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 La gestión de los
parques naturales españoles suscita serias dudas desde que la
comunidades autónomas se han hecho cargo de su gestión.
Para que dicha gestión
sea efectiva el Estado, garante último del buen estado de los
mismos, debe establecer mecanismos de control, que eviten los
problemas que se están repitiendo estos días.
Un ejemplo, la premura
con la que se ha tramitado en la Comunidad de Madrid todo lo
relacionado con el Parque Natural del Guadarrama.
Entregar el control
exclusivo de la gestión de algunos parques a organismos
autonómicos, en un proceso de descentralización mal
entendido, sin establecer los mecanismos de control y actuación
ya mencionados, es entregar al lobo las llaves del gallinero.
El Estado, desde su
“lejanía”, puede perfectamente ser capaz de gestionar los
parques naturales, mediante una plantilla de expertos y la
colaboración del Seprona, como se ha venido haciendo hasta
ahora.
Su lejanía de
grupos de presión, como empresas urbanísticas, le
permite una objetividad, y una cierta distancia de lobies y de
presiones, con lo que se garantiza la conservación de dichos
espacios, sin perder eficacia no dejar de alcanzar los objetivos de
conservación marcados.
Sin embargo, las
Comunidades autónomas (y por ende los ayuntamientos) son
extremadamente vulnerables a casos de corrupción urbanística
o presión para recalificar terrenos, o hacer la vista gorda
ante tropelías varias.
El Ministerio de Medio
Ambiente dirigido por la Sra. Ministra, Cristina Narbona, es, a
juicio de muchos ecologistas, el primero, repito, el primero que está
haciendo las cosas medianamente bien. Quizás no haya hecho, o
no haya podido hacer lo suficiente, pero desde luego, va en la
dirección correcta y ganando velocidad.
Si queremos que este
ministerio siga manteniendo un porcentaje relativamente aceptable de
éxitos, debe establecer mecanismos que le permitan controlar
la gestión autonómica de los parques bajo su gestión,
mediante un cuerpo de inspectores y utilizando para ello las
tecnologías de la información que permiten mantener
actualizada en el momento la situación real de los espacios
protegidos.
Así mismo, es
importante dotar al Seprona, el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil, de mecanismos para agudizar ese
control, y agilizar las gestiones de denuncias e investigaciones para
evitar retrasos y conseguir una actuación administrativa y de
justicia (e incluso legislativa) rápida, eficaz y que vele por
la protección del medio.
Por último,
comentar que dejar en manos de las comunidades autónomas los
parques naturales, sin garantías de vigilancia del Estado, y
por lo tanto expuestos a la presión empresarial, es el primer
paso para su futura privatización, mediante una política
de hechos consumados que reduzca su importancia y el peso de la
administración en su gestión.
Si, como desean desde los
púlpitos de la derecha y liberales, se consiguen privatizar
los parques naturales y espacios protegidos, con la excusa de su
conservación, caeremos en el error más grande de toda
la historia de la lucha ecologista.
Entregaremos nuestros
tesoros naturales a quienes pueden obtener beneficios con su
destrucción.
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