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 Debo advertir que todo lo que
voy a escribir en los siguientes párrafos es una historia
triste, muy triste. La financiación de los partidos políticos
es uno de esos problemas que ninguna democracia ha logrado
solucionar. No hay ninguna ley de financiación que no tenga
inconvenientes; de hecho no creo que haya nada que funcione
remotamente bien. Empecemos pues hablando sobre qué podemos
encontrar ahí fuera.
Los partidos políticos
obtienen sus recursos básicamente de cuatro fuentes distintas:
donaciones privadas, cuotas de los militantes, subvenciones públicas
y corrupción pura y dura. Cada uno de estos factores tiene una
importancia variable según el sistema legal de cada país,
con niveles de importancia muy dispares.
De esta lista, las
cuotas de la militancia es de lejos el más irrelevante en la
actualidad; la mayoría de los partidos no llegan a cubrir ni
siquiera una cuarta parte de sus presupuestos gracias a ellas, y la
tendencia sigue siendo a la baja. Variaciones sobre este sistema,
como las contribuciones sindicales en los laboristas británicos,
también se han ido extinguiendo poco a poco. El declive de
esta fuente de financiación se debe en parte a una perdida de
militantes (general en todas las democracias), pero sobretodo a un
incremento de los costes de las campañas, y el acceso a otras
fuentes de ingresos. Su perdida, sin embargo, no debe exagerarse
demasiado; ni en la época gloriosa del partido de masas
(entreguerras) se dependió demasiado de ellas.
El
factor que tiene un mayor grado de variabilidad en las legislaciones
de financiación de partidos políticos es la existencia
o no de subvenciones públicas. Por un lado tenemos un grupo de
países en los que estas subvenciones son o nulas o
extremadamente limitadas (Estados Unidos, Reino Unido), por otro
tenemos otro bloque en los que los partidos obtienen la mayor parte
de sus recursos del estado (casi todo Europa continental).
Confiar
en la financiación privada tiene sus ventajas e
inconvenientes. Por un lado, aquellos que quieren "poner el
dinero donde están sus ideas" pueden hacerlo sin
problemas; si se quiere apoyar una determinada agente es posible
hacerlo públicamente y de forma transparente. El electorado
sabe, en teoría, quién ha ayudado a cada candidato, y
puede vigilar que su apoyo no sea compensado luego.
En la
práctica, sin embargo, la cosa no resulta tan sencilla. Para
empezar, el acceso al sistema político, al "mercado"
de ideas no es igualitario; aquellos personas (físicas o
jurídicas) con más recursos tienen más capacidad
de hacerse oir. Si gente de clase media o trabajadora quieren tener
la misma voz, el coste de organización para financiar un
candidato es mucho mayor y menos flexible. El segundo problema es que
la capacidad de control del electorado es relativamente limitada en
muchos casos.
En un sistema como el americano, con
múltiples candidatos recaudando dinero para múltiples
campañas, cada uno con cientos de donantes, la vigilancia de
los políticos no es una tarea sencilla. Si bien los datos son
fácilmente accesibles,
hacerse una idea clara sobre qué sucede no es tan sencillo
para el votante medio. Hay demasiados políticos, demasiados
cargos y demasiados donantes para que informarse sea sencillo, y la
legislación pasa por demasiadas manos para saber si esa
subvención a una petrolera es culpa de mi congresista, que ha
pedido a un colega "limpio" de donaciones que la proponga,
o no lo es. Castigar a un político que no hace lo que debe se
hace complicado debido a la opacidad del sistema; el problema añadido
es que el mismo sistema limita la capacidad de control.
Utilizaré
un ejemplo. Para empezar, si el presidente del comité de
defensa del congreso (Duncan Hunter, Republicano) ha recibido más
de $200.000 de la industria armamentística, y estoy
cabreado con él, tengo el pequeño problema que si no
vivo en California no puedo echarlo directamente. El tipo puede estar
haciendo la pelota a empresas de su distrito, consiguiéndoles
contratos a precio de oro ("apruébame esta compra de
misiles, anda"), y mi voto no puede hacer nada para echarle.
El
problema se hace más grave, sin embargo, cuando se echa una
ojeada a cómo fue la
campaña de reelección de Hunter. En el 2004 el tipo
se gastó más de un millón de dólares para
ganar con un 69% del voto. Su oponente, Brian Keliher, se gastó
$15.000. Dicho en pocas palabras, el dinero va sólamente a los
ganadores, no a los perdedores; la financiación llueve sobre
los que tienen poder. El apoyar al caballo ganador sucede con ambos
partidos; la publicidad cae casi siempre del lado del que tiene
un cargo. En el (remoto e inusual) caso que una elección
sea competitiva, el problema coge un cariz distinto, pero igualmente
deprimente. Los ingresos relativos de ambos candidatos se igualan
ligeramente (pasan a ser dos a uno, habitualmente), pero la lista de
donantes de ambos candidatos empieza a converger misteriosamente. Si
estoy tratando de evitar al candidato a sueldo de algún
nefando interés, es bastante seguro que ese nefando interés
acabe financiando a ambos.
El sistema funciona bastante mejor,
todo hay que decirlo, cuando el número de actores implicados
en pasar una política se reduce, o dicho en otras palabras, en
el Reino Unido. Aún con sus escándalos
ocasionales, los partidos británicos son perfectamente
conscientes que si hacen el tonto, son un blanco grande, luminoso y
perfectamente distinguible para el electorado. Si hay políticas
cuestionables que siguen una donación enorme, es ridículamente
fácil saber quién tiene la culpa de todo ello. Hay un
partido en el gobierno, tiene mayoría en el parlamento y está
mandando en solitario, así que la bronca le cae
inevitablemente a él. Como las donaciones son a partidos (que
son los que hacen las listas) y no a candidatos individuales (no
demasiado relevantes) castigar al corrupto es tan sencillo como votar
a la oposición y listos.
Como resultado, los partidos
británicos se cuidan muy mucho de no hacer el tarugo en
demasía, ya que la prensa puede cazarles con relativa
facilidad si son visiblemente corruptos. El problema, claro está,
es que las donaciones se siguen dando a la americana (a ambos
partidos por igual) demasiado a menudo, y que los favores, en
ocasiones, son fácilmente ocultables bajo un aire de política
respetable, hecha con cierto consenso entre partidos. Los costes de
información para el electorado, aunque más bajos,
siguen existiendo.
Mañana, con más calma, las
miserias de la financiación pública (mucho más
peligrosa de lo que parece), y cuando los partidos recurren a métodos
de legalidad cuestionable. Manténganse en antena.
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