La corrupción urbanística está de actualidad – a lo peor “rabiosa” – porque los partidos políticos se han dado cuenta de que en precampaña electoral sale rentable tirarle el ladrillo a la cabeza al adversario. Hasta el momento la estrategia adoptada por los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, había sido la conocida táctica del socorrido “y tú más”, a través de la cual ambos partidos se lanzaban como proyectiles electorales los casos de corrupción urbanística que los salpicaba a ambos.
El método del “y tú más” tiene un problema grave de funcionamiento que agota rápidamente su rentabilidad como estrategia política y electoral, puesto que al utilizarla no sólo no se desmienten los casos propios sino que, admitiéndolos, se achacan al adversario los suyos con ánimo de descalificarlos moralmente, de tal manera que a corto y medio plazo todos quedan imputados por los mismos delitos. Finalmente, en el PSOE se han dado cuenta del agotamiento del “y tú más” y de los derroteros que se siguen de su uso y abuso, por lo que ha decidido cambiar de táctica y, asumiendo que en determinados cargos políticos vinculados a este partido se han dado casos de corrupción urbanística han procedido a tomar medidas orgánicas previas a las judiciales y han propuesto al PP un pacto de Estado contra la corrupción urbanística.
Estando en la oposición al PP le produce sarpullido que le hablen de pactos de Estado, máxime si ese pacto se ha de firmar con el PSOE en el Gobierno y en las vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales. Consecuentemente el PP ha dicho a los “pactistas” del PSOE que la respuesta de la democracia representativa liberal a los problemas derivados de la corrupción urbanística se sustancia en el Poder Judicial y se sustenta en el Estado de Derecho, por lo que en nada conviene que el Poder Legislativo y el Ejecutivo entren en materia. Aunque parezca mentira, la separación de poderes que planteó Montesquieu no es tal en términos de independencia puesto que en el actual sistema político todos los Poderes del Estado están interrelacionados en una amplia y compleja red de interdependencias mútuas; así las cosas resulta poco razonable suponer que en los casos de corrupción urbanística, que afectan en todo caso a cargos políticos (alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones, etc…) sólo esté legitimado para actuar el Poder Judicial y no el Legislativo, y ya no hablemos del Ejecutivo, que también es Legislativo en nuestro sistema. Evidentemente la propuesta de un pacto de Estado en esta materia obedece a una estrategia política y la negativa a firmarlo también, pero lo que es indiscutible es la invalidez de la metodología del “y tú más”, que no establece medidas para solucionar el problema que denuncia y que las medidas orgánicas que dice va a adoptar el PSOE sí que plantean una posible solución al problema, además de la acción del sistema judicial, puesto que ataca bajo la línea de flotación a los cargos políticos que son en definitiva quienes están imputados en los casos de corrupción urbanística.
Como ya es tradición en nuestro país, España, es finalmente la izquierda quien ha tenido que poner cordura y establecer una vía a la solución de los problemas planteados que pasa por la búsqueda del consenso, por el pacto y por el diálogo; y, como también es tradicional en nuestra democracia, la derecha ha rehuido el consenso, el pacto y el diálogo sistemáticamente. Hay cosas que no cambian nunca.
Don Enric, estaba leyendo el texto de su artículo, y no estaba mal, hasta podría decir que a grandes rasgos estaba de acuerdo con Vd. Pena del último párrafo, concretamente de la primera frase ("como ya es tradición......"), porque en mi opiniòn ahí le ha podido el forofismo.
Un saludo, y encantado de encontrarle por aquí. Otra cosa: hágame caso y ponga una sonrisa en la foto, que queda muy serio.
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