Lecturas 2210

Muchos ciudadanos ejercieron hace unos dias su legítimo derecho a manifestarse en las calles de Madrid. Es probable que el descontento de estos por cómo está gestionando el Gobierno el “proceso de paz”, así como la solidaridad con las víctimas de los atentados cometidos por los etarras en el pasado, fueran las principales razones que impulsaron a salir a la mayoría de los manifestantes. Con el lema “Rendición, en mi nombre, no”, los asistentes completaron el recorrido oficial sin mayor percance.

La memoria de las víctimas, en teoría, y la inviabilidad de un proceso de negociación (aún no comenzado) deberían haber sido las únicas motivaciones para participar en esta marcha, y habría que intentar creer que así lo fueron, a pesar de la presencia de la cúpula del PP (Aznar incluido) y de la íntegra retransmisión en directo por la Telemadrid de Esperanza Aguirre y la COPE de Jiménez Losantos. Cuesta trabajo asimilarlo pero, si depuráramos espurios intereses económicos y políticos que, adheridos como lapas a las rocas, marchaban tras los manifestantes, nos quedaría una dignísima marcha de gente afectada y sensibilizada con el terrorismo, y opuesta al camino anunciado (que no emprendido aún) por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero –depurados ya los espurios intereses y reconocido el merecidísimo derecho a víctimas y afectados a salir a la calle a decir lo que les dé la gana- cabría recordar que no fue esta la única reunión de apoyo a las víctimas de atentados terroristas. Menos medios de comunicación se hicieron eco de este hecho, pero, en el día de ayer, tuvo lugar en Córdoba el segundo día de las sextas Jornadas de Paz y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Para esta ocasión, más de 250 afectados directos del terrorismo se congregaron en un ciclo de conferencias y mesas redondas, con especialistas en psicología y distintos ámbitos jurídicos, campos considerados imprescindibles para mejorar la vida de las víctimas (principal fin de este tipo de agrupaciones).

Resultó emocionante entrevistar a personajes como Gorka Landaburu, Roberto Manrique o Joaquín Vidal, dirigentes de distintas asociaciones que tienen como objetivo ayudar a que las vidas de los afectados por el terrorismo sean más llevaderas. Estos consideraban un éxito la enorme afluencia de personas al evento, las disculpas públicas pronunciadas por Ibarretxe y el apoyo de políticos y ciudadanos a esta generosa iniciativa. Los organizadores derrochaban humildad, optimismo y valentía, en una tarea que, para algunos, se remonta a varias décadas atrás.

La función de las asociaciones de víctimas debería seguir el ejemplo de Córdoba. Grupos de ayuda para superar el indescriptible trauma de haber sufrido un atentado. Agrupaciones que, coordinadas, persiguen un bien común: mejorar la vida de aquellos a quienes se les arrebató lo más preciado. Quizá por eso, muchos miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) –que había convocado la manifestación en Madrid- prefirieron estar en la futura ciudad europea de la cultura y no en la capital de España. Dos lugares distintos, dos formas de hacer las cosas, dos visiones sobre cómo solucionar un problema.

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