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Una ciudadanía democrática radical

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¿Qué pasa, en esta perspectiva, con la idea de ciudadanía? Si entendemos la ciudadanía como la identidad política que se crea a través de la identificación con la república, se hace posible un nuevo concepto de ciudadano. En primer lugar, estamos tratando con un tipo de identidad política, una forma.

De identificación, ya no simplemente con un estatus legal. El ciudadano no es, como en el liberalismo, el receptor pasivo de derechos específicos y que goza de la protección de la ley. No se tata de que esos elementos no sean pertinentes, sino de que la definición del ciudadano cambia porque ahora el énfasis recae en la identificación con la república.

Es una identidad política común de personas que podrían comprometerse en muchas empresas diferentes de finalidad y que mantengan distintas concepciones del bien, pero que en la busca de sus satisfacciones y en la promoción de sus acciones aceptan el sometimiento a las reglas que prescribe la república. Lo que los mantiene unidos es su reconocimiento común de un conjunto de valores ético-políticos. En este caso, la ciudadanía no es sólo una identidad entre otras, como en el liberalismo, ni la identidad dominante que se impone a todas las otras, como en el republicanismo cívico.

Es un principio de articulación que afecta a las diferentes posiciones subjetivas del agente social (como mostraré cuando analice la distinción público/privado), aunque reconociendo una pluralidad de lealtades específicas y el respeto a la libertad individual. Sin embargo, puesto que hablamos de política, habrá formas competitivas de identificación vinculadas a diferentes interpretaciones de la republica.

En un régimen democrático liberal podemos pensar que la republica está constituida por los principios políticos de ese régimen: igualdad y libertad para todos. Si damos semejante contenido a la noción de república en Oakeshott, podemos afirmar que las condiciones a satisfacer y tomar en cuenta a la hora de actuar se reducen a la exigencia de tratar a los otros como personas libres e iguales.

Esto está sin duda abierto a interpretaciones potencialmente muy claras. Por ejemplo, una interpretación democrática radical enfatizará las múltiples relaciones sociales en que se dan y han de ser contestadas las relaciones de dominación si se quieren aplicar los principios de libertad e igualdad. Eso llevaría al reconocimiento, entre los diferentes grupos que luchan por la extensión y radicalización de la democracia, de que tienen un interés común y que al elegir sus acciones debieran adherirse a ciertas reglas de conducta; en otras palabras, debería construir una identidad política como ciudadanos democráticos radicales.

La creación de las identidades políticas como ciudadanos democráticos radicales depende, pues, de una forma colectiva de identificación entre las exigencias democráticas que se encuentra en una variedad de movimientos: de mujeres, de trabajadores, de negros, de gays, ecologistas, así como en otros «nuevos movimientos sociales». Es una concepción de ciudadanía que, a través de una identificación común con una interpretación democrática radical de los principios de libertad y de igualdad, apunta a la construcción de un «nosotros», una cadena de equivalencias entre sus demandas, a fin de articularlas a través del principio de equivalencias democráticas. Pues no es cuestión de establecer una mera alianza entre intereses dados, sino de modificar realmente la identidad misma de estas fuerzas. Esto es algo que muchos liberales pluralistas no entienden porque son ciegos a las relaciones de poder.

Están de acuerdo acerca de la necesidad de extender la esfera de los derechos a fin de incluir grupos excluidos hasta el momento, pero no ven en-esto nada más que un suave proceso de inclusión progresiva en la ciudadanía: lo típico, según dice T. H. Marshall en su famoso artículo «Citizenship and Social Class». El problema de este enfoque es que ignora los límites que impone la extensión del pluralismo debido a que algunos de los derechos existentes se han constituido en la auténtica exclusión o subordinación de los derechos de otras categorías. Para reconocer nuevos derechos es preciso primero construir esas identidades.

Para hacer posible la hegemonía de las fuerzas democráticas hace ni falta nuevas identidades, y aquí abogo por una identidad política común como ciudadanos democráticos radicales. Entiendo por esto una identificación colectiva con una interpretación democrática radical de los principios del régimen democrático liberal: libertad e igualdad. Semejante interpretación presupone que esos principios se entienden de manera tal que se tome en cuenta las diferentes relaciones sociales y las distintas posiciones subjetivas en que son pertinentes: género, clase, raza, etnicidad, orientación sexual, etc.

Sólo es posible formular adecuadamente un enfoque de esta naturaleza en el marco de una problemática que no conciba el agente social como sujeto unitario, sino como la articulación de un conjunto de posiciones objetivas, construidas en el seno de discursos específicos y siempre de manera precaria y temporal, suturada en la intersección de esas posiciones subjetivas.

Únicamente mediante una concepción no esencialista del sujeto que incorpore la visión psicoanalítica según la cual todas las identidades son formas de identificación, podemos plantear la cuestión relativa a la identidad política de una manera fructífera. También hace falta una perspectiva no esencialista relativa a las nociones de república, sociedad y comunidad política. Pues es decisivo no verlos como referentes empíricos, sino como superficies discursivas.

Cualquier otra cosa haría completamente incomprensible el tipo de política que aquí se postula. A esta altura, la concepción democrática radical de ciudadanía conecta con los debates actuales acerca de la «posmodernidad» y la crítica del racionalismo y el universalismo. La nueva ciudadanía que propongo rechaza la idea de una definición universalista abstracta de particularidad y de diferencia.

Considera que, aunque sin duda la idea moderna de ciudadano fue radical para la revolución democrática, hoy en día es un obstáculo para su extensión. Como han argumentado las pensadoras teóricas feministas, el dominio público de la ciudadanía moderna se basé en la negación de la participación de las mujeres.1[16]

Esta exclusión se consideraba indispensable para postular la generalidad y la universalidad de la esfera pública. La distinción público/privado, fundamental en la afirmación de la libertad individual, también condujo a la identificación de lo privado con lo doméstico y desempeñó un papel importante en la subordinación de las mujeres.

A la idea de que el ejercicio de ciudadanía consiste en adoptar un punto de vista universal, que se ha equiparado a la razón y se ha reservado a los hombres, opongo la idea de que consiste en identificarla con los principios ético-políticos de democracia moderna y que puede haber tantas formas de ciudadanía como interpretaciones de esos principios.

Desde este punto de vista, no se abandona la oposición público / privado, pero se la reformula. Otra vez Oakeshott puede ayudarnos a encontrar una alternativa a las limitaciones del liberalismo. Sociedad, según este autor, es una condición civil en que toda empresa es «privada», aunque nunca inmune desde el punto de vista de las condiciones «públicas» que se especifican en la república.

En una sociedad, «toda situación es un choque entre lo «privado” y lo “público”; entre, por un lado, una acción o un enunciado que tiende a lograr una satisfacción sustancial imaginada y, por otro lado, las condiciones de civilidad que se han de satisfacer en su realización, y ninguna situación puede ser lo uno con exclusión de lo otro».2[17] Los deseos, las elecciones y las decisiones son privadas porque son responsabilidad de cada individuo, pero las realizaciones son públicas porque son indispensables para satisfacer las condiciones que se especifica en la republica. Dado que las reglas de la republica no imponen, prohíben ni garantizan acciones o enunciados

Sustanciales ni dicen a los agentes qué es lo que tienen que hacer, este modo de asociación respeta la libertad individual. Pero la pertenencia del individuo a la comunidad y la identificación política con sus principios ético-políticos se manifiestan en su aceptación de la preocupación común que se expresa en la republica. Proporciona la «gramática» de la conducta del ciudadano.

En el caso del ciudadano democrático radical, semejante enfoque nos permite visualizar cómo una preocupación por la igualdad y la libertad deberán informar sus acciones en todas las áreas de la vida social. Desde este punto de vista no hay ninguna esfera inmune, y las relaciones de dominación pueden verse retadas en todas partes. Sin embargo, no nos referimos ahora a una comunidad con finalidad que afirme una única meta para todos sus miembros, de modo que la libertad del individuo queda a salvo.

La distinción entre lo privado (libertad individual) y lo público (republica) se mantiene, lo mismo que la distinción entre el individuo y el ciudadano, pero corresponden a esferas discretas separadas. No podemos decir: aquí terminan mis deberes como ciudadano y comienza mi libertad como individuo. Esas dos identidades existen en una tensión permanente e imposible de reconciliar jamás. Pero es precisamente ésta la tensión entre libertad e igualdad que caracteriza a la democracia moderna. Es la vida misma de ese régimen.

Cualquier intento de producir una armonía perfecta, de realizar una democracia «verdadera», sólo puede conducir a su destrucción. Esta es la razón por la cual un proyecto de democracia radical y plural reconoce la imposibilidad de la realización completa de la democracia y la consecución final de la comunidad política. Su objetivo es utilizar los recursos simbólicos de la tradición democrática liberal para luchar por la profundización de la revolución democrática, a sabiendas de que es un proceso interminable. Mi tesis es que el ideal de ciudadanía podría contribuir enormemente a la extensión de los principios de libertad e igualdad.

Combinando el ideal de derechos y pluralismo y las ideas de inspiración pública y preocupación ético-política, una nueva concepción democrática de ciudadanía podría restaurar la dignidad a lo político y proporcionar el vehículo de la construcción de una hegemonía democrática radical.