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| Sobre la nueva Ley de la Vivienda catalana |
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 Apenas unos días después de tomar posesión, el nuevo Govern d'Entesa ha
retomado una de las leyes más esperanzadoras de la anterior
legislatura, como es la Ley de la Vivienda, que acaba de ser aprobada.
Entre las medidas más polémicas que consagra esta nueva ley, está la obligatoriedad de poner en alquiler tutelado por la Generalitat y por un mínimo de 6 años, las viviendas que lleven desocupadas más de dos, con lo que se pretende reducir el número de viviendas vacías (obvio) en una sociedad en la que entre el 20% y el 25% de sus ciudadanos (según cálculos del relator de la ONU para asuntos de vivienda) no tiene acceso a ella (concretamente, los mileurizados que no pueden acceder a una VPO por ganar "demasiado", y no es una broma, pero tampoco pueden acceder a una vivienda de renta libre porque su poder adquisitivo no se lo permite), y aumentar a la vez el parque de viviendas de alquiler, que hoy en día no llega al 2% del mercado. La situación del mercado de alquiler en el área metropolitana de Barcelona es sangrante: además de escaso, está controlado por asociaciones que tienen un cierto cariz "mafioso", autodenominadas "asociaciones de propietarios". Hagan la prueba: cojan el Segonamà un día cualquiera, y llamen a 10 números diferentes de propietarios que ponen su piso en alquiler, al azar: todos, absolutamente todos, serán "oficinas de propietarios" que pretenderán cobrarle 200€ por un listado de pisos de alquiler que después, o no coinciden con las características anunciadas, o ya están alquilados, o "aquí no se alquila ningún piso, lo siento". Vamos, un timo como cualquier otro. Mientras tanto, entre el 10% y el 15% de los pisos en Barcelona están desocupados, cuando no directamente abandonados, pero la ciudad condal no deja de perder vecinos, ante la imposibilidad de muchos jóvenes de encontrar una vivienda a un precio accesible en el área metropolitana, teniendo que trasladarse hacia la segunda y tercera corona de la ciudad. Sería ingenuo pretender que esta medida (entra otras destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a tantos ciudadanos expulsados del mercado inmobiliario) va a terminar por sí sola con la especulación inmobiliaria, con los pisos vacíos cuya única función es "esperar a que los precios suban un poco más" sin que el coste de oportunidad sea un aliciente para poner ese inmueble en el mercado, ya que el coste de oportunidad en el mercado inmobiliario es, hoy por hoy, nulo. Evidentemente, a los promotores no les ha hecho ninguna gracia la medida, y ya han empezado a protestar por el intervencionismo que practica la administración catalana. Creo que ese es precisamente el papel de la administración: garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, y da la casualidad de que el derecho a una vivienda digna es un derecho consagrado en la Constitución. Si el mercado no vela por los ciudadanos, el Estado tendrá que hacerlo. Creo que esta no es una medida encaminada a poner trabas a la iniciativa privada, precisamente, sino todo lo contrario: es una medida destinada a poner trabas a la ausencia de iniciativa privada, como es el tener un piso vacío y esperando tiempos mejores. Se calcula que el 37% de la compra de viviendas no tiene más finalidad que la inversora, cuando al mismo tiempo un 15% de los ciudadanos no puede acceder a su derecho constitucional de una vivienda digna. Quienes adquieren una vivienda como inversión, la mayor parte de las veces no las adquieren para habitarlas, sino para venderlas al cabo de un cierto tiempo a un precio muy superior. Con mucha frecuencia, quienes las compran hacen a continuación tres cuartos de lo mismo, con lo que entramos en una espiral especulativa. Son pisos que no están previstos como vivienda, sino como inversión de capital. Los derechos ciudadanos, y entre ellos el acceso a los bienes de primera necesidad como la vivienda, no admiten compases de espera a que lleguen tiempos mejores, y es responsabilidad de la administración tomar todas las medidas oportunas para ello. Es sólo un pequeño paso, el mercado de la vivienda es muy complejo y hay muchos intereses en ello, entre los que no es menor el interés de las familias en que su vivienda, por la que han pagado un precio exorbitante (y conocidamente inflado por encima de su valor real), siga teniendo un valor equivalente al que pagaron por él, o superior a poder ser. Es sólo un pequeño paso, pero en la buena dirección. Esperemos que, tras este, lleguen muchos más.
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| Escrito por Jessica Fillol | |
| jueves, 21 de diciembre de 2006 | |
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