negociables.

Esto es algo que, al contrario, no ocurre con la perspectiva pro-abortista. Esta postura no suele estar directamente relacionada con las creencias del individuo. Los que somos pro-abortistas defendemos que no hay ningún motivo para restringir la libertad de la madre para decidir sobre su propia vida y por tanto no parece haber ninguna razón para oponerse. Pero esta posición no se sustenta en un deber moral o en unas convicciones religiosas, como en el caso de la gran mayoría de los antiabortistas, sino en una opinión, una deducción racional que, además, muchos admitimos como incompleta siendo incapaces de demostrar que no puedan existir aspectos que escapen a la racionalidad. Por eso, querer poner esta opinión al mismo nivel que las creencias religiosas que se posicionan en contra del aborto por razones de fe, es una actitud deshonesta o irrespetuosa. Irrespetuosa porque supone que no nos hemos molestado en averiguar cuáles son las poderosas razones que llevan a los antiabortistas a posicionarse en contra y deshonesta, porque si las hemos averiguado no es honesto pedir que se las trate de la misma forma que nuestras opiniones. Es posible que ellos estén equivocados, pero ante la imposibilidad de demostrarlo, se debe adoptar la más respetuosa de todas las posiciones.

En segundo lugar, este argumento puede parecer peligroso desde el punto de vista de la neutralidad del Estado. En efecto, un observador atento podría pensar que la adopción de este argumento para todas las cuestiones relacionadas con bioética pueden sacar al Estado de su tradicional neutralidad. Si los antiabortistas pueden obtener la prohibición del aborto, por qué no podrán los musulmanes obtener el derecho a maltratar a sus mujeres o a practicar la ablación del clítoris, basándose en el mismo argumento de la « no negociabilidad ». Este singular derecho a vetar determinadas propuestas podría llevar a los cristianos a oponerse a determinadas prácticas como la investigación con células madre, la utilización de embriones con fines terapéuticos, la despenalización del matrimonio homosexual, o la promoción de la educación sexual y de los métodos anticonceptivos. Es en realidad muy complicado responder a esta crítica en abstracto y cada una de ellas debería ser discutida en concreto. Sin embargo, cabe explicar que la puesta en juego de otro aspectos tales como la vida de personas humanas (en el uso de embriones con fines terapeúticos) o la libertad sexual (en el caso de la ablación del clítoris) llevaría al individuo a hacer un juicio distinto, además, estas conductas implican un menor riesgo ético. Una no puede prevenir ser mujer musulmana (y por tanto ser sujeta a la ablación del clítoris) mientras que si puede prevenir un embarazo, como tampoco puede prevenir tener una enfermedad terminal y desde luego, aún entonces, elegiría la conducta permisiva. Ocurre lo mismo con la cuestión del matrimonio homosexual, tras el velo de la ignorancia cabe pensar que el individuo elegirá racionalmente su legalización puesto que la condición de homosexual es una condición moralmente arbitraria, donde el riesgo ético es ínfimo y que, por otro lado, los cristianos no perciben con la misma gravedad que el asunto del aborto (es evidente que atentar contra la institución familiar no tiene punto de comparación con practicar el asesinato masivo que es para un católico la práctica del aborto). Lo mismo podría argumentarse en el caso de la educación sexual, el individuo tras el velo preferirá estar informado para después poder elegir. Podemos ver de esta forma que el riesgo de esta medida no es tan grande como parece y está sólo justificado por el caracter gravísimo que una parte de la sociedad ve en la interrupción voluntaria del embarazo, algo que no ocurre con otras prácticas menos graves y por ello, cabe pensar que el uso de este argumento no llevaría a abrir un derecho a veto indefinido de todas las religiones frente a todas las regulaciones posibles.

También podría llevar a considerar argumentos de « discriminación religiosa », es decir, si el Estado es aconfesional, es deseable que este no tome en cuenta este tipo de argumentos. Aceptar la religiosidad de sus ciudadanos sería una práctica discriminatoria y una vulneración del principio de separación iglesia-Estado. Esta perspectiva no es la adoptada por el Estado español que, en lugar de ignorar, reconoce las distintas entidades religiosas y protege del modo mas adecuado la libertad de creencias de cada uno de sus ciudadanos. Esto implica tomar criterios de representatividad y calcular en qué medida determinadas confesiones deben ser tomadas en cuenta. En el caso español, la situación es la de una sociedad dividida entre dos visiones de una forma trágica una de las cuáles lo afronta desde la opinión y otra desde la creencia, por tanto, la forma mas adecuada de resolver el problema es aceptando el criterio mas justo, es decir, aquél que es mas imparcial, en este caso, la prohibición.

Queda todavía estudiar cuáles deberían ser las reformas que deberían acometerse en la actual regulación del aborto en España de acuerdo con el argumento expuesto que será el objeto de un tercer y último artículo.