| Prisión y drogas: doble condena |
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Aunque si analizamos los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe anual de Salud, o los informes que bianualmente realiza el Observatorio europeo de las drogas y toxicomanías (OEDT) las drogas que más estragos causan a la salud y a la esperanza de vida de la población mundial son el tabaco y el alcohol, muy por delante de las denominadas drogas ilegales. Según la OMS en el 2002 las causas de morbi-mortalidad en el mundo eran el tabaco en un 12%, seguido por la hipertensión arterial en un 10%, el alcohol en un 9% y muy por detrás las drogas ilícitas en un 1.7%.
La fiscalización y la penalización de las sustancias denominadas como drogas ilícitas han provocado a lo largo de los últimos treinta años un efecto adverso y, se supone, inesperado para los estados y administraciones. La muerte social de sus usuarios, consumidores y adictos. La vía prohibicionista y penal fue la llave de entrada de los consumidores en la ilegalidad con sus consecuencias. La consecuencia más visible y en cierto sentido más terminal fue, es, y sin un cambio normativo en la legislación sobre las sustancias lo seguirá siendo, la prisión. La prisión es la culminación del aparato estatal de legislación y penalización.
La experiencia de estos últimos treinta años debe servir para plantear la cuestión de la utilización de sustancias legisladas como drogas ilegales como problema exclusivo de la salud, tanto personal como comunitaria de una sociedad y no como un problema al cual se le responde por vía legislativa. Con la aparición en los ochenta del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se iniciaron (tarde en España y en los países mediterráneos) políticas de asistencia socio-sanitaria. En los países del norte de Europa se logró que la enfermedad no tuviera tanta incidencia entre los consumidores de drogas por vía parenteral. En el sur de Europa, el miedo a las políticas preventivas basadas en los consumos higiénicos y en la educación para un sexo seguro (sobre todo en las escuelas y los colectivos más vulnerables) han significado una incidencia de la enfermedad dramática en comparación con los países anteriores. Sus consecuencias, muerte, enfermedad, marginación.
Las prisiones en estos últimos treinta años han estado pobladas por personas que han cometido delitos relacionados con las drogas ilegales. Unos por su tráfico, la mayoría pequeños tráficos para autofinanciarse el consumo, delitos a la propiedad relacionados con la autofinanciación de las sustancias, o personas presas que en el contexto carcelario han conocido y se han hecho adictas a las drogas ilegales. No todos los presos son adictos a las drogas, ni todos los que están penados por ellas, pero con otra legislación sobre estas sustancias, es demostrable e imaginable que hubiese significado una importantísima reducción de la población penitenciaria española.
Ciertamente, los estudios sobre reincidencia realizados en España por Redondo, Funes, Luque, en 1993, y en Cataluña las investigaciones realizadas por Roca y Caixal en el 2002 confirman que la reincidencia, el fracaso sobre la rehabilitación y reinserción de las personas penadas y drogodependientes es elevadísima y en muchos casos exclusiva de este colectivo.
La prisión para el drogodependiente preso no sirve para su reinserción. Provocan en muchos casos su muerte social y personal. Desde la experiencia de estos últimos treinta años quizá ha llegado el momento de plantear nuevas estrategias y planteamientos sobre las drogas ilegales y sus consumidores, para evitar esta elevada morbi-mortalidad social de los consumidores y adictos a las drogas ilegales
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| Escrito por David Fornons | |
| lunes, 27 de noviembre de 2006 | |
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Las
drogas ilegales, principalmente la heroína, han provocado la
muerte de 20.000-25.000 personas en los últimos treinta años.
300.000 personas han sido tratadas por dependencia a la heroína.
100.000 personas han adquirido el HIV mediante la inyección de
drogas y muchísimos más de hepatitis. Estos datos
escalofriantes del Centro nacional de Epistemiología del
instituto de salud Carlos III reflejan principalmente la mortalidad y
morbilidad física, pero también hay que incluir
la mortalidad y morbilidad social y personal que las drogas
ilegales han producido en España.






