RSS| La atención a las personas con dependencia: Un nuevo derecho |
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 El 22 de junio se ha dado un paso adelante en la tramitación del Proyecto de “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” que reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las que solicitaban la devolución de la Ley al Gobierno, evitándose comenzar de nuevo un proyecto tan importante como el que se está debatiendo en las Cortes. Este proyecto de ley es fruto del acuerdo social con los representantes de los trabajadores y de los empresarios, también de las negociaciones con las principales asociaciones de personas con discapacidad. Y debe ser una Ley de consenso, se trata de un objetivo social de tal envergadura, es tan ambicioso socialmente, que precisa y necesita el concurso de todos.
Es necesario pensar en las personas que ya no pueden valerse por sí mismos y necesitan servicios a su disposición para ser atendidos y poder tener un mínimo de autonomía. La necesidad de garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad es el objeto fundamental de esta Ley. La atención a las personas en situación de dependencia es, además de una política para la igualdad, un acto de solidaridad y de justicia social, y reconoce y garantiza un nuevo derecho de ciudadanía. Estamos ante un nuevo derecho de ciudadanía, que hoy no existe en nuestro país; un nuevo derecho universal, “el derecho a ser atendido en situación de dependencia”. Por tanto, nadie quedará sin protección frente a la situación de dependencia. Un derecho subjetivo y perfecto, ya que, como dice el proyecto de ley, será exigible en vía judicial y en vía administrativa y además un derecho con anclaje constitucional, en los artículos 49 y 50 de nuestra Constitución. ¿Quiénes son los titulares del derecho? ¿Cómo se configurará el Sistema Nacional de Dependencia y las modalidades de prestaciones que se recogen en él? Los titulares de los derechos establecidos en este proyecto de ley son todos los españoles residentes en España. En este momento las personas en situación de gran dependencia son casi 200.000 en España, en situación de dependencia severa casi 400.000 y en situación de dependencia moderada otras 560.000, lo que hace un total de más de 1.100.000 personas; pero en el año 2015, cuando el sistema esté por completo implantado, las personas en situación de gran dependencia serán ya 250.000, con dependencia severa casi 500.000 y con dependencia moderada aproximadamente 700.000, es decir casi 1.400.000 personas. También los niños menores de tres años tendrán derecho a algunas prestaciones, el proyecto prevé que tengan derecho a recibir ayuda a domicilio o, en su caso, prestaciones económicas para su cuidado en el entorno familiar cuando estos niños presenten graves discapacidades. Y se contempla la previsión de reconocer medidas específicas dirigidas a las personas mayores dependientes españolas no residentes en España. En lo que se refiere a la configuración del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, hay que tener en cuenta que, aunque la asistencia social es competencia exclusiva de las comunidades, el Estado también tiene título competencial suficiente para intervenir legislativamente en esta materia, cuestión confirmada por el Consejo de Estado. De acuerdo con el artículo 149.1 de nuestra Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales. De ahí que el proyecto de Ley establezca las condiciones básicas y el contenido común de los derechos de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Ahora bien, dadas las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, este Proyecto también establece un régimen de colaboración y participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, régimen que se traslada igualmente a la financiación de las prestaciones del sistema. En esta exposición del Proyecto de Ley hay tres aspectos que merecen ser subrayados: 1. El primero es que este Proyecto, además de crear un nuevo derecho social y de ser una política de familia, es una Ley para la igualdad, porque tendrá un impacto positivo e intenso sobre cientos de miles de mujeres, puesto que el cuidado de las personas dependientes va a pasar a ser un derecho de prestación por parte de las administraciones públicas. Muchas mujeres que hasta ahora asumían la carga de atender a sus familiares dependientes -el 83 por ciento de los cuidadores familiares son mujeres- podrán ahora incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de igualdad o conciliar su vida personal, familiar y laboral, y aquellas otras que, por la razón que fuere, tengan dificultades para acceder al empleo, recibirán formación y la debida protección social cuidando a sus propios familiares o amigos. 2. El segundo aspecto es la inversión que acompañará a la Ley. Según las estimaciones, el coste total del sistema en el año 2015 será de casi 10.000 millones de euros, 9.355 millones de euros. Ello supondrá un esfuerzo financiero muy elevado; de 2007 a 2015, el periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema, la Administración General del Estado aportará casi 13.000 millones de euros y las comunidades autónomas una cantidad similar. Además, el Proyecto de Ley prevé la financiación por parte de los ciudadanos, aunque ésta nunca superará en media el 30 por ciento del coste del servicio, teniendo en cuenta que las personas que carezcan de recursos, la atención que necesiten será financiado íntegramente por el sistema. 3. Y el tercer aspecto es que la implantación de este Sistema Nacional de Atención a la Dependencia tendrá efectos beneficiosos sobre la actividad económica de nuestro país. Los estudios que acompañan la elaboración del libro blanco para poner en marcha esta Ley indican que podrán crearse alrededor de 300.000 empleos directos, a los que habría que sumar otros varios cientos de miles de carácter indirecto. Los economistas señalan que el producto interior bruto de nuestra economía será en el año 2010 un 1,56 por ciento superior que si no se hubiera implantado este Sistema de Atención a la Dependencia. Según todas las estimaciones, el retorno fiscal global, es decir, los ingresos que ello producirá al conjunto de las administraciones por impuestos generales, por cotizaciones, podrá llegar a cubrir entre un tercio y dos tercios de la inversión que haya de realizarse. Para concluir este resumen de lo que será una gran Ley, aconsejar seguir los debates parlamentarios por la importancia que tiene el resultado de estos en nuestro futuro, en la calidad de vida de un futuro más o menos próximo de todos nosotros.
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| Escrito por Carmen Sánchez Carazo | |
| martes, 22 de agosto de 2006 | |
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