Lecturas 1333

Cierto es que quienes atacan al Estado no se plantean que el modelo que ofrecen a cambio tiene graves carencias y, lo que es más grave, agrava errores y permite conductas no muy solidarias con el bienestar social.

Donde el Estado peca de ineficiente, el mercado lo hace de cruel. Donde la burocracia puede ser tachada de lenta, la empresa privada lo hace de falta de escrúpulos. Donde la iniciativa pública es poco precisa, la empresa permite monopolios, información privilegiada y desigualdad de oportunidades.

Para cualquier persona moderada, que no caiga en el fundamentalismo ideológico, el equilibrio entre ambos modelos es la virtud que ensalzaban los griegos.

Pero no vamos a caer en los mismos pecados que los partidarios del mercado. No vamos a justificar los errores y problemas de nuestro modelo con los suyos, ni vamos a pasar sobre ellos de puntillas.

Tenemos que encontrar formas de superar esos escollos, que los hay, que impiden que el sector público sea visto como lo que es, un benefactor social que permite la igualdad, el libre acceso a instituciones vitales, que protege al desvalido, y castiga al que incumple la ley.

Y para ello tenemos que plantearnos cómo conseguir agilizar la burocracia de los organismos públicos. Qué clase de medidas deben tomarse, a todos los niveles, estatal, de comunidades y ayuntamientos para garantizar que el dinero del ciudadano es empleado de la mejor forma posible, y que se eliminan los vicios que lastran la imagen y la eficiencia del sector público.

Yo distinguiría tres tipos de iniciativas.

Las primeras, encargadas de agilizar todos los procesos, eliminando pasos innecesarios y acercando más la gestión diaria a los ciudadanos.Es imperativo si queremos competir con otros países que aumentemos la capacidad de gestión, la velocidad y la eficacia del modelo público.  Todo ello sin olvidar, como hemos dicho, la labor social que cumplen, y que en muchos casos atiende necesidades que nunca serán rentables, pero no por ello deben dejar de acometerse.Toda una serie de medidas en este sentido son necesarias. Reorganizar los sistemas de atención al ciudadano, agilizándolos, establecer controles de calidad, de gestión y de satisfacción, acometer reformas en el modelo de adjudicación de concursos públicos, haciéndolos más transparentes y accesibles sin que baje la calidad del resultado.En resumen, intentar que todo el proceso carezca de redundancias ineficientes, y que aumente en calidad, rapidez y, sobre todo, en la satisfacción que proporciona a los ciudadanos y empresas.El segundo tipo de medidas tiene que ver con la primera, por cuanto incide sobre la eficiencia de las personas que trabajan para la administración. Establecer controles sobre el trabajo, incentivar la productividad, y castigar, de ser necesario con el despido, aquellas conductas que no cumplan con la labor para la que han sido asignadas.España, y Europa, no pueden permitirse por más tiempo tener una clase trabajadora que representan un porcentaje tan alto del total, y que en muchos casos pecan de lo que tanto nos achacan, de ineficiencia.Si queremos acallar las críticas, y no sólo por eso, sino para cumplir el cometido público, tenemos que establecer sistemas de remuneración por incentivos que hagan depender parte del salario de los trabajadores público y funcionarios  de que hagan bien su trabajo.Algo tan simple como eso terminará con todas las críticas que se vierten sobre el Estado (como representante de lo público) y lo más importante, impulsará la productividad y el crecimiento económico achacable al Estado.Ya nunca volverá a dudarse del papel que funcionarios y empleados públicos tienen en la creación de riqueza.La tercera medida, y quizás la más importante a largo plazo, sería la adaptación de las administraciones públicas, de todas, a las nuevas tecnologías.Implantar la factura electrónica, el teletrabajo (con las medidas de control de productividad necesarias), volcar la administración y sus gestiones en Internet, etc. contribuirán a agilizar el proceso de atención al ciudadano, la creación e implantación de empresas, la innovación y el desarrollo económico y social.La implantación de la firma digital y de la oficina in papeles está sufriendo un terrible retraso, pues la empresa privada parece incapaz de llevar las transformaciones necesarias adelante.Debe ser el Estado quien, mediante el ejemplo y mediante los efectos en sus proveedores y “clientes, el que marque el camino de una reforma necesaria. Tanto desde el punto de vista de la eficiencia, de la economía y de la ecología.

En resumen.

¿Significan estas propuestas una reducción del papel del Estado como garante de la igualdad y como servidor público? Más bien al contrario.  Estas medidas no sólo reforzarían la imagen deteriorada del sector público, sino que permitirían impulsar el número de servicios y productos que ofrece a los ciudadanos, llevando más allá su política social, liberando recursos que podrían ser empleados en tareas mucho más gratas y útiles para todos.

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