Políticas relativas a las nuevas tecnologías de la información (TIC)
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Debo empezar explicando el título. Hablo de TIC como tecnologías de la información porque engloba los dos conceptos que puede contener la C –comunicación y conocimiento–. Las adjetivo como nuevas, y esto ya es un poco más controvertido, porque no podemos decir en propiedad que sean nuevas, es más, son fruto de un proceso que hace más de treinta años que empezó pero del que nadie tiene demasiado claro cuál es su destino. Dicho de otra forma, tenemos un mundo de grandes posibilidades tecnológicas pero no sabemos qué hacer con ellas.
Cuando hablamos de las TIC siempre acabamos hablando de I+D+i mezclado con conceptos de competitividad nacional –es curioso que siempre acabamos haciendo nacionalismo de un modo u otro, pero esto mejor que lo dejemos para otro artículo–, que seguramente tiene algún sentido, pero a mí me pierde y a menudo me pregunto si realmente tiene algún significado.
Toda esta maraña que se esconde alrededor de estos discursos sobre competitividad y propiedad –abstracta, naturalmente– de una tecnología esconde problemas no tan filosóficos pero, a mi entender, igual de importantes como las exclusiones, sean físicas o mentales, de los medios que permiten estas tecnologías y, sobre todo, la durabilidad tecnológica de los procesos que la engloban.
Internet –que no es sinónimo de las TIC, aunque a menudo se confundan los términos, pero sí que es el medio que permite que florezcan con un descontrol aparente– es un medio nuevo, en el que se desarrollan negocios viejos. La desubicación de algunas viejas ideas y medios ha generado reacciones sobredimensionadas en la insistencia por mantener el control de los contenidos por parte de empresas, gestores de derechos de autor y –tampoco podemos negarlo– administraciones.
Debería ser obligación de las administraciones en ejercicio de la parte que les corresponde como garantes de la igualdad entre ciudadanos velar por la accesibilidad de las TIC a todos sus ciudadanos, y lo digo sin entrar en discusiones sobre límites territoriales ni sobre pasaporte necesario para considerar a alguien ciudadano, pero todos aceptamos más o menos que una de las funciones de una administración es facilitar la igualdad entre sus administrados.
Pero el acceso físico a estas tecnologías, incluso a tecnologías menos nuevas como el teléfono o la televisión, no está garantizado a todos los ciudadanos, y no hablo del tercer mundo, sino de la Europa del estado del bienestar donde el mundo rural no tiene bien resuelto este acceso si no es con un sobrecoste importante, con consecuencias de desequilibrio territorial y finalmente de despoblación.
Visto desde un punto de vista puramente tecnológico no tiene sentido no plantearse canales de transmisión que soporten los servicios viejos y los nuevos a la vez, en lugar de duplicar esfuerzos para implantar tecnologías obsoletas, pero las legislaciones no dan demasiadas facilidades para solventar este problema y no parece que los tiempos estén maduros para que alguna administración cree una empresa, o varias, en solitario o asociada con empresas privadas, para garantizar que estos servicios funcionen de verdad.
Aparte del problema puramente económico de este tipo de infraestructuras tenemos un debate asociado a la conservación del territorio (del mío, un poco menos del vecino y casi nada del que queda lejos) que no facilita que algunos servicios importantes sean fáciles de implantar, y este debate no es precisamente un debate sereno. Al lado de esto también hay otro debate a plantear, que no es nimio, sobre si podría ir en detrimento de otras políticas sociales.
Por otro lado tenemos el problema de la alfabetización tecnológica y su parte en la famosa brecha digital –famosa por citada y por poco afrontada– que tiene, por un lado, un componente importante de brecha generacional, que por ley de vida a medio plazo desaparecerá por desaparición física del lado no integrado de la brecha, pero también hay otra brecha más profunda, mucho más sutil, que es la incomprensión de algunos conceptos tecnológicos por una gran parte de la población, los cuales no son necesarios para el uso de estas tecnologías pero tienen el problema y el grave riesgo de poder hacer de estas tecnologías una servidumbre a ciertas empresas privadas monopolísticas. Este problema es la forma como se trata esta información y el sentido de almacenarla usando los estándares propuestos internacionalmente y libres de especificaciones propiedad de alguna empresa.
Si centramos el problema en nuestras relaciones con las administraciones para nuestras gestiones burocráticas –a las que las TIC podrían dar facilidades en tiempo y tranquilidad–, nos encontramos que a menudo estas relaciones están constreñidas a la compra –o la adquisición ilegal– de software o licencias de una determinada compañía (generalmente Microsoft).
Si las administraciones facilitasen la accesibilidad a estas gestiones mediante procesos que cumpliesen los estándares que existen de tratamiento de la información, facilitarían a los administrados el uso de la plataforma que prefiriesen y el acceso a las TIC de personas con dificultades de movilidad o sensitivas.
Y no es un problema de software libre, es un problema de estándares en sí. Si queremos socializar el conocimiento y también asegurar la durabilidad del acceso a la información –que no está limitada sólo por la vida del medio físico–, es preciso conservarla en formatos no sujetos a servidumbres de terceros como el cambio de los sistemas operativos y ofimáticos. Aún estamos a tiempo de evitar esta perversión, pero hay muchos intereses económicos en contra de esto.
Evidentemente la informatización de los datos tiene problemas de seguridad y de pérdida de privacidad, sobre todo si, en nombre de la seguridad y la lucha contra delitos que lo son y otros que no lo son tanto, empezamos a almacenar las consultas y las actividades que hacemos en Internet.
El reto está a la vista, la duda está en si estamos dispuestos a afrontarlo.
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