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| La información insalubre VIII: Protección a través de la sociedad y autoridades competentes |
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 Si bien la actuación reflexiva del individuo es el mejor escudo frente a los mensajes tóxicos, el ser humano no es infalible y nunca podrá estar completamente a salvo de los mismos. Es por ello que cabe admitir una cierta justificación en el desarrollo de actuaciones de gran calado y amplitud que mitiguen el problema
2.1. Refuerzo legal Como se explicó en la entrega anterior, la implementación de una normativa que proteja de la información insalubre al ciudadano es ineficiente e ineficaz, según el caso. Actuar con precisión de cirujano acarrearía la adopción de prácticas totalitarias. La situación es compleja sobre todo por la escasez de buena voluntad política y de independencia judicial absoluta. El mayor peligro de la regulación administrativa está en abogar por unas normas férreas que vulneren la libertad de expresión. No tanto en la preocupación por el cumplimiento de unas cuantas reglas efectivas en la defensa del ciudadano. Quizás fuera conveniente penalizar con mayor rigor a aquellos medios que transmitieran noticias manifiestamente falsas, ya sea por negligencia o intencionalidad. El castigo impuesto hoy en día suele basarse en una rectificación que rara vez trasciende y en alguna que otra sanción económica fácil de asumir. Es obvio que la situación es incoherente. La incongruencia estriba en que los medios de información son empresas con una enorme ventaja sobre el resto pues, a pesar de que perjudiquen a terceros con engaños, apenas serán penalizadas. Así, si una empresa alimentaria produce una toxiinfección leve (o existe el riesgo de que la ocasione), puede recibir una sanción económica terrible; si una empresa juguetera fabrica un producto peligroso, también. En cambio, si un medio de comunicación promueve la condena de un inocente, la muerte de miles de personas o el engaño más atroz… ¡No le ocurre casi nada! Ello se debe a que estas sociedades no actúan como las demás sino que tienen una fuerte vinculación con los partidos políticos (estén en el poder o puedan llegar al mismo), una enorme capacidad manipuladora y la controvertida categoría de 4º poder. Estas razones les aportan un trato muy benévolo frente a las demás iniciativas privadas. Si una empresa contamina el medio, por lo general, paga (aunque no siempre). Por el contrario, si un “medio de intoxicación” contamina la mente, no paga. O paga muy poco. De este modo, las externalidades negativas de las empresas informativas jamás se intentan corregir aun estando entre las más sangrantes. Es decir, mientras que las de otras empresas se miden con vocación de objetividad, las de los mass media caen en el subjetivismo más absoluto. Por ejemplo, todos sabemos que no es lo mismo decir que a una manifestación ha asistido 1 millón, que 2 o que 300.000 personas. Pero aquí todo vale. Rara vez se habla de estimaciones y, con frecuencia, se afirman datos inventados (no ya difíciles de obtener, sino “sacados de la chistera”) con una rotundidad pasmosa. ¿Por qué si se demuestra que una cifra ha sido falseada o comunicada de manera tajante y sin contraste no puede aplicarse una sanción ejemplar aun existiendo una evidencia matemática irrefutable? Si se demuestra un engaño objetivo en la auditación de una empresa que cotiza en Bolsa, se puede imponer una multa elevadísima o incluso el cierre de la auditoría, pero no así a un medio de información. Y no sólo eso, ¿por qué cuando una serie de medios de comunicación derriban a todo un subsector económico, las medidas tienden a reajustar o eliminar el sector en vez de corregir la actividad fraudulenta y demagógica del medio? Es evidente que la solución más cómoda es la 1ª ya que así muchos políticos, empresarios y otros actores (pequeños en número pero poderosos en influencia) reciben el beneplácito del medio, le agradecen su protección, se aseguran un apoyo futuro, etc. Así pues, una solución pasaría por independizar el poder judicial de todos los demás -al menos en lo posible- e imponer sanciones eficaces. Sin ir más lejos, estableciendo multas cuyas cuantías estén muy relacionadas con los niveles de producción o incluso mediante ceses temporales de la actividad para casos de extrema gravedad. Dichas medidas pueden parecer radicales pero se está aplicando en numerosas empresas con absoluta normalidad. Por otra parte, los mass media financiados públicamente deberían ser tratados de un modo similar a los privados en la imposición de sanciones. Para evitar que una vez multados recibieran de nuevo el importe de la sanción “por debajo de manga”, se podría repartir la cuantía de la multa entre otros medios que no falsearan al respecto o, mejor aún, entre los perjudicados por la noticia fraudulenta o por otras pasadas si no quedaron bien indemnizados. Habría muchas alternativas a estudiar. A día de hoy, la gravedad de la situación no es nimia: los medios de comunicación tienen pocos incentivos para atenerse a la verdad y demasiados para deformarla a favor de intereses espurios o transcribirla de manera negligente. Algo similar ocurre con los incentivos sobre el reconocimiento público de errores. 2.2. Medios alternativos Si bien la iniciativa pública debería prestar una mayor atención al problema de la insalubridad informativa, la privada también podría desarrollar aportaciones interesantes. Un remiendo sería crear una publicación de amplio espectro informativo dedicada a denunciar las mentiras y errores perpetrados por los mass media. Su difusión no debería relegarse al ámbito académico sino al popular, lo que implicaría el uso de un lenguaje claro y asequible para la mayoría de los receptores. Ya han surgido algunos intentos desde Internet pero de bajo calado pues suelen pecar de sesgo, de falta de profesionalidad o de especialización excesiva. Con esta solución se propone la creación de un medio independiente que abogue por la pretensión de objetividad y de imparcialidad como principio esencial. Es innegable que lograrlo al 100% resulta utópico, no obstante es probable que mejorase la situación actual. Para ello sería necesario contratar a buenos profesionales, íntegros, sin intereses manifiestos y que recibieran sueldos elevados en un intento de dificultar su soborno. La denuncia debería basarse siempre en la evidencia y no atenerse a cuestiones en las que ésta apenas tuviera relevancia. Es lógico suponer que eso dejaría de lado numerosas cuestiones ideológicas pero no así aquéllas en las que los medios manipulan los datos, prostituyen las fuentes, etc. Además, si esta publicación incluyera el nombre del periodista que ha falseado la noticia, el de sus superiores y el del medio (agencias incluidas), estos pondrían más empeño en actuar con honestidad. Sobre todo si se elaborara algún tipo de lista en la que figuraran los mentirosos y/o negligentes a modo de “ranking de la vergüenza”. Esta iniciativa no estaría exenta de dificultades. Una de ellas tal vez fuera la venta –o regalo si se financia sólo con publicidad- de un número suficiente de ejemplares para ser rentable. En realidad opino que tal dificultad sería menor de lo que parece. Mucha gente no dudaría en adquirirla con el fin de localizar fallos en la argumentación del contrario, evitar manipulaciones o sólo por el morbo de conocer a los más mentirosos. Dicha financiación también podría llegar de fundaciones de distinta índole o de otros cauces. Es posible que cuando este medio empezara a actuar de un modo sesgado sus ventas caerían ya que su principal atractivo radica en aportar una visión lo más imparcial y objetiva posible. En tal caso, empezaría a dar al ciudadano “más de lo mismo” y no es tan seguro que triunfara. Una tarea más difícil de solventar sería capear los ataques proteccionistas del gremio periodístico (que rara vez se purga a sí mismo de manera enérgica) y de los actores políticos y empresariales que se vieran perjudicados al frustrarse sus manipulaciones y embelecos. Como colofón final a este apartado, el mensaje que se pretende transmitir es que la manera más eficaz de protegerse ante esta insalubridad informativa es la apuesta por el individuo. Las medidas de ámbito social públicas y/o privadas (existentes o posibles) serán un buen complemento si se aplican con destreza y sentido común. Sin embargo, la protección más importante ante la información nociva debe centrarse en cada sujeto. Somos nosotros los que debemos hacernos cargo de la situación y no obviarla como si fuera un mal menor o algo inevitable. Por consiguiente, la búsqueda de la verdad debería ser un ejercicio propio de cada uno y no sólo de unos pocos que nos “iluminen” el camino. En casi todos los casos se tratará de una meta inalcanzable pero es muy probable que merezca la pena el esfuerzo depositado en hacer las cosas bien. Aludiendo al personaje cinematográfico Martín H, parece claro que “hay que seguir intentándolo, aunque sólo sea por curiosidad”. http://carlosblog.blogia.com Carlos es un blogger que aporta una reflexión particular sobre temas de actualidad susceptibles de ser debatidos
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| Escrito por Carlos | |
| martes, 12 de septiembre de 2006 | |
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